Ante el empeoramiento de la situación epidemiológica en España y el consiguiente retorno de las restricciones a nivel autonómico en el marco del estado de alarma en España, así como la paupérrima temporada turística, ya se puede afirmar que se han cumplido las peores previsiones posibles para el sector hostelero.
El sector hostelero ha sido clave durante las últimas décadas para convertir a España en la mayor potencia turística mundial a través de sus más de 300 mil establecimientos por todo el país. Se trata de uno de los tractores de nuestra economía, que ya el año pasado representó el 6,2% del PIB, así como una facturación de 93.935 millones de euros.
Todo ello sin olvidar el gran patrimonio social y cultural que aportan los negocios gastronómicos por todo el país, en el que el producto agroalimentario característico de nuestro territorio, juega un papel fundamental.
La crisis sanitaria de estos últimos meses ha afectado muy negativamente, y sin preaviso, la tendencia positiva que reflejaba el sector en los últimos años. Según las últimas previsiones realizadas por las consultoras Bain & Company y Ernst & Young, 680.000 empleos directos están gravemente amenazados a causa de un descenso del 53,4% en la facturación, solamente de las empresas hosteleras en el primer semestre. El propio sector estima que esa cantidad asciende a un total de 1,1 millones de puestos de trabajo si se tienen en cuenta también los indirectos. Se trata de una caída sin precedentes.
Estas circunstancias, han creado una situación difícilmente soportable para un tejido empresarial formado mayoritariamente por pymes, provocando el cierre forzoso de miles de establecimientos en nuestro país. Conforme a los datos actuales, se calcula que hasta 100.000 establecimientos cerrarán, en caso de que no se aprueben medidas de apoyo específicas para el sector.
Pero la magnitud económica de estas circunstancias sólo se puede comprender si se toma en consideración a todos aquellos sectores a lo largo de la cadena de abastecimiento que mantienen una relación indisociable con la hostelería. Bares y restaurantes representan un alto porcentaje en la facturación de miles de empresas agroalimentarias en nuestro país que han visto comprometida su supervivencia durante estos meses por su alta dependencia de la hostelería. No cabe olvidar que miles de puestos de trabajo en estas empresas depende de la venta de productos en el canal HORECA.
Es fundamental incidir en que, a diferencia de lo que pasó con otros sectores en otras crisis económicas, la hostelería no se encuentra en esta situación de vulnerabilidad por una falta de viabilidad económica de su negocio o un sobrendeudamiento, sino por una crisis sanitaria cuyo origen le es completamente ajeno. Con o sin razón aparente, los establecimientos se están convirtiendo en el centro de las restricciones regulatorias, como solución inequívoca para contrarrestar la evolución de la pandemia en el país (a pesar de que los últimos informes de sanidad atribuyan menos del 3,3% de los contagios en los establecimientos hosteleros).
Sin embargo, a pesar de que bares y restaurantes en todo el país se enfrentan no sólo a limitaciones en sus servicios, sino que, en algunos casos, al cierre completo y temporal, el sector aún no cuenta con medidas de apoyo expresas que les ayude a asegurar la continuidad de sus negocios. Lejos de contar con dichas medidas de apoyo específicas, el sector debe seguir prestando sus servicios bajo las mismas condiciones fiscales que otros sectores y hacer frente a la mayoría de los pagos ordinarios tal y como venía haciendo antes de la pandemia.
Esta posición contrasta con la de un total de 8 países europeos, entre los que se encuentran Reino Unido, Austria o Grecia en los que sí que se ha apostado por la fiscalidad para apoyar a los establecimientos hosteleros. En concreto, cada vez más países de nuestro entorno abogan por la reducción del IVA en la hostelería para el consumo de productos en establecimientos hosteleros. Incluso muchos de estos países van más allá, y combinan esta medida fiscal con otras medidas de apoyo como los bonos al consumo.
La lógica económica nos dice que, con una reducción del IVA, incluso temporal (que repercutiría en el precio de los productos), se lograría fomentar el consumo en este canal, generando el consiguiente efecto positivo sobre el sector. La aplicación de esta medida permitiría aumentar el gasto en un sector que representa el 6,2% de nuestro PIB así como miles de puestos de trabajo, tanto en el propio sector, como en industrias asociadas.
En este sentido, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, se presenta una oportunidad inigualable en el contexto en el que estamos, para poder aprobar medidas fiscales que compensen el agravio que ha causado la pandemia en el sector hostelero y parte de la cadena de valor. En este sentido, la aprobación de un IVA superreducido se convierte una solución que ya está desplegando su efectividad en otros países europeos.
Con todo, solo conseguiremos evitar el peor escenario si las Administraciones Públicas adquieren una conciencia real de la dramática situación por la que pasan tantas familias del sector hostelero, y responden con medidas de choque para su rescate. Aparte de minimizar el daño económico y social, es lo que nuestra hostelería se merece.
Entidades
