El escudo social está resquebrajado, agrietado, no defiende las clases sociales con menor poder adquisitivo. La renta mínima llega a una quinta parte de las personas que preveía Podemos (160.000 familias frente a las 850.000 anunciadas), apuntarse al desempleo o solicitar la jubilación es casi un acto de fe en estos momentos; la Administración está semiparalizada por la caótica coordinación de un Gobierno con 23 ministerios y más de cien secretarías de Estado. Las ayudas a la hostelería se retrasan por las discrepancias entre Industria y Hacienda. El rosario de ineficiencias es interminable.
En Comú Pódem está de capa caída. Las encuestas para las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero le sitúan en cuarta posición, por detrás de Ciudadanos, que también cosechará una bajada significativa. Iglesias no quiere que le pase como en las autonómicas gallegas, cuando Las Mareas desaparecieron del parlamento regional, y él mismo calificó el resultado de "un fracaso sin paliativos". Su estrategia a fin de revertir esa tendencia a la baja consistirá en liderar la iniciativa social del Gobierno para movilizar a su electorado.
El único inconveniente es que la factura económica es carísima para el Estado y más en un momento como el actual, con el déficit y la deuda por las nubes. Esta semana, consiguió que el Ejecutivo prorrogara la prohibición de los cortes de luz y gas, y se dispone a pelear hasta el último milímetro para que el veto a los desahucias se extienda a todo el ejercicio, al menos para los grandes tenedores de vivienda. Antes había logrado torcer el brazo al poderoso ministro de Transporte, José Luis Ábalos, quien se comprometió a redactar antes de mayo una Ley de Vivienda, que ponga tope al precio de los alquileres. Otra tropelía, que producirá el efecto contrario al expulsar a muchas viviendas del mercado.
El Gobierno está partido en dos. Iglesias frente a Calviño y Robles. Pero no se rompe
La seguridad jurídica queda dañada, porque muchos fondos inmobiliarios que acudieron atraídos por un mercado en expansión de vivienda, de oficinas o de alquiler, se marchan para no volver. ¿Eso a quien preocupa? Si son especuladores despreciables, fondos buitres, en el argot de Podemos.
Igual ocurre con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Después de alzas del 0,9 por ciento en las pensiones y el sueldo de los funcionarios, ¿Cómo no van a subir el resto?, se llevan las manos a la cabeza. En esta ocasión cuentan con el apoyo coral de los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, José María Álvarez. Los sindicatos ponen como modelo paradigmático las subidas en Alemania, Holanda ó Portugal.
Lo que no dicen es que en ninguno de éstos países, el SMI se incrementó el año pasado más del 20 por ciento, que su tasa de paro está en menos de la mitad de la española y que sus economías han sufrido mucho menos por el coronavirus. El PIB alemán caerá el 8 por ciento, mientras que el español lo hará el 12 por ciento, un 50 por ciento más.
El SMI golpeará, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría tuvieron que acudir a expedientes de regulación del trabajo (Ertes) o de extinción (Eres). ¿Qué ganas les quedarán de mantener el empleo si encima tienen que subir los sueldos, aunque sean diez euros mensuales, cuando apenas tienen ingresos? Ninguna.
El último incremento del SMI dejó en la cuneta a miles de empleadas de hogar y de trabajadores del campo, que tendrán difícil volver a la vida laboral. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, advirtió esta semana que la crisis "pone en riesgo la solvencia y puede convertir el paro cíclico en estructural", aquél que es prácticamente imposible de recuperar con el paso del tiempo.
Sánchez está en manos de Iglesias, tras el pacto con ERC y Bildu. Por eso cede en casi todo
Pero esto tampoco importa a Iglesias y sus secuaces. Lo único que les preocupa es ganarse el apoyo de miles de funcionarios y de ciudadanos ingenuos, a los que intenta cautivar con una mejora de sus salarios, cuando en realidad lo único que logrará es que muchos de ellos se queden en la calle.
Pero la gran batalla no se va a dar en el campo de los desahucios, ni en el del salario mínimo, si no en el de las pensiones ó la reforma laboral. La propuesta que presentó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriva, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicas dos viernes atrás, provocó un enfrentamiento de todos contra todos. Escrivá defendió alargar en diez años, de 25 a 35 años, el cómputo para calcular la pensión. Algo ya recogido en el Pacto de Toledo, que socialistas y podemitas ratificaron hace unas semanas. ¡Poco duran los consensos cuando hay intereses partidistas de por medio!
Un informe de Fedea, un organismo dependiente del Banco de España, señalaba esta semana que cumplir con el incremento del poder adquisitivo de las pensiones recogido en el Pacto de Toledo exigirá elevar el 50 por ciento el Impuesto de la Renta de aquí a 2050, el período en el que la generación del baby boom se irá retirando. Escrivá dejó caer otras guindas como el de alargar la edad de la jubilación efectiva mediante la concesión de incentivos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, visitó el jueves al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, para intentar convencerle de los cambios que quiere introducir en la reforma laboral, porque desconfía del mensaje que trasmite Calviño ante las instituciones europeas.
Gentiloni despachó el asunto de manera fría, a juzgar por el comunicado conjunto, porque no está dispuesto a consentir una relajación de las normas que empeore la situación en el país europeo con mayor porcentajes de desempleo, tanto por término medio como en relación a los jóvenes, entre los que afecta casi a la mitad.
Otros frentes en los que dará la batalla Podemos es en el de la Monarquía, aprovechando los múltiples errores cometidos por el Rey Emérito, ó en la reforma del delito de sedición y en la concesión de los indultos a los presos del proçes. En estos dos últimos puntos coincide, además, con el PSOE de Pedro Sánchez con el objetivo de ganarse el apoyo en las próximas elecciones catalanas de ERC, con los que pretende formar un gobierno tripartito. Las diferencias con los socialistas se extienden a otros ámbitos como la política exterior a cuenta de Marruecos.
¿Y qué opina de todo esto Sánchez? Hasta ahora hizo concesiones a Iglesias en asuntos cruciales como la vivienda, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ó los fondos europeos, pero el lunes lo dejó fuera de una reunión de coordinación con los vicepresidentes para el reparto de estas ayudas. En su círculo más cercano admiten que después del 29 de diciembre, que se aprueban los Presupuestos, intentará separarse de Iglesias. La vicepresidencia Carmen Calvo marcó distancias este viernes en el SMI.
Las discrepancias son cada vez mayores entre los dos bandos del Ejecutivo, como se demostró en la reciente discusión en el Congreso ante las cámaras de TV entre Iglesias y la ministra portavoz, María Jesús Montero. El área económica está partida en dos: Calviño, Escrivá y Montero versus Iglesias, Díaz ó Garzón. El diálogo es de sordos totales entre Iglesias y Calviño, También con la titular de Defensa, Margarita Robles, la relación está completamente destruida. Pero como mucho "provocará una remodelación del Gobierno esta primavera, jamás el divorcio", aseguran fuentes cercanas.
Al contrario, con una veintena de diputados entre Bildu y ERC, Sánchez depende más que nunca del su socio de Podemos. La apisonadora política seguirá arrasando a su paso con el empleo, la vivienda, los autónomos ó las pymes. Pero eso no importa, porque la tasa de paro y la capacidad adquisitiva seguirán sostenidas artificialmente a costa del déficit y de la deuda, y con las ayudas europeas permanecerá así un largo tiempo. Después habrá que empezar a reparar los destrozos y vendrán los ajustes y los problemas. Pero hasta entonces, quedan un par de años. ¡A ver cuanto aguantamos!
PD.-En el lado empresarial, Iván Redondo toma el control de Prisa, dueño de El País y de la Ser, a través del fondo Amber de Oughourlian con el apoyo de Telefónica, lo que forzó la salida de Javier Monzón de la presidencia. Es una demostración de fuerza del Gobierno tras los Presupuestos, que garantizan la legislatura. Entretanto, que Josep Oliú sustituye al consejero delegado del Sabadell, Jaime Guardiola, por César González-Bueno. Pero que nadie se engañe, quien seguirá al frente del banco es Oliú, aunque el BCE le haya obligado a renunciar a sus poderes ejecutivos. Oliú aceptó el envite, como es natural, pero sin fecha concreta.
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