La estabilidad institucional en un país nace del respeto mismo de las instituciones entre sí. Que un partido político con responsabilidades de gobierno sea el origen de los peores y más rastreros ataques hacia la jefatura del Estado es, además de una anomalía en los países occidentales, una fuente de conflictos e inestabilidad que no cuadra con los pronósticos de gobierno duradero, único y sin oposición que se están realizando desde el mismo ejecutivo. Vamos, que no ayuda para nada a las décadas de gobierno PSOE-Podemos que se nos anuncian el sistemático acoso a la monarquía y sus símbolos por parte de uno de los dos socios, con el consentimiento cómplice del otro. Porque lo primero que deberán hacer si se atreven a presentar una reforma del modelo de Estado es, además de tener una mayoría inicial que la apoye, disolver las Cortes y darles a los españoles la palabra sobre tan trascendental cambio del país. Es más fácil para ellos seguir erosionando la figura del Rey emérito y de su sucesor a través de videos impropios de cualquier partido serio y responsable, llegar a la sede parlamentaria ese acoso adornándolo de apoyos procedentes de las formaciones rupturistas y antiespañolas, y empezar a preparar una nueva ley de la Corona que evite la inviable reforma agravada sustituyéndola por un control político asfixiante para la institución, que probablemente se ejercerá desde la vicepresidencia segunda con responsabilidades en el CNI.
La coalición de izquierdas que gobierna en España ya ha demostrado en varias ocasiones que no hay obstáculo insalvable para conseguir sus fines, ni siquiera la ley cuando ésta se interpone ante ellos. Con esta probable nueva ley para regular el funcionamiento de la Monarquía, actúan igual que con el Poder Judicial, burlando la falta de acuerdo con leyes preparadas para denigrar la monarquía parlamentaria y asestarle por la puerta de atrás un golpe mortal al Rey, que perderá atribuciones constitucionales mientras la nueva legislación esté en vigor y no la anule el Tribunal Constitucional. Si no se puede renovar el CGPJ por la falta de acuerdo que exige la Cara Magna, se cambia la ley para maniatar a los jueces en sus funciones; si no se puede derribar la monarquía por el sistema de contrapesos que establecieron los padres fundadores, se cuela un articulado en la Cámara, controlada por una mayoría radicalizada, que permitirá reducir a la mínima expresión el papel del jefe del Estado.
La reclamación de una república como modelo institucional, tal y como la plantean los antimonárquicos que anidan en el ejecutivo, esconde a los ciudadanos un buen puñado de falsedades. Engaña a la opinión pública menos informada afirmando que el consenso del 78 fue un cambalache entre cuadros de mando del franquismo reunidos en oscuros habitáculos en los que nació una ley fundamental dictatorial. Aquel consenso fue transparente, y el intento de cambio de régimen se está haciendo de forma inversa. Utilizando resortes del Estado como la Fiscalía, empleando como ariete a medios públicos con activos externalizados para agitar debates interesados contra la Corona.
Regularizaciones fiscales han realizado millones de ciudadanos, de apellidos tan variopintos como Borbón o Monedero. Que levante la mano el que no haya tenido un resbalón en su declaración a la Hacienda pública. Es un problema administrativo que se resuelve con la normativa en la mano, como ha hecho el anterior monarca. Nada impide ahora, como tampoco lo impedía antes, que pueda regresar a España porque ningún juez le investiga o le ha imputado posible delito alguno. Y aquí reside otra de las falacias de la operación de acoso a la monarquía: la ilusoria idea de una república limpia de toda corrupción y por supuesto gobernada por la izquierda es un deseo prístino e inmaculado que borrará del país comportamientos como los de don Juan Carlos, vienen a decir. Como si Chirac o Sarkozy, jefes de estado elegidos en las urnas, no hubieran tenido asuntos turbios que ha tenido que revisar la justicia francesa.
