Víctor Arribas

Periodista
opinión

Un pacto de caballeros fue cumplido en la política española recientemente. Y eso es noticia en los tiempos que corren. Las corporaciones locales se comprometieron hace algunos años, en lo más crudo de la cruda crisis financiera, a no caer en gastos excesivos que les hicieran incurrir en un déficit que sería señal suficiente para que sus arcas fueran intervenidas por el Estado. Y lo cumplieron.

Opinión

Faltaba una hora para comenzar la conferencia de presidentes del viernes cuando Íñigo Urkullu anunciaba su asistencia por sorpresa, cuando todo apuntaba a su ausencia para acompañar en el desaire al presidente catalán. El lehendakari hacía de la necesidad virtud y se agarraba a un doble asidero: marcar diferencias de moderación con el rebelde Quim Torra, que no puede soportar estar junto al jefe del Estado, y sobre todo aprovechar las últimas concesiones que Moncloa ha tenido a bien anunciarle sobre el déficit del País Vasco y la bilateralidad de su relación.

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Los aplausos de los ministros al presidente del gobierno en la mañana del pasado martes, cuando volvió con las alforjas cargadas de millones de euros de la cumbre europea, han cumplido su estudiado papel de recolectores de triunfalismo con el que fueron concebidos por la mente pensante del Palacio de La Moncloa. Los tiempos que corren son de mercadotecnia más que de bases sólidas, y vale más una imagen impostada y mentirosa que mil palabras para dejar prendida en el aire la sensación de que lo logrado es un hito sin precedentes en nuestra relación con la UE.

El tuit de Charles Michel lo anunciaba a las cinco y media de la madrugada. "Deal!". Y la euforia se desató en la cumbre, tal vez porque todos han preferido aparcar los verdaderos motivos de esta movilización de dinero: una pandemia que se ha llevado por delante cientos de miles de vidas. Escuchando esta mañana a Pedro Sánchez exhibir su triunfalismo por lo conseguido ("un hito y una de las páginas mas brillantes de la historia de la UE"), cualquiera diría que el virus y sus consecuencias han sido un maná caído del cielo para España. Pero no lo son, aunque nuestro país se lleve una parte considerable del Fondo de Recuperación y Resiliencia. El problema para los ciudadanos españoles serán los gestores que hagan uso de ese caudal de dinero, y a qué se dedicará. En directo | Sigue todas las reacciones al acuerdo histórico de la UE.

Los debates sobre la efectividad o la demora en las medidas contra el coronavirus parecen haber sucumbido en este primer tercio del mes de julio a nuevas controversias en la política española. Los flagrantes errores y las manipulaciones del gobierno en los meses de la enfermedad se han traspasado a las comunidades a las que compete ahora todo el dispositivo, por lo que el foco de atención se desvía a asuntos con más rendimiento de imagen y si puede ser también rendimiento electoral, que este domingo hay elecciones en Galicia y el País Vasco. Por eso resurge el viejo anatema antimonárquico, fuertemente impulsado por las investigaciones de la justicia suiza contra el anterior Jefe del Estado que son maná para la causa que pretende derribar la Corona en un plazo no mayor a una década, y si puede ser en la mitad de ese tiempo.

La comisión de reconstrucción, constituida en las cuatro subcomisiones temáticas que han estado trabajando estas últimas semanas, traía envuelto un regalo que la aparente predisposición de los partidos no de izquierdas no se esperaba: la propuesta sobre ayudas excluyentes a la educación pública. El cónclave parlamentario que hizo las veces de unos “Pactos de la Moncloa de bolsillo” puede alumbrar entendimientos importantes en materia sanitaria y en la posición común para reclamar el dinero a Europa, pero no en la educativa o en la económica. Las recetas para sacar a España de la sima laboral y productiva en la que se encuentra nunca van a poner del mismo lado al PSOE y al PP, ya en la crisis financiera vimos cómo lo afrontaron el gobierno de Zapatero y el de Rajoy. Pero a ambos partidos se les debería exigir que al menos en los objetivos que conforman el sistema educativo de un país sí tuvieran algo de cintura para poder pactar y llegar a acuerdos imprescindibles.

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Mucho se ha destacado en estos días la importancia de los acuerdos económicos y laborales que nos deja la última semana de junio. Y con razón. La sociedad española necesitaba algunos gestos por parte de sus élites, que demostraran una capacidad de diálogo y entendimiento acorde con las dificultades que atraviesan la mayoría de los hogares del país para poder hacer frente a las más elementales necesidades.

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El Consejo Europeo lo deja para el mes que viene. La paquidérmica maquinaria europea nunca tiene prisa por poner en marcha soluciones para compensar las dificultades de los ciudadanos del continente, y con esa costumbre anquilosada desde su fundación han resuelto los líderes su telemático Consejo Europeo. La decisión es que no hay decisión sobre la forma de repartir el fondo de reconstrucción, pero la buena noticia es que no han decidido cargárselo. Ha sido una nueva toma de contacto, en la que se inician las discusiones porque Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, lo había advertido días antes: la cita clave debe ser presencial, mirándonos a la cara todos y no en una videoconferencia como ha sido ésta del 19 de junio. Y posiblemente hasta el otoño no tengamos una solución aceptada por todos para el reparto de los 750.000 millones entre créditos y transferencias.

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El vicepresidente segundo del gobierno ha afirmado esta semana de forma rotunda que la derecha nunca gobernará España porque nunca sumará mayoría suficiente para conseguirlo. Ha elevado la foto fija de la política actual de nuestro país a la categoría de permanente ad eternum, sin contar con el bamboleo de los dos millones de españoles con derecho a voto que no profesan una ideología clara, y que mueven su decisión hacia opciones progresistas o conservadoras en función de cada momento del país. Así ocurrió en el cambio de gobierno de 1982 de UCD al PSOE, el de 1996 del PSOE al PP, en la vuelta del PSOE ocho años después, en la emergencia económica de 2011 y ha vuelto a ocurrir tras la moción de censura que permitió a un presidente socialista volver a La Moncloa. Su vaticinio corresponde a los habituales desahogos de la clase política española en estas semanas de crispado confinamiento, de los que Pablo Iglesias está siendo actor protagonista desde el papel de provocador que había abandonado en parte y ahora recupera recordando la verdadera esencia con la que nacieron él y su partido sólo seis años atrás. En la provocación permanente a los partidos de la derecha está su verdadero yo, la exacta medida de su talla como dirigente político, y es en la que se siente más cómodo incluso cuando se quita el traje de vicepresidente.

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El presidente del gobierno afirma de forma rotunda que la legislatura durará cuatro años. Está muy seguro de que agotará el mandato, sobre todo después de haber comprobado que tiene varias opciones disponibles para ir aprobando las disposiciones que crea necesario enviar al Congreso, especialmente los Presupuestos.