Víctor Arribas

Periodista

El apelativo no fue ni mucho menos cariñoso. Ni siquiera cordial en los términos en que debería situarse la relación entre dos administraciones de territorios limítrofes que tienen innumerables cosas en común, especialmente el tránsito de ciudadanos entre ambas que no entiende de fronteras con distinto color político. Pero Emiliano García Page, presidente castellanomanchego, eligió en verano la fórmula tan corriente en su partido de atacar al vecino por no pertenecer a su misma tribu, cosa que jamás habría hecho de ser la presidenta madrileña militante socialista. Cuando los contagios por coronavirus se disparaban en la capital, hinchó su pecho para proclamar la “bomba radiactiva vírica” que tenía al lado de su comunidad, dando a entender sin reparo que la nefasta gestión de su homóloga Díaz Ayuso colocaba a sus apreciados vecinos manchegos en situación de elevado riesgo por la negligencia impropia de una dirigente del partido adversario al suyo. Una invectiva de manual político en los tiempos que corren de redes sociales, crispación y deslegitimación del contrario. En las antípodas de lo que el país necesitaba en aquél momento: coordinación y eficacia de todos los gobiernos implicados en frenar el avance de la enfermedad.

La enésima rectificación (¡y que vengan muchas más!) del gobierno de PSOE y Podemos en relación a la gestión del virus llegaba esta semana con el anuncio de la reducción del IVA de las mascarillas, y no llegaba sola. El test obligatorio para pasajeros procedentes de países con tasa elevada de contagios le daba la mano en su súbita aparición a esa medida reclamada durante meses. Pero al final ambas llegaban, para beneficio de una sociedad que exige soluciones a los problemas que se van planteando cada día en esta monumental crisis sanitaria, económica y social del siglo XXI. Y por lo que vemos, también política.

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Fox News, el canal de televisión de pago que se considera luz y guía de los sectores más republicanos del país, ha desmentido estos días a Donald Trump en su denuncia sobre el robo de los resultados en varios estados. Sus principales periodistas han dudado de la existencia de ese fraude porque el presidente y candidato no ha aportado pruebas ante la opinión pública. | El recuento en EEUU, en directo

El gesto de marcharse con aire altivo no fue lo peor de todo lo ocurrido este jueves en el Congreso de los Diputados. Siendo desagradable y desagradecido, es un feo detalle que han tenido todos los presidentes democráticos cuando han querido demostrar que ellos están por encima del debate que va a tener lugar en el hemiciclo, y que no quieren enfangarse en la batalla dialéctica que les sitúa a la altura de la oposición parlamentaria. Cuando han ido sobrados, para entendernos. Pues ese desprecio no es lo más preocupante que ocurrió porque lo grave fue el fondo de lo que se debatió y se votó en la sesión plenaria más bochornosa que ha vivido desde hace años esa sede democrática, acostumbrada últimamente a una altura dialéctica a pocos palmos del suelo. Lo peor ha sido esta vez más el fondo que la forma.

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Pablo Casado lo tuvo muy fácil en la mañana del miércoles cuando escuchó desde su escaño de jefe de la oposición el discurso del candidato en la moción de censura. Y comprendió en ese momento lo acertada que había sido su estrategia de no revelar el sentido del voto de su grupo parlamentario, pese a la presión articulada por el bloque progubernamental, medios afines incluidos.

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En el límite del tiempo establecido, el gobierno ha remitido a Bruselas el plan presupuestario para 2021, que será la base de los Presupuestos si es que alguna vez son aprobados y llevados al Congreso. El marco en que se moverán las cuentas públicas es terrorífico, con un déficit como jamás ha visto este país y una deuda que tardaremos en reducir varias décadas, si es que logra reducirse.

La exposición razonada del juez García Castellón solicitando al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del gobierno ha desatado la fiera declarativa que Pablo Iglesias lleva en su interior, ahora barnizada con un tono paternalista y reposado que esconde hábilmente un total autoritarismo y desprecio por las reglas democráticas y por el discrepante. En ese engolamiento discursivo se zambulló el líder de Podemos para contestar en una emisora de radio a la decisión del juez que claramente le perjudica y le pone en una delicada situación política a juicio de la mayoría de los ciudadanos. Y en sus numerosos argumentos de defensa, Iglesias incluyó lo que los semiólogos denominan falacia de petición de principio: una verdad absoluta contenida en la premisa inicial y que nadie puede contradecir en subsiguientes premisas.

Cuando el ex alcalde de Madrid Juan Barranco se retiró de la vida política pronunció una frase que, algunos años después, ha cobrado mayor significado incluso del que tenía en su día. “La política española está encanallada”. Las palabras del histórico dirigente socialista datan de cinco años atrás, cuando la nueva clase política que llegó a la política española por aquellos tiempos comenzaba a imponer sus modos de hacer desde los platós de televisión y las redes sociales. No es que el odio visceral al ideológicamente diferente no estuviera ya arraigado entre nosotros en la etapa democrática, sino que se acentuaba más aún después de una larga crisis económica que sacudió la sociedad occidental, y que en España sacó a la superficie algunas cosas que estaban ocultas bajo la epidermis hasta entonces. Esa capa subterránea emergió. Y ahora, cinco años después, copa las posiciones más relevantes de la vida pública siendo fiel a su preferencia por lo cainita y por despellejar al adversario como primer objetivo, mucho antes que cualquier beneficio para los ciudadanos que son administrados.

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El gobierno considera que el Partido Popular está fuera de la Constitución porque no asume el mandato de pactar la renovación de los órganos institucionales pendientes de actualizar, como el Consejo General del Poder Judicial. Pero con la otra mano veta la presencia del Rey en un acto del mismo Poder Judicial pese a que la Carta Magna es clarísima al establecer en su artículo 117 que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados”.

La estatua ecuestre de Carlos III está situada desde 1993 en el centro de la Puerta del Sol, y tiene de frente la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid y a sus espaldas el arco formado por las calles del Carmen, Preciados y Montera. Cuando se instaló allí, por decisión democrática de los madrileños en referéndum, gobernaba en la ciudad José María Álvarez del Manzano y en la autonomía Joaquín Leguina, inaugurando lo que durante más de una legislatura hemos conocido los madrileños como difícil cohabitación entre las dos instituciones, un mal que ha llegado a producirse incluso en tiempos en que un mismo partido gobernaba en las dos. Pese a todo ello, nada comparable a la tensa relación que hoy mantienen el gobierno central y el regional, que va a desembocar en una reunión insólita que llevará al inquilino de La Moncloa hasta la Real Casa de Correos, la misma que pudo pisar en las recepciones oficiales cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid, y que nunca ha pisado un presidente del país para mantener un encuentro de trabajo con el máximo responsable de la Comunidad. Cuando Felipe González quería comunicarle algo importante a Leguina, como la retirada de aquél repudiado tres por ciento, le llamaba a los jardines de Moncloa y le convencía; cuando José María Aznar convocaba a Ruiz Gallardón para dirimir sus disputas clon Esperanza Aguirre, todos acababan en un ascensor de la sede popular de Génova, 13. Pero nunca un presidente fue a Sol para mantener una reunión como la que se prepara para la semana que viene.