Opinión

Rebelión de las togas contra el atropello a la Justicia

El control de la actividad de los jueces ha sido con cierta frecuencia una tentación del poder político. A algunos dirigentes les obsesiona tener la capacidad de nombrar a los vocales de sus órganos de gobierno, fiscalizar las mayorías en esos órganos para que arrimen el hombro con su proyecto político, y perseguir a todo el que discrepe de la línea oficial. La frecuente cacería de los jueces ha tenido momentos muy recordados, como aquella discusión en público de la entonces vicepresidenta Fernández de la Vega riñendo a la presidenta del Tribunal Constitucional: el ejecutivo echando la charla al judicial e inmiscuyéndose en su labor, derribando la muralla de la separación de poderes exigible a cualquier democracia digna de tal nombre.

Es lo que les ocurre a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias desde que el pasado mes de enero llegaron al gobierno en una coalición de enemigos irreconciliables que hicieron de la necesidad virtud para, con el apoyo de una mayoría absoluta radicalizada y frentista, entenderse y lanzar una legislatura impredecible que se va abriendo paso. Y desde hace once meses, ambos actores se empeñan en extender sus tentáculos de poder sobre los principales resortes del Estado en sus múltiples representaciones: los medios de comunicación públicos, los órganos supervisores, los institutos demoscópicos, la fiscalía, el parlamento y finalmente la Justicia, el último escalón que se resiste a su embestida. Sánchez no puede dormir, como efectivamente sospechó algún día no hace mucho, pero no por tener a su lado sentado a Iglesias sino por no haber podido aún cambiar el color ideológico de la mayoría de vocales del CGPJ, un organismo constitucional que conviene siempre tener domesticado para que esté en consonancia con el resto de resortes institucionales que ya han sido colonizados. Al fin y al cabo, una mayoría absoluta tiende a imponer sus criterios políticos de forma más o menos autoritaria, y ésta no iba a ser menos por el hecho de que la formen un abanico de partidos contrarios al modelo actual de país. Estamos ante una mayoría absoluta multicolor que impone sus medidas a los demás exactamente igual que si fuera la mayoría absoluta de un solo partido, como las de Rajoy, Aznar o Felipe.

Los jueces tienen poca capacidad de respuesta ante esta agresión intolerable que se produce por tierra, mar y aire contra ellos, desde la tribuna del Congreso hasta los canutazos ante las cámaras de cualquier portavoz de la mayoría absoluta de izquierdas-nacionalista. A través de su posición institucional, lo han hecho esta semana en un pleno del Consejo en el que hasta algunos consejeros promocionados por el PSOE se han rebelado contra el atropello que se pretende llevar a cabo, una reforma a la medida de Sánchez para limitar las atribuciones del CGPJ en funciones. Su forma de elevar la voz no es ni parecida a la del diputado Rufián faltando al respeto de todo aquél que no es de su cuerda. Su rebelión es escrupulosa en las formas, como debe ser, y profunda en el fondo al plantear la necesidad de que la reforma improvisada pase por los filtros democráticos españoles y europeos. Retrátense, señores presidente, vicepresidente y ministro de Justicia, y no cuelen por la puerta de atrás un proyecto de ley como éste para burlar los informes preceptivos de los órganos consultivos. Vayan de cara, y no por la espalda.

La intentona antidemocrática debería tener eco suficiente en la UE, que estos días anda enfrascada en la exigencia a países como Hungría y Polonia de un exquisito respeto a las normas del Estado de Derecho. Seguro que a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa le encantará ver cómo los partidos gobernantes en España asimilan tan rápidamente las formas de actuar de esos países considerados "iliberales". Y sólo entonces podremos tener la aspiración de recibir los ansiados fondos europeos que van a regar generosamente de millones la economía española, un maná que dudosamente llegará a los que realmente lo necesitan.

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