La enésima rectificación (¡y que vengan muchas más!) del gobierno de PSOE y Podemos en relación a la gestión del virus llegaba esta semana con el anuncio de la reducción del IVA de las mascarillas, y no llegaba sola. El test obligatorio para pasajeros procedentes de países con tasa elevada de contagios le daba la mano en su súbita aparición a esa medida reclamada durante meses. Pero al final ambas llegaban, para beneficio de una sociedad que exige soluciones a los problemas que se van planteando cada día en esta monumental crisis sanitaria, económica y social del siglo XXI. Y por lo que vemos, también política.
La explicación ante tan flagrante error ha sido la intención de mantener la máxima responsabilidad ante una supuesta normativa europea que impedía rebajar el porcentaje del impuesto, a pesar de la documentación que todos los medios han publicado sobre la exención que la UE establecía desde el pasado mes de abril por la especial gravedad del momento actual para las familias y los trabajadores del continente, a los que les supone una carga más la adquisición de los tapabocas, como en nuestra hermana Latinoamérica se denomina a las mascarillas. Nadie puede contestar negativamente a un gobierno cuando alega que está cumpliendo la ley, aunque sea con ocultaciones y falsedades como ha ocurrido en este episodio del IVA. Para justificar el ataque de responsabilidad experimentado en los últimos seis meses, mientras la caja de los ingresos públicos iba aumentando gracias a los sufridos céntimos pagados de más por los españoles, alguna responsable política no ha dudado en atacar a un país cercano como Italia acusándole de saltarse la legalidad, una legalidad que ya había sido suavizada. Llamándole directamente pirata. Haciendo amigos en el club comunitario. No hay nada peor que explicar tus errores tapándolos con el vecino.
Pero es que además la justificación ponía de manifiesto una nueva incongruencia. Mientras Alemania, Francia o Italia aparentemente no lo hacían, España dibujaba un escenario de pulcritud cumpliendo a la japonesa, al pie de la letra, una disposición europea que suponía importantes multas para el país incumplidor. Los gobiernos alemán y conservador de Merkel, francés y centrista de Macron, e italiano y de izquierdas de Conte, anteponían según el ardid de nuestro ejecutivo la defensa de los intereses de sus ciudadanos, aunque eso supusiera tener que hacer frente a sanciones de Bruselas. ¿Pensaron esto Lastra, Ábalos y Montero cuando defendieron que no se podía bajar el IVA por la directriz de la Comisión Europea?. O no les daba para tanto su razonamiento fabricado en los cenáculos de la propaganda monclovita...
El primer mandamiento de un gobierno que se autodefine como progresista y que antepone las necesidades de los ciudadanos con rentas bajas y de las clases populares debería ser la atención a esos colectivos, por encima incluso del temor a una sanción de los estamentos europeos. Haber pagado la multa de la UE, como se han pagado tantas otras, habría tenido un efecto positivo sobre la población al permitirles adquirir el bien necesitado a un menor coste, y sin embargo se defendió el cumplimiento de la burocrática legalidad europea por encima de la protección de las gentes. La parábola del IVA de las mascarillas ha sido que, intentando engañar a los españoles, el gobierno se ha engañado a sí mismo y ha demostrado que si es oportuno para ingresar unos cientos de millones, defenderá antes una normativa injusta que a su población.
