El apelativo no fue ni mucho menos cariñoso. Ni siquiera cordial en los términos en que debería situarse la relación entre dos administraciones de territorios limítrofes que tienen innumerables cosas en común, especialmente el tránsito de ciudadanos entre ambas que no entiende de fronteras con distinto color político. Pero Emiliano García Page, presidente castellanomanchego, eligió en verano la fórmula tan corriente en su partido de atacar al vecino por no pertenecer a su misma tribu, cosa que jamás habría hecho de ser la presidenta madrileña militante socialista. Cuando los contagios por coronavirus se disparaban en la capital, hinchó su pecho para proclamar la "bomba radiactiva vírica" que tenía al lado de su comunidad, dando a entender sin reparo que la nefasta gestión de su homóloga Díaz Ayuso colocaba a sus apreciados vecinos manchegos en situación de elevado riesgo por la negligencia impropia de una dirigente del partido adversario al suyo. Una invectiva de manual político en los tiempos que corren de redes sociales, crispación y deslegitimación del contrario. En las antípodas de lo que el país necesitaba en aquél momento: coordinación y eficacia de todos los gobiernos implicados en frenar el avance de la enfermedad.
Casi tres meses después, ni siquiera Page mantendría su desafortunada definición de Madrid en relación al virus. Pese a la presión sin cuartel que ha recibido desde que empezó la pandemia y aunque todas sus decisiones han sido cuestionadas, vetadas o desautorizadas, la Comunidad de Madrid ha "doblegado la curva", usando la expresión de puro marketing diseñada en el complejo de Moncloa. Apoyándose en criterios técnicos, como debería ocurrir siempre en la gestión política de asuntos que afectan a la seguridad de los ciudadanos, Ayuso ha logrado que los datos de Madrid sean puestos como ejemplo en la prensa europea y se destaquen en las reuniones de seguimiento de la Unión Europea, de la Europa de las regiones. Los que han marcado ese criterio ambicioso y compaginable con la protección de la economía y los negocios a pie de calle, son los profesionales sanitarios de una gran potencia médica mundial como es la autonomía madrileña, con algunos de los hospitales públicos más importantes del mundo, con impulso y sin prejuicios hacia una sanidad privada puntera en tecnología y valores, que apoya siempre que es necesario al sistema público.
La CAM siempre ha ido por delante en la propuesta de soluciones y de medidas paliativas. Su clamor por la realización de test PCR en los aeropuertos ha hecho más ostensible el error del gobierno de negarlos durante los meses de verano y la rectificación posterior. Acotar las zonas sanitarias básicas fue otro acierto, pese a la presión en la calle de la oposición en la Asamblea y las organizaciones politizadas de siempre. Poner en marcha la construcción de un hospital de pandemias, una tarea hercúlea en un país burocratizado en exceso, no le supuso elogio alguno sino toto lo contrario: una campaña de desprestigio en la que no salían las cuentas de esa nueva infraestructura sanitaria, pero su perfil se levantaba cada día erigiendo el hospital número veinticinco del pequeño territorio madrileño. Y ahora, Madrid lidera la petición de que se realicen test serológicos en farmacias, como ariete en la lucha por sacar a la luz los contagios y evitar la difusión del virus.
Sus propuestas se han rechazado una tras otra por la sencilla razón de que venían del gobierno madrileño, facción PP. Si hubiera propuesto esas decisiones la facción Ciudadanos, tal vez el gobierno las habría visto con mayor simpatía, pero viniendo de la presidenta madrileña, el marco mental de los Illa, Calvo y Simón no aceptaba concesiones. La estrategia de equilibrar la defensa de la salud pública con la supervivencia de sectores clave como el comercio o la hostelería ha sido modélica y podría garantizarle hoy por hoy a Ayuso una mayoría muy estable en la Comunidad en caso de que se celebraran elecciones autonómicas en breve, sin ataduras que actualmente sufre.
Como dijo la diputada canaria Ana Oramas, parece que hay que ser separatista para que este gobierno te haga algo de caso.
