El pago de la luz y agua quedará fuera del decreto de prórroga de desahucios

A 12 días de que el vicepresidente Pablo Iglesias anunciara el decreto según el cual el Gobierno ampliará la moratoria para evitar los desahucios, la letra pequeña y las desavenencias en el interior del Ejecutivo ponen de manifiesto que, la medida, será más descafeinada de lo que a priori pretendió el líder de Unidas Podemos, a través de su autoenmienda a los Presupuestos Generales -de la mano de ERC y EH Bildu- y, de que que en ese decreto no quedará recogido quién se responsabiliza del coste del agua, la luz y la calefacción en el caso detener que evitar cortes de suministros de las familias vulnerables.

Hoy se sabe que, a falta de que se cierre la negociación entre José Luis Ábalos e Ione Belarra, secretaria general de la Agenda 2030, aquella enmienda de ERC y EH Bildu, apoyada por Podemos, se parece muy poco a lo que finalmente pase por el Consejo de Ministros. En principio, reduce la moratoria del 31 de diciembre de 2022 -como pedía la enmienda-, al 9 de mayo de 2021. Y, por otra parte, que el aplazamiento de los desahucios, que no desalojos -remarcan fuentes gubernamentales-, estará sujeto a los informes de Servicios Sociales, a ayudas de las Comunidades Autónomas, ayudas al alquiler más suministros y, soporte de los planes de vivienda social. De manera que no será tan sencillo impedir un desahucio a cualquier persona. Queda por tanto por tanto, el asunto de los suministros, que, según fuentes de Moncloa, bien pueden ir en otro decreto, o con otra fórmula.

El dilema: ¿quién paga?

En este segundo aspecto en el de los suministros, y resuelto el tema prioritario de aumentar la prórroga de los desahucios, la distancia entre PSOE y Unidas Podemos es abismal. A los podemitas les hubiera gustado que el gasto del mantenimiento de dichos suministros recaiga en las empresas, al tiempo que ese derecho hubiera quedado blindado en este decreto -que todavía tardará unos días en llegar al Consejo, como el propio ministro José Luis Ábalos confirmaba este lunes.

Por el contrario, el ala socialista el Ejecutivo defiende que el asunto de los suministros tiene que resolverse en el departamento de Transición Ecológica, es decir, con un nuevo bono social -a coste del Estado-. No obstante, el Gobierno anunció este lunes que va a congelar la parte fija del recibo de la luz, sobre la que se cargan más de 14.000 millones de euros de costes del sistema eléctrico, hasta el 1 de abril de 2021.

Más allá de este anuncio, Unidas Podemos mantiene que la garantía de agua, luz y calefacción tiene que recaer en las empresas. Pero visto que, el PSOE está en completo desacuerdo con esa solución, apuntan fuentes políticas al elEconomista, los de Pablo Iglesias se conforman con que ese bono social no se hubiera suspendido en septiembre, dejando meses, como el de diciembre, caracterizado por el frío, sin protección a las familias.

Precisamente, el pasado martes, y con motivo de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz hizo alusión a este tema y adelantó que el Ejecutivo trabaja por ampliar la prohibición de los cortes del agua, luz y calefacción.

En la formación morada, ese propósito sonó a medias verdades por parte de Hacienda. Y por ello se remontan a las gestiones que Ione Belarra, secretaria de Estado de la Agenda 2030, hizo con los ministerios de Hacienda y Economía, con el fin de que el bono social no expirara en septiembre. Una actuación que no se pudo lograr, al no encontrar el apoyo de María Jesús Montero ni de Nadia Calviño.

Desde aquella fecha hasta ahora, el entorno de Unidas Podemos sospecha que no ha cambiado nada en la intención del PSOE. Por eso se dan más que por satisfechos con que al menos sus socios de Gobierno hayan variado sus postura con respecto a la prórroga de la moratoria de desahucios, pero no tienen muy claro cómo se va a resolver el impedimento del corte de suministros, y sobre todo, cuándo va a ocurrir esto, dadas las bajas temperaturas que vive el país.

Entre la venta y la cordura

Desde el primer encuentro entre el Ministerio que Vivienda que dirige José Luis Ábalos, y los dirigentes de Podemos encargados de esta negociación, pareció quedar claro que los suministros tenían una resolución más complicada, de modo que podía a afectar a otros ministerios como el de que es titular Teresa Ribera. Ala parte mayoritaria del Gobierno -explican fuentes ejecutivas a eE- le ha importado que el decreto de la moratoria se ajustara a soluciones reales y de cordura, más allá de que Podemos se arrogue la medalla y anuncie antes de tiempo una negociación a la que le quedan flecos técnicos.

Las pocas competencias por parte de los ministros de Iglesias, explicarían que desde sus departamentos se haga una política de enorme promoción que a veces no coincide con los logros, como puede ser la Ley de Vivienda, destacan a eE.

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