Opinión

¿Quién puede permitirse una nueva cuarentena?

Las consecuencias de un nuevo encierro por el virus

Nueve meses después de la entrada en vigor de la cuarentena provocada por la COVID-19, la economía española está solo comenzando a digerir sus efectos. La actividad, el empleo y la ocupación se han contraído con fuerza desde entonces. La renta disponible bruta de los hogares se redujo un 8,6% en el segundo trimestre de 2020 respecto del año anterior; la media para la Eurozona fue del 2,4% en el mismo período.

El Gobierno ha activado diferentes políticas para aliviar los efectos sociales de la recesión y las empresas tratan de mantenerse a flote gracias a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y a otras herramientas de ajuste que afectan a los ingresos de los trabajadores.

Con el objetivo de estimar el impacto potencial de un nuevo confinamiento en las rentas de los hogares, he establecido diferentes escenarios de pérdida de ingresos en función de la ocupación del cabeza de familia de cada hogar. A partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y mediante microsimulaciones para los 34.906 individuos y hogares contenidos en ella, he identificado aquellos hogares cuyos ingresos estarían "en riesgo" en caso de una nueva cuarentena: hostelería, transporte de viajeros…

Junto a ellos, un grupo de ciudadanos ven sus rentas algo más protegidas como consecuencia de su empleo (trabajadores públicos, esenciales, sectores más proclives al teletrabajo…), de su situación social (receptores de transferencias nacionales o regionales) o de sus contribuciones pasadas al sistema de Seguridad Social (pensionistas). Los datos muestran un claro dominio de las transferencias del estado para los primeros centiles de renta; el sector público, mediante pensiones, salarios públicos y transferencias, genera entre el 40% y el 50% de los ingresos entre los centiles de renta 10 y 80.

He supuesto diferentes escenarios de contracción de la renta en riesgo en función de si su caída se centra en grupos de trabajadores más o menos numerosos, y de si su contracción es más o menos severa. Los escenarios de análisis elegidos son aquellos que se aproximan más a la contracción de la Producto Interior Bruto (PIB) per cápita que estima el Fondo Monetario Internacional para España en 2020, cercana al 13%. Dicho escenario se corresponde con una caída del 70% de la renta para el 100% de los trabajadores en riesgo o, alternativamente, del 100% de la renta para el 70% de los trabajadores en riesgo.

Las clases medias y altas serían las más perjudicadas en caso de un nuevo confinamiento

La incidencia de ambos escenarios es abordada desde una triple perspectiva de protección para las rentas mínimas. Primero, se estudia qué sucedería si no existiera ningún esquema de protección de hogares bajo los umbrales de pobreza establecidos por el Estado. En segundo lugar, se valora la protección que proveía la Renta Mínima de Inserción (RMI) vigente hasta 2020. Finalmente, se aborda el papel del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la salvaguarda de las rentas durante la crisis.

Los resultados muestran la efectividad del Ingreso Mínimo Vital (IMV); su capacidad de amortiguación de la crisis supera a la de la RMI y a la de un escenario sin protección. Una nueva cuarentena incrementaría el porcentaje de pobreza de hasta un 8% en el supuesto de que no existiera ningún esquema de protección de rentas mínimas. Esos porcentajes serían del 7% en el caso de la RMI y del 6.5% para el IMV.

El Gobierno debe esforzarse para que el Ingreso Mínimo funcione de manera más efectiva

En cuanto a la desigualdad, el índice de Gini crecería desde el 0.49 antes de un nuevo confinamiento, hasta el 0.53-0.58 después del mismo, en el escenario sin ninguna protección. Para la protección mediante la RMI el índice de Gini crecería desde el 0.44 al hasta el (0.47-0.53). Finalmente, el actual IMV moderaría el incremento de la desigualdad, que pasaría del 0.43 a una horquilla entre el 0.46 y el 0.51.

Los grupos que más sufrirían el impacto de un nuevo confinamiento son aquellos que se sitúan en deciles de ingreso correspondientes a las llamadas clases medias y altas. Esto revela, en primer lugar, que las rentas más bajas se encuentran protegidas por un sistema de transferencias públicas generoso…al menos en teoría. En segundo lugar, que los empleos en riesgo se reparten de manera relativamente homogénea entre la población, si bien es cierto que las rentas más altas, con niveles formativos avanzados, se ven favorecidas por el teletrabajo y por la existencia de fuentes de ingreso no laborales.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, el reto es doble. Por un lado, el Estado tiene la nada sencilla tarea de financiar las prestaciones redistributivas que contribuyen a amortiguar la pobreza y la desigualdad. Por otro lado, el actual Gobierno debe esforzarse para que el IMV funcione de manera más efectiva. Su cuidado diseño se ha mostrado ineficaz en la gestión diaria de la prestación; una lección no adecuadamente aprendida después de años de operativa fallida de la RMI.

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