Madrid
Hasta cuatro cambios de requisitos ha aplicado en los últimos días la Seguridad Social para agilizar el atasco que aún persiste en las aprobaciones de expedientes del ingreso mínimo vital. Los esfuerzos de la Administración para depurar con la mayor velocidad posible las peticiones de ingreso mínimo vital parecen no estar surtiendo efecto a tenor de los retrasos existentes en las concesiones de esta ayuda. Concretamente, el Gobierno reconoce haber recibido desde el día 15 de junio casi un millón de expedientes, cuya magnitud se entiende porque la cifra es equivalente a los expedientes de pensiones que resuelve en un año completo pero a día de hoy, solo unas 470.000 han sido procesadas y comenzadas a analizar (47%) y de ellas, se han concedido 90.800, lo que significa un 9,2% del total de las recibidas.
En este punto, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, comparecía en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este miércoles para dar cuenta de las modificaciones llevadas a cabo para agilizar el proceso de aprobación de la ayuda. El primero de ellos, tal y como reconocía el ministro era el hecho de que muchos de los expedientes no eran asumibles por falta de documentación por lo que en primer lugar, el requisito de estar inscrito en las listas del Sepe se anula en el momento de la petición y se convierte en una obligación a posteriori, si bien se excepcionan los casos necesarios (mayores 65 años, personas con discapacidad, cuidadores de dependientes…).
En segundo lugar se ha ajustado la definición de "hogar monoparental" a lo inicialmente previsto, de modo que a a partir de ahora el adulto no tiene que ser el único sustentador, sino sólo ostentar la guardia y custodia en exclusiva. El tercer cambio en la reglamentación se refiere a la limitación a los menores de 30 años el requisito de 3 años de vida independiente y 1 año de cotización a la Seguridad Social (para el resto sólo un año de vida independiente).
Como último cambio, se extiende la posibilidad de ser titulares de la prestación a personas de más de 65 años que no sean beneficiarios de pensión de jubilación. Como consecuencia de estos cambios, la Seguridad Social también ha resulto el aumento del período de retroactividad del 15 de septiembre al 31 de diciembre para que las solicitudes recibidas antes de final de año se cobren con efectos retroactivos desde 1 de junio. Además, no se desestimará ninguna solicitud por silencio administrativo para lo que se amplía el plazo para recibir respuesta a 6 meses.
Se agilizan las denegaciones
Otra de las novedades que anunció el ministro José Luis Escrivá durante su comparecencia es el cambio de criterios llevado a cabo para agilizar las decisiones de los funcionarios en torno a la denegación de expedientes, a través de parámetros concretos. En este sentido reconoce el titular de Seguridad Social que se hasta el momento el proceso de denegación de la ayuda se llevaba a cabo a través de la comprobación de todos los supuestos que se prevén para la no concesión de la prestación. Desde este momento, simplemente con un primer tanteo a la vulnerabilidad de renta de los eventuales beneficiarios se podrá denegar la ayuda sin necesidad de abordar el resto de supuestos.
El otro elemento dinamizado con el que se espera dar cobertura a otros 60.000 beneficiarios es con la agilización en el intercambio de información con las comunidades autónomas. Como apunta Escrivá, en este momento, el procedimiento para incluir a los beneficiarios de programas de renta mínima en el ingreso mínimo vital precisa de una comunicación por parte de la administración regional de los actuales receptores de la ayuda autonómica en lo que la Seguridad Social inicia todo el proceso de reconocimiento, desde el inicio, para la concesión del ingreso mínimo. Dicha comunicación de que se está siendo beneficiario de un programa asistencial de la comunidad autónoma bastará desde ahora para otorgar el ingreso mínimo estatal.
Así, se prioriza el examen del criterio de vulnerabilidad al tramitar las solicitudes y se simplifican los requisitos de presentación del certificado de empadronamiento para el que se ha creado un proceso de intercambio de información con el INE. Ahora se debe presentar sólo cuando no coincida con los datos del INE y no se requiere el consentimiento para la consulta de datos de las personas empadronadas en el domicilio.
Con todas estas medidas, Escrivá espera que el número de hogares que se beneficiarán del ingreso mínimo vital (IMV) pasarán de los 90.000 que lo reciben actualmente a 135.000 a finales de octubre. Y que que casi el 70% de todos los expedientes vigentes (en torno a un millón) estén ya en proceso de gestión para "llegar a final de año muy cerca de nuestros objetivos iniciales", apuntó Escrivá. Cabe recordar que Un 27% de las peticiones que la Seguridad Social ha procesado hasta septiembre se han denegado un total de 86.152, en gran medida por no cumplir requisitos de renta y patrimonio, frente a un 28% que han sido aprobadas (90.800) y un 45% que están pendientes de subsanación (141.995)
Protección al 30% de los ocupados
El ministro de Inclusión también se refirió en su comparecencia a las medidas de protección de rentas tomadas durante la pandemia, que han permitido cubrir, además de la cobertura preexistentes, a más de 6 millones de personas, el 30% de la población ocupada, en el momento más agudo del cierre de la economía y que "han supuesto un esfuerzo presupuestario de más de 12.000 millones de euros sólo para la Seguridad Social".
Estas medidas han sido especialmente eficaces para que la evolución del empleo haya sido mucho más favorable que la del PIB en los últimos meses. "A diferencia del comportamiento en otros momentos del pasado, en el que PIB y empleo se comportaban prácticamente igual, en esta ocasión, la caída de la actividad ha sido cuatro veces mayor a la del empleo", destacó el ministro. Además, Escrivá subrayó que cuatro de cada cinco de personas cuyas rentas se protegieron a través de Erte, nuevas prestaciones para autónomos o desempleo, han regresado a la actividad, es decir, 4,8 millones de personas, de los 6 millones que se llegaron a proteger.
No obstante, pasada la fase aguda del confinamiento, se ha iniciado una mejoría del mercado laboral que ha llevado a recuperar dos de cada tres empleos destruidos. En cuanto a los Erte, el ministro ha destacado el "gran funcionamiento que ha tenido este instrumento, diseñado a priori para grandes industrias, en una economía de pymes y servicios como la española". En este sentido, Escrivá ha indicado que quedan 728.909 personas en estos expedientes, un 80% menos que los que había a 30 de abril, cuando se alcanzó el máximo de trabajadores en Erte.
En este sentido, el ministro apunta la importancia de "haber pactado con los agentes sociales la extensión de este mecanismo de protección hasta el 31 de enero de 2021", concentrándose en los trabajadores y empresas que sufran limitaciones o suspensiones de la actividad como consecuencia de las decisiones de las autoridades y en las que están "especialmente afectadas por la pandemia". Para definir este último concepto, Escrivá subraya que se ha determinado por primera vez "a partir de criterios objetivos: una tasa de recuperación en la actividad que ha sido inferior al 65% y además una tasa de afiliados cubiertos por Erte superior al 15%".
