La historia de los programas de rentas mínimas en la Unión Europea es extensa pero España se subirá ahora al carro de países que cuentan con una red de protección final para las familias y hogares más vulnerables, en situación de pobreza y exclusión social. A escasas horas de que el ingreso mínimo vital sea una realidad, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confirmado que el primer pago de la ayuda se realizará a 100.000 hogares por elección de oficio y se efectuará a finales del mes de junio.
Pero, ¿cómo se han ido poniendo los cimientos de la medida que finalmente supondrá un coste anual de 3.000 millones de euros para la Seguridad Social? Los primeros pasos para la realidad que se plasmará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del próximo sábado se remonta a 2017 y, al menos, se pueden diferenciar hasta cuatro fases por las que ha discurrido el aquilatamiento de la ayuda.
Iniciativa Legislativa Popular
En febrero de 2017 los sindicatos CCOO y UGT introdujeron en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de ingresos mínimos para 1,8 millones de hogares que fue tomada en consideración por la cámara para el estudio de la articulación de un proyecto de ley para abordar la ayuda. Los líderes sindicales Pepe Álvarez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO) anunciaron que contaban con 700.000 firmas que avalaban la propuesta y solo un mes después presentaron la norma que hubiera acarreado un coste anual de 11.000 millones de euros y hubiera completado los ingresos de las familias más pobres con 426 euros mensuales.
Sin embargo, parecía esta propuesta un brindis al sol en el escenario presupuestario en el que se encontraba nuestro país. Y de hecho, tanto el PP como Ciudadanos trataron de pulverizar la propuesta ocho meses después, en octubre de ese 2017, con la presentación de una enmienda a la totalidad de una medida que ya había iniciado los cauces para su futura discusión en el Congreso que fue tumbada precisamente por un amalgama de partidos (PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PNV, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias) que en buena medida protagonizarían medio año después la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Petición de evaluación a la AIReF
Este hecho de la moción de censura no es baladí en el transcurso experimentado por el ingreso mínimo en España. Una vez que Pedro Sánchez toma el control de La Moncloa en mayo de 2018 se solicita a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que elabore un análisis pormenorizado de la Iniciativa Legislativa Popular de los sindicatos para conocer su eficacia y su viabilidad presupuestaria. Es este el momento en el que el entonces presidente del organismo auditor del Estado, José Luis Escrivá, comienza los primeros cimientos de la ayuda que este viernes ve la luz en España.
Comienzan los trabajos y año más tarde, en junio de 2019, la AIReF presenta un prolijo informe donde a parte del análisis ex ante del impacto de la ILP presentada por CCOO y UGT se incorpora al estudio hasta dos modelos alternativos que estima la Autoridad Fiscal, serían óptimos en España. La conclusión es clara: es posible y viable articular un sistema de ingreso mínimo o renta mínima en España costeado por el Estado y extensible a todo el territorio nacional. Y es este el momento en el que se abre la caja de Pandora y en el que ciertas formaciones políticas adquieren el compromiso de llevar adelante la prestación en España.
Compromisos electorales
En este momento, y ante el Tourmalet electoral que se avecinaba en España, y con el trabajo de la AIReF ya iniciado pero no concluido (a escasos dos meses de finalización) tanto Unidas Podemos como el PSOE acuden a la convocatoria de comicios generales del 28 de abril de 2019 con la aprobación del ingreso mínimo vital en sus programas. Elemento que se reproduciría de manera similar en la repetición electoral de noviembre del pasado ejercicio, con el resultado de la conformación del actual Gobierno de coalición (el primero en la historia de España) y con la firma de un programa de legislatura en el que se encontraba, cómo no, el acuerdo para sacar adelante en los cuatro años de mandato el ingreso mínimo vital en España. Es decir, la medida que ve hoy la luz está comprometida por el Gobierno de España desde enero de 2020, cuando se formó el Ejecutivo. Y cuando se decidieron dos cuestiones cruciales: la separación de Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social; y la elección de Escrivá al frente de este último.
Entramos así, dentro de este relato, en la última fase hasta la aprobación de la prestación hecha realidad en este 29 de mayo de 2020, y pese a que son cuatro los meses que han transcurrido desde que Pedro Sánchez fuese investido en el Congreso, han sido los más intensos en términos de aquilatamiento de la medida y de debate sobre la misma, lo que ha llegado a generar un enfrentamiento entre Escrivá y el vicepresidente, Pablo Iglesias, a cerca de algunos de estos términos. En primer lugar a jugado un papel relevante la pelea de los tiempos: el estallido de la pandemia y su impacto social con la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo aceleró los planes del Ejecutivo para dar luz verde a una ayuda que supondrá el salvavidas de miles de hogares en estos momentos de excepcionalidad. Aquí, el resultado ha sido un punto intermedio entre las prisas del vicepresidente por abonar las pagas en mayo y la templanza de Escrivá que vaticinaba la aprobación en septiembre.
Además está el factor de la perpetuidad de la medida: si bien Iglesias abogaba por lanzar ya un ingreso mínimo extraordinario y coyuntural durante los meses de la pandemia para luego pasar al formato estructural de la ayuda, el ministro Escrivá era más partidario de acelerar en el diseño de la medida en su versión permanente y que fuera esta la que funcionase desde el inicio. "El problema de pobreza en España es estructural, no entiendo por qué la ayuda debe ser temporal", defendía Escrivá haciendo referencia a los informes de la Comisión Europea que solo nos sitúan por encima de Rumanía en términos de pobreza infantil.
Y también en esta última fase es en la que se han terminado por definir las bases de la ayuda y el impacto presupuestario de la medida. Finalmente, las prestaciones partirán desde los 462 euros hasta los 1.015 euros mensuales, se cobrará cada 30 días, será compatible con una nómina y con el cobro de otras ayudas, alcanzará a más de 2,2 millones de persona pertenecientes a 850.000 hogares. Se necesitará justificar el bajo nivel de renta mensual, en torno al 80% del IPREM y se tendrá que justificar una búsqueda de empleo para mantener la ayuda. El impacto en las cuentas será de 3.000 millones de euros al año y las comunidades autónomas estarán capacitadas para completar este ingreso con otros tramos de la ayuda con cardo a las cuentas regionales.
