El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha fijado el coste para las arcas del Estado del ingreso mínimo vital anunciado para el mes de mayo y que se comenzará a cobrar en junio en 3.000 millones de euros anuales. Esta cifra, supone una rebaja del gasto previsto en esta partida por todos los agentes sociales que han propuesto un modelo de renta mínima durante los últimos años, llegando a abaratar en un 70% la propuesta que piden los sindicatos, y que está en sintonía con el modelo elaborado por la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), en un proyecto que precisamente fue capitaneado por Escrivá cuando presidía el organismo auditor.
La Iniciativa Legislativa Popular presentada en 2017 por los sindicatos en el Congreso de los Diputados para articular un modelo de ingreso mínimo vital en España implicaba un gasto de hasta 9.800 millones de euros anuales (un 70% más del coste de la prestación que se terminará por aprobar). Pero no esta, si bien fue la primera, no es la única propuesta que se ha lanzado a la opinión pública en los últimos meses y que también será finalmente abaratada con la implantación del modelo AIReF para la ayuda.
En el tour electoral que ha vivido España en los últimos dos años, tanto el PSOE como Unidas Podemos extendieron propuestas para una medida de esta calado. Los socialistas estimaban en verano del pasado año impulsar una prestación con un coste anual cercano a 6.500 millones de euros, lo que implica que el ingreso mínimo vital aprobado por Escrivá reduce a más de la mitad la factura fiscal para el Estado. Desde la formación de Pablo Iglesias se sugirió una renta que alcanzase a 10 millones de personas y que tuviera un coste de hasta 12.000 millones de euros, dos puntos del PIB. Ahora, el Gobierno de coalición en el que se encuentra representada la formación morada sacará adelante una prestación de 3.000 millones de euros, es decir, un gasto cuatro veces menor.
Precisamente, sobre la causa de que el ingreso mínimo vital haya visto reducido su coste hasta la cifra anuciada por el ministro, fuentes de Moncloa reconocer a elEconomista que dos son las causas principales: por un lado está la imperiosa necesidad de ajustar al máximo las partidas de gasto que se vayan a aprobar los próximos meses ante la situación presupuestaria de nuestro país, aun más delicada al tener que hacer frente ahora también a la factura de la pandemia en términos de ayudas aprobadas en el ámbito laboral, sanitario y económico; y por otro lado, está el hecho de que la complementariedad con las ayudas de las comunidades autónomos supone en términos agragados un reparto de la carga que supone la ayuda. Así, al existir un tramo estatal "que será el suelo de este ingreso mensual" y un tramo regional heterogéneo según el territorio, el primero de ellos debe ajustarse para que la suma o el solapamiento con estas prestaciones de similar naturaleza no genere situaciones perversas sobre la cuantía percibida por los beneficiarios a través de las diferente administraciones.
Claves de la medida
En este sentido, parace claro, que la ayuda que comenzará a cobrarse en junio, tal y como avanzó este medio, tendrá similitudes reconocibles en la propuesta de AIReF. "Es una prestación destinada al hogar y ya sabemos que llegará a más de un millón de hogares, la mitad de ellos con niños y en torno a un 10% irá a parar a familias monoparentales", apuntaba recientemente el ministro Escrivá avanzando los detalles de la prestación, que se han ido conociendo con cuentagotas, sobre el número de posibles beneficiarios.
Además, el Gobierno llevará a cabo un peritaje individual de cada persona o núcleo familiar que solicite el futuro ingreso mínimo vital. "Se incluirá un test de patrimonio sobre riqueza neta",confirmada el ministro sobre los requisitos de acceso que fuentes de Moncloa aseguran serán "estrictos, de carácter individual, y con un seguimiento" para garantizar que las condiciones por las que se otorgan esta medida se mantienen con el tiempo. De lo contrario, estos beneficiarios saldrían del programa de ingreso mínimo vital que prevé articular el Gobierno como una herramienta que facilite el salto de ciertos colectivos al mercado laboral donde lograr un poder adquisitivo y nivel de vida adecuados. Por ello una de las claves es que esta ayuda será compatible con una nómina, tras haberse producido en los últimos años un repunte de las situaciones de vulnerabilidad entre hogares con algunos de sus miembros ocupados.
Lo que no ha trascendido aún, la cuantía mensual de la prestación, "la guinda del pastel", no se conocerá hasta los últimos momentos antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, si bien se especula con cifras que oscilarían entre los 400 y los 500 euros.
