El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, descartó este martes que los okupas puedan acceder al futuro ingreso mínimo vital si se empadronan tal y como ha trascendido en los medios durante las últimas horas. Y, más allá, acerca de la ayuda estrella de su misterio y que le ha costado una batalla interna con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró Escrivá que la ayuda se aprobará en la segunda mitad de mes de mayo, si bien no quiso precisar si en la segunda o la tercera semana, y que el coste final de la prestación será de unos 3.000 millones de euros que correrán a cargo de la Seguridad Social y que comenzará a percibirse a partir de junio.
Este plazo retrasa la previsión del vicepresidente Iglesias, que prometió el pasado 16 de abril que se iban a "dejar la piel" para que la renta mínima se cobrase a partir de mayo pero que finalmente estará sometido al calendario previsto por el ministro Escrivá, tal y como adelanto este periódico.
Además, según señaló el ministro en la rueda de prensa celebrada en Moncloa, se está diseñando un mecanismo multicanal para solicitar la prestación, a fin de llegar al mayor número de personas vulnerables posible. "En cuanto entre en vigor, podrá solicitarse" y destacó que además de la Seguridad Social, se pondrán en marcha "otros canales" complementarios para facilitar su acceso a través de los diferentes organismos y niveles de la administración.
"Yo llevaré al Consejo de Ministros una norma que a definir un ingreso mínimo vital con un mínimo vital y una prestación de la Seguridad Social", señaló sin especificar en que momento de la segunda quincena de mayo aprobará la medida el Consejo de Ministros.
Sobre si la medida debe ser temporal o permanente, se ha referido a las "abrumadoras" recomendaciones de todos organismos internacionales que insisten en que España es uno de los países de la OCDE con un mayor problema de pobreza severa y una peor distribución de la renta. "Esto hay que corregirlo. No entiendo que haya apelaciones a que esto sea temporal cuando es un problema estructural", ha añadido para añadir que el concepto de renta básica universal es distinto y conllevaría una reconsideración del Estado del Bienestar.
Finalmente, ha negado que la norma contemple que se beneficien los okupas que se hayan empadronado. "No hay nada de cierto, es parte de estas noticias que circulan sin ninguna base, no responde en absoluto a nada que esté planteado en la norma que está preparándose y que va a salir", concluyó.
Un segundo préstamo para pensiones
Tal y como adelantó en exclusiva este periódico hace ya dos semanas, el ministro Escrivá confirmó que la Seguridad Social precisará de un segundo préstamo para afrontar el pago de las pensiones y de las ayudas aprobadas para empresas y trabajadores por el impacto de la pandemia del coronavirus. Hace pocos días el Estado efectuó el préstamo de 13.800 millones de euros previsto en los Presupuestos Generales, lo que eleva la deuda del organismo con la Administración a los 70.000 millones de euros, a los que habrá que sumar el nuevo préstamo que el ministro no quiso cuantificar, si bien aseguró que existen vías para poder liberar este dinero pese a tratarse de unas Cuentas prorrogadas.
El ministro, que justifica esta medida por la caída de las cotizaciones también señaló este martes que se está estudiando un "faseado" de la prestación extraordinaria por cese de actividad que perciben los autónomos afectados por la crisis por el COVID-19.
"Estabilización" del empleo en abril
El ministro Escrivá destacó además que el impacto de la COVID-19 sobre la afiliación a la Seguridad Social ha sido mucho menor en el mes de abril que en marzo. "La comparación entre los 49.000 afiliados perdidos entre el 1 y el 30 de abril frente a los más de 800.000 perdidos entre el 12 y el 31 de marzo muestran claramente una estabilización del mercado laboral".
En gran medida, esta estabilización del empleo se ha producido gracias a que "las medidas tomadas en esta crisis han protegido mucho mejor el empleo de lo que sucedió en la crisis de 2008-2009", cuando la pérdida de afiliación fue más intensa. Ha recordado que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió entonces, "el empleo está cayendo mucho menos que el PIB".
El ministro subraya que el grueso del ajuste que se ha producido desde el 12 de marzo ha afectado a trabajadores temporales. Por el contrario, el empleo indefinido, que también sufrió una menor caída en marzo, ha sumado 21.000 afiliados en el mes de abril. Por edades, el ajuste desde el 12 de marzo también ha sido más acusado entre los más jóvenes. De hecho, el 50% de la destrucción de empleo por la COVID-19 se ha producido en personas de menos de 35 años (con aproximadamente 460.000 puestos de trabajo destruidos en estas edades).
Según ha destacado Escrivá, las medidas tomadas por el Gobierno han permitido proteger más de 4,5 millones de empleos sólo entre ERTEs y prestación extraordinaria para autónomos. De hecho, "estos trabajadores protegidos representan el 27% de la población ocupada". A ellos se sumarán en las próximas semanas "los beneficiarios de las nuevas prestaciones para el régimen de hogar y para trabajadores temporales", ambas inéditas en nuestro país, con lo que la cifra de trabajadores protegidos se incrementará, ha recordado. La protección a través de ERTEs y prestación de autónomos ha sido especialmente destacada en algunos sectores, como la hostelería, donde el 82% de los trabajadores afiliados están dentro de alguna de las dos medidas, superando los 1,1 millones de ocupados en protección.
"Estamos haciendo el mayor esfuerzo para proteger las rentas de los trabajadores", ha subrayó Escrivá, que ha estimado que las medidas de protección del Ministerio de Inclusión suponen una "transferencia de rentas de 6.500 millones hasta mayo". Además, a través de los aplazamientos y la moratoria de cotizaciones sociales, la Seguridad Social inyectará otros 750 millones de euros de liquidez en nuestra economía en estos meses.
