El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha adjudicado al grupo GFI Informática un contrato por valor de 257.857 euros para monitorizar y analizar las aplicaciones informáticas del SEPE con el fin de detectar problemas que afecten a su rendimiento.
Las mentiras tienen las patas cortas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pasó los últimos meses culpando a Europa de no poder reducir el IVA de las mascarillas, algo que se comprobó que era mentira cuando se descubrió que se trataba de una simple recomendación. Una recomendación es también lo que emitió Europa para luchar contra los bulos y la desinformación y, sin embargo, el Gobierno montó un Ministerio de la Verdad para perseguir a periodistas díscolas, con CNI incluido, dirigido por esa especie de Superman de La Moncloa, que es Iván Redondo.
El Ministerio de que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, el de Asuntos Económicos, hizo este jueves caso omiso a las amenazas de dirigentes de Unidos Podemos, como Pablo Echenique, y Rafael Mayoral, quien en pleno debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado afirmaron que el "desmontaje" de la reforma laboral del PP será absoluto, confiando en la colaboración de la ministra Yolanda Díaz.
"Las empresas con personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo tramitados conforme a lo previsto en los artículos 22 o 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que estén vigentes a 30 de septiembre de 2020, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del día 20 de octubre de 2020". Este párrafo del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre por el que el Gobierno prorrogó los Erte hasta el 31 de enero de 2021 ha sido suficiente para aumentar la carga del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al haber interpretado las empresas que debían solicitar de nuevo la ayuda a la que ya estaban adscrita.
El Gobierno ha planteado a los agentes sociales incentivar la contratación indefinida con un mínimo de 4.000 euros -y un máximo de 9.000 euros-, cuantía que se incrementaría en caso de que el trabajador pertenezca a uno de los colectivos considerados como vulnerables.
Los 956 inspectores de Trabajo más otro centenar de subinspectores están trabajando fines de semana y festivos para cumplir con las 250.000 actuaciones previstas este año con motivo de la pandemia. La pretensión del Organismo Autónomo de la Inspección -aunque se creó en 2015, el próximo ejercicio será el primer año que cuente con presupuesto propio- es que este 2020 se realicen 100.256 inspecciones relativas al fraude en los Ertes, en concreto en las prestaciones y la posible connivencia entre empresarios y trabajadores; otras 116.189 inspecciones derivadas de la habilitación que se otorgó a los inspectores en junio para que controlen y adviertan a las empresas del riesgo de la exposición al Covid-19 en los centros de trabajo, 30.813 informes de los Ertes y, finalmente, 2.876 inspecciones para investigar denuncias laborales de los trabajadores. En total 250.134 actuaciones.
La Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid remitió ayer una carta al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, solicitando aclaraciones sobre la actual normativa de los Ertes y realizando algunas sugerencias en aras a la seguridad jurídica, según la misiva a la que ha tenido acceso eE. En concreto, son 13 entre las consultas de aclaración y las solicitudes de cambios normativos.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que el Gobierno informará por carta a quienes tengan derecho a recibir el subsidio de 430 euros mensuales para trabajadores que estuviesen recibiendo prestaciones entre el 14 de marzo y el 30 de junio y no tengan acceso a otras ayudas ni posibilidad de incorporarse al mercado laboral. La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación en el Consejo de Ministros, entrará en vigor el jueves y el subsidio podrá solicitarse desde el día siguiente hasta el día 30 de este mes.
El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un subsidio para los auxiliares y técnicos de cultura que tengan cotizados 35 días, según ha adelantado la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista recogida en Antena 3.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que negocian PSOE y Unidas Podemos, contarán con "un incremento por encima del 30%" para las políticas activas de empleo, haciendo especial hincapié en los parados mayores de 45 años, que han sido "expulsados en lo mejor de su carrera profesional".
El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros los dos decretos contra la desigualdad de género en el ámbito laboral. El Ejecutivo da un plazo seis meses a las empresas de más de 50 trabajadores para implantar un registro salarial que garantice la transparencia en los sueldos
La nueva regulación del teletrabajo, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre y acordada con patronal y sindicatos, entra en vigor este martes, veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constató esta semana lo que ya sabíamos: los rebrotes están empeorando la caída de la economía. El Gobierno revisa a la baja en más de un punto la caída del PIB, al igual que el déficit, mientras que la deuda escalará hasta el 118% del PIB, hasta tres puntos peor de lo esperado. España se convierte así en la economía más azotada por el virus del mundo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). En unas circunstancias tan complicadas y ante la ausencia de un superávit fiscal al que echar mano para financiar los gastos, como tienen los países del norte de Europa, Sánchez solo tiene una salida: recurrir a los fondos europeos. Sin ellos, estaríamos al borde de la quiebra.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha garantizado la prórroga de los ERTE más allá del 31 de enero si fuera necesario como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la "percepción social" de que la carga tributaria recae en gran medida en las clases populares y los trabajadores se corresponde con una situación que es "real", por lo que se ha mostrado partidaria de bajar los impuestos a una parte de la ciudadanía y, al mismo tiempo, subir otros tributos que, como los que gravan los artículos de lujo, pueden ser "redimensionados".
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 "están ya pactados dentro de la coalición" de Gobierno y "muy hablados con los socios de investidura", por lo que sostiene que "habrá cuentas nuevas y serán muy expansivas".
El Pacto de Toledo estudia la posibilidad de desviar hasta 12.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones por desempleo que va a parar al Sepe a los fondos de la Seguridad Social para afrontar futuros gasto en pensiones. Concretamente, el documento sobre el que trabajan los partidos representados en la Comisión parlamentaria encargada de emitir las recomendaciones para la reforma del sistema público, recoge la posibilidad de derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al Sepe hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.
El fondo Liberty House no tira la toalla con Alcoa. Pese a que las negociaciones entre ambas partes acabaron el pasado fin de semana, la compañía mantiene su interés en poder alcanzar un acuerdo para quedarse con la planta de San Ciprián.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que en septiembre se ha producido un descenso mensual del paro y que los datos que se publicarán este viernes dejarán la cifra de parados en la mejor para este mes desde los años "noventa y tantos".
El Gobierno estudia prorrogar la prohibición de los cortes de suministro de luz, agua y gas natural que vence el próximo 30 de septiembre. Según fuentes consultadas por este diario, dicha prohibición podría alargarse hasta el 31 de enero, para que la fecha fuera coincidente con la ampliación de los Ertes que se está negociando en la mesa tripartita. Además, el Ejecutivo está valorando incrementar este escudo social también para el sector de la telecomunicaciones, de modo que no se cortara a los consumidores vulnerables el acceso a la telefonía, imprescindible ahora para la atención médica en los confinamientos.
Oficialmente, la CEOE insiste en que siguen sentados en la mesa que debate la prórroga de los Ertes de fuerza mayor, aunque reconocen un cierto bloqueo mientras que el Gobierno siga empeñado en prorrogar por sectores, limitándose -de momento- al turismo, pero dejando fuera al comercio y la hostelería. El acuerdo, de poder cerrarse, debe llegar como tarde este lunes, pues el miércoles 30 de septiembre los actuales expedientes dejan de tener amparo jurídico. Por tanto, el Gobierno debería aprobar la nueva normativa en el Consejo de Ministros del martes 29.
El plazo para un acuerdo en la prórroga de los Ertes de fuerza mayor se agota, pues pierden su vigencia el 30 de septiembre y el RDL debe ser aprobado como tarde en el Consejo de Ministros del próximo martes. Este jueves volvió a reunirse la mesa, y después de 9 horas decidieron levantarse y congregarse nuevamente -quizá este fin de semana-, a la espera de un nuevo documento que ha de enviar el Ministerio de Trabajo.El Gobierno reconoce que la diferenciación en el nivel de apoyo a las empresas es el centro del conflicto. Los agentes sociales han centrada las diferencias en los sectores que se van a prorrogar (quieren incluir parte de comercio y hostelería) y las exenciones a la Seguridad Social que tendrán los sectores. No obstante, desde los sindicatos y el Gobierno se habló este jueves de avances; no así la CEOE que guarda mutismos, aunque considera que no habrá acuerdo si no se ampara a todas las empresas en Erte.
El Gobierno está sopesando alguna fórmula para ayudar a las empresas a hacer frente a las caídas de ingresos producidas por las nuevas medidas de restricciones de movimientos que están adoptando la mayoría de comunidades autónomas, según explican a elEconomista fuentes cercanas al Ejecutivo. Sin embargo, tras las negociaciones que el Gobierno y los agentes sociales han mantenido tanto la tarde del miércoles como a lo largo de este jueves, el acuerdo sigue sin llegar.
Bruselas ha confirmado por escrito que España no se ha puesto en contacto con las autoridades comunitarias para solicitar ayudas específicas al turismo en los más de seis meses de pandemia pese a ser uno de los sectores más vulnerables en esta crisis. Así se recoge en la respuesta de la Comisión Europea a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se alega que se pidieron ayudas para el sector por otras vías y Bruselas rechazó la solicitud. El Ejecutivo también afirma que se han implementado otros planes que no requerían 'luz verde' europea.
Las empresas que no formalicen por escrito el acuerdo de trabajo a distancia con los trabajadores aprobado este martes por el Consejo de Ministros podrán ser multadas con entre 626 y 6.250 euros, según establece el decreto-ley sobre el trabajo a distancia publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que no se podrá alegar como causa de despido objetivo, los que tienen una menor indemnización de 20 días por año, las dificultades en el desarrollo del teletrabajo.
El Gobierno ha alcanzado un preacuerdo con los agentes sociales para la regulación del teletrabajo en el sector privado. De esta forma, y a la espera de que CEOE, Cepyme, CCOO y UGT sometan el texto a la ratificación de sus organizaciones, está previsto que el Consejo de Ministros apruebe este mismo martes la norma consensuada.
El Gobierno volverá a reunir a los agentes sociales para continuar con las negociaciones sobre la normativa que regirá el teletrabajo en España. Quedan así arrinconadas las expectativas de que el Ejecutivo volviera hoy a servirse de un decreto-ley para zanjar esta cuestión, en vía muerta desde principios del mes pasado.
Los roces entre el ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social amenazan con demorar la aprobación de ciertas medidas clave en la preparación de la economía para la recuperación de la crisis provocada por la pandemia, como el acuerdo de ampliación de los Erte hasta el 31 de diciembre. Son públicas ciertas discrepancias entre los ministros de Unidas Podemos y los del PSOE si bien la inmediatez de la puesta en marcha de ciertas políticas que afectan al mercado de trabajo está tensando la cuerda en el seno del Ejecutivo.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue apostando por unos Presupuestos Generales del Estado que corrijan brechas de desigualdad. "No nos sirven unos presupuestos moderados cuando un trabajador que cobra 430 euros de subsidio de desempleo no puede preservar su salud porque no puede comprarse mascarillas", ha sentenciado en una entrevista que este domingo publica La Vanguardia.
