La gran preocupación de los trabajadores a lo largo de su carrera profesional es cuánta pensión de jubilación les quedará en un futuro. Para ello deben acumular cotizaciones, las máximas posibles, y son ellas las que determinan la cuantía de esa pensión de jubilación que dichos trabajadores desean cobrar el resto de su vida.
El ciudadano siempre encara los últimos años de su vida laboral pensando cuándo podrá jubilarse y con qué pensión de jubilación. Sin embargo, podrá despejar ciertas dudas si acude a los organismos oficiales como, por ejemplo, la Seguridad Social que se encarga de gestionar este tipo de prestaciones.
La normativa de la Seguridad Social apenas permite el cobro de varias pensiones que pertenezcan al mismo régimen a la vez. Sin embargo, existen ciertas excepciones en las que el ciudadano, si cumple con unos requisitos muy concretos, puede compatibilizar el cobro de esas dos pensiones.
Una de cal y otra de arena. Esa ha sido la tónica de los mercados durante el primer trimestre de 2022. La última semana la volatilidad se ha reducido, aunque los frentes abiertos que instalaron el pánico en las bolsas aún planean de fondo: la invasión rusa de Ucrania, la subida constante de la inflación y los descuentos de subida de tipos por parte de los mercados.
El cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación no tiene por qué significar nada para el trabajador, ya que al igual que puede ejecutar ese retiro y pasar a cobrar pensión también tiene la posibilidad de retrasar la jubilación y seguir trabajando para recibir diferentes recompensas por el tiempo extra cotizado. Sin embargo, en algunas situaciones concretas el cumplimiento de esa edad puede conllevar su despido de la empresa y su jubilación efectiva.
Aunque una gran parte de los cambios incluidos en la primera pata de la reforma de las pensiones ideada por José Luis Escrivá afectó a las jubilaciones anticipadas, también se han producido modificaciones en lo que sería la otra cara de la moneda: las jubilaciones demoradas que premian retiros profesionales más allá de la edad de jubilación ordinaria.
La cotización previa es un requisito crucial para conseguir una pensión contributiva en cualquiera de sus diferentes vertientes (jubilación, incapacidad permanente, viudedad...), pero en aquellos casos en los que los trabajadores no consiguen esos años obligatorios de cotización la Seguridad Social ofrece las pensiones no contributivas, que tienen como objetivo cubrir económicamente a esas personas.
Cuando un trabajador se queda sin empleo y recibe alguno de los subsidios o prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como el paro no queda completamente descubierto en materia de cotizaciones. Esto, sin embargo, no sucede en todos los casos: solo con el cobro de algunas ayudas se mantiene la cotización para la jubilación y no se produce un parón en las contribuciones que repercutiría posteriormente de forma negativa en la pensión.
El cobro de una pensión de jubilación admite muchas incompatibilidades, pero en un caso se puede percibir a la vez que otra prestación: el Ingreso Mínimo Vital, que está muy cerca de llegar a un millón de personas después de su puesta en marcha a mediados de 2020.
Los autónomos generan el derecho a recibir una pensión de jubilación realizando su actividad durante años. Sin embargo, a la hora de calcular la cantidad que ingresará mensualmente influye el tiempo que haya dedicado al autoempleo y el dinero que haya cotizado durante ese periodo.
El paso de un trabajo a la jubilación no se hace de forma automática: el proceso de solicitud de pensión pasa por una serie de trámites que dependen del trabajador pero también de la Seguridad Social. Así, al momento en el que la persona solicita la pensión se une el tiempo que tarda la Seguridad Social como otra de las variables que determinarán posibles interrupciones en la percepción de ingresos en el paso de la vida laboral activa a la jubilación.
El Ministerio de la Seguridad Social y el de Asuntos Económicos han desvelado cuál será la contrapartida económica que recibirán las empresas que decidan implantar los nuevos planes de empleo que quiere impulsar el Gobierno: un máximo de 301 euros al año por trabajador, según se puede deducir de una farragosa fórmula que se incluye en el último borrador del Anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso elEconomista, que desarrolla el fondo público de empleo. Junto a esta fórmula, la otra gran novedad del borrador es la posibilidad de que el trabajador tenga una mayor aportación que el empresario, aunque el exceso se graduará según una tabla de coeficientes.
De entre todas las variables a las que un trabajador debe prestar atención de cara a su futura pensión de jubilación una de las más importantes es la base reguladora, un concepto que es común a las prestaciones de la Seguridad Social y por desempleo y que es crucial en el futuro importe de la pensión de dicho trabajador.
Las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no solo afectan a las personas que perciben un salario, ya que también son de aplicación a los pensionistas, salvo contadas excepciones en las que las pensiones no tributan por este impuesto.
El momento de la jubilación es uno de los más importantes de la vida, por lo que conviene estar bien informado de todos los trámites que hay que hacer y el plazo y forma para realizarlos. Es por eso que la Seguridad Social, en su labor de información para con los ciudadanos, va explicando de forma periódica cómo hay que hacer diferentes procesos como, por ejemplo, la solicitud de una pensión de jubilación.
Las cuentas de la Seguridad Social arrojan ya pocas dudas sobre la necesidad a medio plazo de completar la pensión pública con ahorro privado para mantener el nivel de vida en la jubilación. Un elemento que, más allá, refrenda las medidas adoptadas por el Gobierno en la reforma del sistema público que se encuentra aún en fase de negociación con los agentes sociales. De hecho, uno de los puntos invoca a un impulso de la previsión complementaria en nuestro país a través de los planes de pensiones de empleo, que el Ejecutivo a culminado con la reciente aprobación del fondo público de pensiones. Con el que se pretende incluir a 10 millones de trabajadores en planes de ahorro a largo plazo.
Uno de los mayores quebraderos de cabeza de los trabajadores, especialmente en la etapa final de su vida laboral, es conseguir una pensión de jubilación y hacerlo, además, con un importe que pueda satisfacer sus necesidades y permitirle un retiro cómodo y sin estrecheces económicas. Un historial reducido de cotizaciones o aportaciones a la Seguridad Social de baja cuantía puede poner esto en peligro, pero existen mecanismos para combatir esos problemas.
Casi tan importante como conocer cuáles son los requisitos para acceder a las prestaciones sociales es saber cuál será la cuantía de dichas prestaciones, gestionadas por la Seguridad Social y entre las que se incluyen las más abonadas de todas, las pensiones contributivas (de jubilación, viudedad, incapacidad permanente...).
La jubilación y el cobro de la pensión correspondiente se ven como un paso normal una vez se alcanza la edad exigible para poder hacerlo. Con todo, no es un proceso automático, ya que no siempre se inicia de forma instantánea ni genera derecho a las mismas cantidades.
El Ministerio de Seguridad Social impondrá una comisión máxima del 0,3% a las gestoras privadas que aspiren a gestionar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública o los planes de pensiones simplificados. La imposición de este límite se ha convertido en uno de los aspectos más polémicos durante la negociación que el departamento que dirige José Luis Escrivá ha mantenido con empresarios y sindicatos.
La generación del baby boom que se jubilará en las próximas dos décadas amenaza con tensionar las cuentas de las Seguridad Social con un alza del gasto en prestaciones azuzado por las mejoras de las carreras laborales en España experimentada en los últimos 20 años. Ahora, bien esta generación fiará la mayor parte de sus ingresos para la jubilación a la pensión pública que recibirán por parte del Estado, toda vez que el colectivo registra exiguos niveles de ahorro complementario. Concretamente, solo el 16% de los españoles nacidos entre 1957 y 1977 (que hoy tienen entre 44 años y 64 años) cuenta con un plan de pensiones para la jubilación.
El gasto en pensiones mantiene la senda ascendente, alcanzando ya una factura mensual de 10.755,5 millones de euros, y no parece, por las cifras que arroja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la nómina de prestaciones del mes de febrero, que este incremento vaya a cesar en el corto plazo. El desembolso aumenta en este segundo mes del año un 4,8% en comparación con 2021, azuzado principalmente por el efecto del IPC en las revalorizaciones de las pagas, y por la presión de las nuevas jubilaciones, que alcanzan pensiones mensuales en el régimen general de 1.628 euros. Más allá, la coyuntura hace que estas nuevas pensiones de jubilación sean hasta un 23,3% más altas que el sueldo más habitual en España.
El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la compatibilidad de la pensión de jubilación y el trabajo como autónomo. Este organismo ha sentado las bases para cobrar el total del subsidio a la par que se realiza una actividad por cuenta propia.
Para percibir el 100% de la pensión de jubilación al tiempo que se desarrolla una actividad por cuenta propia es necesario desarrollar una actividad como autónomo, a título individual, y tener contratado algún trabajador.
El Consejo de Ministros ha dado este martes el visto bueno al proyecto de ley que impulsará los planes de pensiones de empleo sin el apoyo de los agentes sociales. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha incluido una desgravación en el impuesto de Sociedades para las aportaciones de las empresas como solicitaban los empresarios en la mesa de negociación.
El Consejo de Ministros dio luz verde definitivamente al proyecto de ley para la articulación del fondo público de pensiones con el que se pretende dar un impulso definitivo al ahorro complementario para la jubilación, una de las tareas pendientes de España si elevamos la comparación al resto de países del entorno comunitario y, más allá, se trata de una demanda de Bruselas de cara a la reforma del sistema público de pensiones.En concreto, el proyecto de ley ha incorporado incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Hay que recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se continúa el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.500 euros, respectivamente. Eso sí, el texto no incluye definitivamente una de las demandas del sector privado, que ha trasladado al Ejecutivo hasta el último momento previo a la aprobación y que era una condición para sostener un apoyo público a la medida: la desgravación fiscal en el impuesto de Sociedades. Se espera, según el calendario comprometido con la Comisión, que estos fondos de promoción pública estén activos para la segunda mitad de 2022. De ello dependerá que nuestro país reciba el tramo correspondiente al segundo semestre de este año procedente de los fondos Next Generation, por valor de 6.000 millones de euros.
Aunque la tendencia habitual es la de retirarse cuando llega la edad de jubilación algunos trabajadores que cumplan dicha edad (o la que permite jubilaciones anticipadas) pueden decantarse por prorrogar su carrera laboral durante cierto tiempo para aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social. Esas personas, si tienen derecho a ella, pueden cobrar la pensión de jubilación mientras siguen con su trabajo.
Los últimos años de la carrera laboral de los trabajadores son extremadamente importantes de cara a la obtención de su futura pensión de jubilación. No solo porque los requisitos para conseguirla le obligan a trabajar al menos en dos de los últimos 15 antes de solicitar la jubilación, sino porque, en paralelo, son los que determinan la cuantía de la pensión que cobrará cuando se retire definitivamente.
El Gobierno no contará con el apoyo de la CEOE para el Anteproyecto de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo que aprobará mañana el Consejo de Ministros -lo anunció el viernes el responsable de Seguridad Social, José Luis Escrivá-, según declaran a eE fuentes de la patronal y reconoció el ministro el pasado viernes.
El requisito más importante para acceder a una pensión de jubilación es la cotización previa, que además también sirve para conocer cuál es la cuantía de la pensión con la que se queda el jubilado cuando finaliza su vida laboral. Es por esta razón que los parones en la cotización, esos periodos sin trabajo en los que no se cotiza, pueden resultar ciertamente perjudiciales si se producen en la última etapa profesional del trabajador.
