Abengoa apura sus últimas opciones para evitar la quiebra. La compañía ha redoblado este martes la presión sobre la Junta de Andalucía con la vista puesta en los Presupuestos que el Gobierno de Juan Manuel Moreno aprobará previsiblemente este miércoles.
Los bancos españoles impulsaron, en el inicio de la crisis, una ambiciosa política de apoyo a empresas y familias, mediante concesión de moratorias en los pagos de hipotecas y créditos al consumo. Transcurridos varios meses desde entonces, las entidades tienen que poner un límite a esos periodos de carencia y, de hecho, el volumen de créditos que se beneficiaban del diferimiento de los pagos se ha reducido notablemente, un 57%, en el pasado mes de septiembre.
La foto de Sánchez e Iglesias en la presentación de los Presupuestos de 2021 muestra cómo la política, al igual que ocurre con la pandemia, marcará las cuentas del próximo año. Los dos mandatarios destacaron que son los más sociales de la historia. Y desde luego no les falta razón. En un vistazo rápido a las partidas para el año que viene, el gasto en servicios sociales se incrementa el 70 por ciento, el de acceso a la Vivienda el 338 por ciento, el de Sanidad sube el 75 por ciento y el destinado a formación otro 70 por ciento. Todo un chorro de dinero para sacar al país de la crisis a golpe de talonario. La cuestión es si podemos permitirnos todo este gasto y cómo lo vamos a pagar.
La banca empieza a hacer números sobre el efecto que tendrá en sus cuentas la esperada subida de la morosidad el próximo año y trabaja ya con el Gobierno para flexibilizar las condiciones de las líneas de avales ICO, una medida que ha sido vital para preservar el tejido industrial de nuestro país tras el estallido de la pandemia. Lo que no está en discusión es que el Estado vaya a tener que pagar en metálico a las entidades por los avales que se ejecuten en los préstamos con garantía pública puesta en marcha en abril, cuyas coberturas se sitúan entre el 60 y el 80% de los importes concedidos.
Las Cortes de Castilla y León, a través de la Comisión de Economía y Hacienda, han aprobado una Proposición No de Ley de Ciudadanos para ampliar al menos un año el período de carencia para los créditos ICO concedidos, así como aumentar el porcentaje de cobertura de los nuevos avales y una reducción de los tipos de interés en los nuevos préstamos.
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha adelantado que negocia con la Comisión Europea para poder ampliar el periodo de carencia de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) otros 12 meses para préstamos a empresas, autónomos y pymes.
El Congreso de los Diputados debate este martes la posibilidad de ampliar el plazo de amortización de los créditos ICO avalados por el Estado de cinco a seis años y la posibilidad de extender el periodo de carencia, tal y como ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular. La formación ha presentado una Proposición no de Ley para flexibilizar las condiciones de estos avales con el objetivo de facilitar a las empresas, pymes y autónomos afectados por los efectos de la pandemia la amortización de los créditos, especialmente cuando las principales autoridades ya atisban que la recuperación de la economía española se va a alargar más de lo esperado, hasta 2023.
La próxima semana debería dar luz a los Presupuestos para el próximo ejercicio, después de dos años de intentos fallidos. Poco se conoce, sin embargo, sobre qué medidas contendrá. La feroz lucha entre Iglesias y Calviño mantiene en vilo hasta el último minuto al Gobierno. La vicepresidenta ha encontrado una fiel escudera en la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a la que últimamente se sumó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la defensa de sus posiciones.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado su segunda emisión de bonos verdes por importe de 500 millones de euros destinado a empresas españolas que impulsen la transición ecológica.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado este miércoles que se está trabajando con las entidades financieras y la Comisión Europea "para ver cómo adaptar los avales del ICO" y aseguró que "si hace falta" se adoptarán nuevas medidas para de apoyo al tejido productivo y el empleo.
Como ponen de manifiesto los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las pymes están siendo uno de los colectivos más golpeados de la sociedad por la pandemia. Y es que el número de pequeñas y medianas empresas en España ha caído más de un 8% respecto a 2019 a cierre de junio, las últimas cifras disponibles.
El pasado agosto presenció un llamativo cambio en la concesión de créditos a empresas de nuestro país. El volumen de recursos destinados a este tipo de préstamos descendió hasta situarse en 15.600 millones, un mínimo para el que no existen precedentes en la actual serie estadística, iniciada en 2010.
El Banco Central Europeo (BCE) da la voz de alarma sobre la situación de las empresas españolas. El supervisor advierte que las compañías de nuestro país son las que más deuda han absorbido durante la crisis del coronavirus a través de los avales públicos en comparación con las del resto de la zona euro. A su juicio, las firmas se han visto abocadas es tirar de crédito ante la falta de estímulos por parte del Ejecutivo como moratoria de impuestos o ayudas directas.
La Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social mostró un preocupante comportamiento el mes pasado, ya que casi 5.400 sociedades se dieron de baja.
El temor a posibles tensiones de liquidez ante la crisis ha llevado a las empresas españolas a llevar a cabo un boom de emisiones de pagarés, que en muchos casos cuentan con el aval del Gobierno a través del ICO, según los datos registrados en el Marf (Mercado Alternativo de Renta Fija). Es el caso de El Corte Inglés, Sacyr, Tubacex, Audax, Aedas, Hotusa o Pryconsa, entre otras.
El fuerte e inesperado impacto que está dejando la actual pandemia a lo largo y ancho del globo, ha supuesto un duro golpe para muchas familias y negocios. Solo en España, la OCDE estima que la tasa de paro ronde el 20% a final de año, mientras que Exceltur espera que un sector como el turismo pierda más de 80.000 millones de euros.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha confirmado este martes que acordó con el presidente Pedro Sánchez convertir el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en una banca pública después de que se descartara la propuesta de hacerlo con Bankia.
El parón en las líneas de avales del ICO ha hundido el crédito que concede la banca a las empresas. En julio, de acuerdo con los últimos datos del Banco de España, la financiación otorgada a compañías se desplomó un 21,3% como consecuencia de la menor demanda tras el aluvión de abril, mayo y junio. En concreto, las entidades otorgaron 28.038 millones frente a los 35.643 millones del mismo mes de 2019. Del importe, unos 10.000 millones, algo más de un tercio del total, está garantizado hasta el 80% por el Estado.
Las entidades financieras han inyectado ya 98.411 millones de euros a empresas, pymes y autónomos a través de 771.507 préstamos avalados por el Instituto Oficial de Crédito (ICO), según datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con fecha de 24 de agosto.
OHL ha logrado el respaldo mayoritario de sus bonistas para disponer del crédito de 140 millones que logró en abril con aval del ICO y abordar la reestructuración de las dos emisiones emisiones de bonos vivas que tiene la sociedad, por importe conjunto de 593 millones de euros.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha reclamado tanto al Gobierno como a la Junta de Andalucía un cambio de la normativa reguladora de las Líneas ICO y de los avales de la Sociedad de Garantía Recíproca, respectivamente, "para ampliar el periodo de carencia", tras advertir de que "ni los autónomos ni las empresas van a estar en condiciones de pagar capital en abril o mayo" del año que viene y antes de que se genere "una mora tremenda en el sector financiero".
En los últimos tres meses, la entidad ha concedido estas operaciones de financiación -entre créditos y préstamos- a pymes, autónomos y grandes empresas, siendo el 88,7% nueva financiación.
El Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de un primer tramo de 8.000 millones de euros de la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe conjunto de 40.000 millones de euros para empresas, después de que la primera línea de 100.000 millones de euros se haya agotado y sigan existiendo necesidades de financiación. En directo | Última hora sobre el coronavirus
El Consejo de Ministros formalizará este martes, 28 de julio, el acuerdo para poner en marcha la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40.000 millones de euros para empresas, después de que la primera línea de 100.000 millones de euros se haya agotado y sigan existiendo necesidades de financiación. En directo | Última hora sobre el coronavirus
Los ansiados avales del ICO para que la banca diera microcréditos a los inquilinos vulnerables para afrontar el alquiler se han quedado en papel mojado. No hay demanda. De un lado, desde el sector del alquiler insisten en que los arrendatarios temen la opción de endeudarse ante la compleja situación actual económica y el mayor desempleo. Pero de otro, fuentes del sector financiero admiten que el propio proceso para solicitar un microcrédito pone trabas que desincentivan su petición y las propias entidades evitan publicitar estos préstamos ante el volumen de recursos que tienen que movilizar para el escaso o casi nulo negocio que les reporta.
Por segunda vez en su historia, Abengoa está en vías de lograr un acuerdo histórico que evite la entrada en concurso de acreedores. Aún faltan flecos por perfilar, pero la ingeniería ha registrado un importante avance para resolver su actual falta de liquidez.
El astillero vasco Balenciaga, integrado en Pymar, que agrupa a los principales astilleros españoles, ha obtenido financiación de Kutxabank e ICO para la construcción de un buque destinado a la acuicultura para el armador noruego Samlaks. Ambas entidades asumen la operación de 19,2 millones de euros a partes iguales.
El documento de conclusiones en materia de reactivación económica de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados resulta desolador para cualquier pyme o autónomo con problemas de liquidez. La liquidez, mencionada cuatro veces en el documento, se asocia únicamente a la concesión de financiación, tanto por parte del ICO como por parte de las instituciones europeas. Y, lamentablemente, no solo es eso, señores diputados. Este enfoque tiene un tremendo error conceptual que voy a intentar aclararles.
El sector del capital riesgo español está de enhorabuena. Tras enfrentar uno de los primeros semestres más duros desde la crisis por la pandemia del coronavirus y su consecuente impacto en sus participadas, acaba de recibir un nuevo espaldarazo de la mano del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El organismo acaba de dar el visto bueno al lanzamiento de la que se convertirá en la mayor movilización de recursos para el sector: repartirá 430 millones de euros entre 16 gestoras.
