El Banco Central Europeo (BCE) da la voz de alarma sobre la situación de las empresas españolas. El supervisor advierte que las compañías de nuestro país son las que más deuda han absorbido durante la crisis del coronavirus a través de los avales públicos en comparación con las del resto de la zona euro. A su juicio, las firmas se han visto abocadas es tirar de crédito ante la falta de estímulos por parte del Ejecutivo como moratoria de impuestos o ayudas directas.
El Gobierno puso a disposición de empresas, pymes y autónomos una primera línea de avales por 100.000 millones de euros, que después amplió a otros 140.000 millones, con el objetivo de mantener la liquidez de las compañías ante la crisis del coronavirus. Según el BCE, del global de la deuda de las empresas españolas, el 11% ya corresponde a los compromisos adquiridos a través de los avales ICO. La cifra dista de la situación de las firmas de otros países europeos. En Francia, donde el Ejecutivo habilitó una línea de 120.000 millones, el peso global de la deuda de las empresas adquiridas a través de este sistema solo alcanza el 5%. En Italia las compañías han absorbido 55.000 millones de euros a través de estas líneas, que ya le suponen el 4% de su deuda global y en Alemania, donde han solicitado préstamos por 45.000 millones, el peso global de la nueva deuda adquirida a penas es del 2%.
"En España, el mayor recurso a los préstamos garantizados puede atribuirse en parte a la menor disponibilidad de medidas alternativas de alivio fiscal para las empresas (por ejemplo, moratorias de la deuda y concesión directa de ayudas estatales)", explica el supervisor en un análisis que evalúa el alcance de estas garantías.
No obstante, a pesar del excesivo endeudamiento que han asumido las firmas nacionales, el organismo que encabeza Christine Lagarde reconoce que la puesta en marcha de estos avales han permitido mantener la liquidez de las empresas en un momento de cierre de la economía y unas condiciones de financiación favorables por parte de la banca.
Así, advierte que la eliminación gradual de los planes de garantías públicas deben evaluarse cuidadosamente en función de las necesidades de financiación de las empresas en los meses venideros. "Si se ponen fin a esos planes de manera prematura y demasiado abrupta, se corre el riesgo de precipitar graves restricciones de liquidez para las empresas y provocar quiebras, lo que a su vez agotaría el capital de los bancos", señala. Además añade, que esta situación podría dar lugar a una reducción repentina de las corrientes de crédito y a un endurecimiento de las condiciones de financiación, lo que instigaría a más quiebras y también obstaculizaría la financiación del ajuste de las empresas supervivientes hacia una nueva forma normal de hacer negocios.
El BCE apunta a mantener los avales pero haciendo un juego fijo que permita mantener a las empresas viables, pero sin que el Estado corra un excesivo riesgo, ya que en caso de impagos por parte de las compañías, es el erario público quien asume el agujero.
La visión del BCE está en línea con la del Banco de España. El gobernador Pablo Hernández de Cos ya ha instado en varias ocasiones al Gobierno a mantener los estímulos a empresas y familias, mientras la recuperación no sea completa. De hecho, en una de sus últimas intervenciones, abrió la puerta a la posibilidad de ampliar los avales, solo para empresas viables, si fuera necesario. Según el supervisor nacional, los avales puestos sobre la mesa solo cubrirían el 75% de la necesidad de liquidez de las compañías.
El escenario es un juego macabro para las empresas, ya que mientras Europa advierte del alto endeudamiento, tampoco hay más alternativas que lo evite.
Temor al fin de carencia de pago
La falta de la recuperación de la economía y las cada vez mayores restricciones a la movilidad han imposibilitado la buena marcha de pymes y autónomos, que miran con temor el momento de afrontar el pago de los avales ICO.
Las compañías comenzaron a pedir estos préstamos en abril, no obstante, el Real Decreto-ley permitía a los deudores solicitar una carencia de pago de hasta un año como máximo para afrontar la deuda. Es decir, aquellas compañías que quisieron pidieron los préstamos pero negociaron con la banca no comenzar a pagarlos de inmediato.
Así, cada cliente negoció sus condiciones y plazos. Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) advierten que fueron muchos los que solicitaron una carencia de pago de tan solo seis meses y no de un año, por lo tanto, tienen que afrontar el abono de la deuda a partir de octubre, a pesar de que no se han recuperado económicamente.
