Los ansiados avales del ICO para que la banca diera microcréditos a los inquilinos vulnerables para afrontar el alquiler se han quedado en papel mojado. No hay demanda. De un lado, desde el sector del alquiler insisten en que los arrendatarios temen la opción de endeudarse ante la compleja situación actual económica y el mayor desempleo. Pero de otro, fuentes del sector financiero admiten que el propio proceso para solicitar un microcrédito pone trabas que desincentivan su petición y las propias entidades evitan publicitar estos préstamos ante el volumen de recursos que tienen que movilizar para el escaso o casi nulo negocio que les reporta.
Sin embargo el problema para pagar los alquileres existe. Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) aseguran que la morosidad en este segmento ha pasado del 5 al 15% por la pandemia. Además, el Fichero de Inquilinos Morosos refleja un incremento de los impagos del alquiler del 380% durante el estado de alarma. En la actualidad hay más de 350.000 familias vulnerables para pagar el alquiler, es decir, aquellas a las que su esfuerzo para asumir la renta supone destinar más del 48% de sus ingresos. No obstante, aunque los microcréditos fueran destinados a aliviar la situación de 400.000 familias vulnerables, la directora general de Asval, Beatriz Toribio, señala que precisamente estos inquilinos no quieren endeudarse.
Los microcréditos pueden alcanzar los 900 euros al mes durante seis meses. Los tiene que solicitar el inquilino, aunque van directamente a la cuenta del propietario de la vivienda. Después el arrendatario lo tiene que devolver al banco con un pequeño interés de en torno al 1% y un plazo que puede alargarse durante diez años. Sin embargo, estas familias, que ya tienen dificultades no contemplan la opción de, además endeudarse.
Precisamente, fuentes del sector financiero explican que una de las trabas que echa para atrás a las familias a la hora de solicitar los préstamos es que debe pedirlo el inquilino, pero el casero para recibir la ayuda tiene que abrirse una cuenta bancaria en el banco del arrendatario. Lo que supone un problema para el arrendador, ya que si no domicilia la nómina o ingresos fijos, las cuentas suelen cobrar comisiones. Además, las mismas entidades tienen poco interés en publicitar unos préstamos que para ellos supone una inversión extra en recursos sin mucho negocio, ya que el préstamo mayor que pueden dar es de 5.400 euros y además, con un interés limitado a en torno el 1%.
El consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, asegura que los avales al alquiler no son una solución real para los inquilinos con problemas. "Se ha querido tratar a los inquilinos como si fueran empresas, pero si no tienen recursos para pagar el alquiler tampoco van a querer endeudarse", apunta. Asimismo, recuerda que los avales lo único que hacen es trasladar el problema de sitio, lo resuelven hoy para aplazarlo para el futuro. Según Carroza, los inquilinos han preferido negociar con sus caseros la situación a pedir un préstamo.
Piden ayudas directas
La directora general de Asval, Beatriz Toribio, señala que la solución real para este problema se traduce en ayudas directas a los inquilinos. Toribio asegura que desde la asociación piden un fondo de unos 712 millones anuales, a través de las ayudas europeas, para aliviar la presión de estas 350.000 familias vulnerables, que destinan el 48% de sus ingresos a para el alquiler. Según la directora general de Asval, estas ayudas permitirían reducir el esfuerzo del 48% al 30%, porcentaje óptimo que estable la Unión Europea.
No obstante, Toribio también apunta a que, más allá de los efectos por la pandemia, el problema de la vivienda en nuestro país es estructural y hay que resolverlo. Para ello, insiste en la necesidad de ofertar más vivienda de alquiler para reducir los precios a través de la colaboración pública-privada, sobre lo que apunta que lo más importante para conseguirlo es garantizar la seguridad jurídica de cara a los operarios que quieran entrar en el mercado, que reclamar normas claras y transparentes.
Por otro, fuentes del sector financiero también apuntan a otro detalle que puede desincentivar la demanda de los microcréditos. Señalan que el Real Decreto-ley que aprueba los préstamos a través del ICO también daba un plazo de seis meses en el que no se desahuciaría a aquellos inquilinos que no paguen el alquiler. Una excepción que permite a las familias que más han sufrido los efectos de la crisis ganar tiempo, ante la seguridad de que no se les va a echar de la vivienda.
El director de Estudios y Calidad de Fichero de Inquilinos Morosos, Sergio Cardona, apunta a que el temor de los propietarios a no recibir el pago de la renta ha crecido tras la crisis sanitaria y ocho de cada diez cree que puede sufrir impagos.
