Cataluña

El sector inmobiliario rechaza la limitación del precio del alquiler en Cataluña

  • Considera que quebranta la propiedad privada y reduce la oferta de vivienda
  • El pago del arriendo consume un 56,5% del sueldo medio de los catalanes, según Fotocasa
Anuncio de un piso en alquiler en el centro de Barcelona. LUIS MORENO
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El sector inmobiliario ha salido en tropel contra la probable regulación legislativa con carácter de urgencia que quiere impulsar el Govern de Quim Torra para la congelación o reducción de los precios de los nuevos contratos de alquiler, y que afectaría a 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes.

La norma, de prosperar, generaría un efecto dominó y otras comunidades autónomas podrían replicar la medida que, además, constaba en el acuerdo de gobierno alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos y que el Gobierno quería agilizar para su aprobación este mismo año.

El sector inmobiliario advierte del efecto bumerán de esta actuación porque muchos propietarios retirarán sus viviendas del mercado del alquiler y las pondrán a la venta reduciendo así el stock y presionando los precios al alza. Ello sumado a que en las grandes ciudades la oferta de alquiler ya es escasa, lo que atribuyen a la falta de políticas públicas de las respectivas administraciones y no a la actuación de los propietarios a los que ahora "se quiere responsabilizar" de la situación. A la vez, previenen de que algunas de las medidas propuestas son contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución Española.

Hace un año, un decreto ley del Govern que iba en la misma línea fue tumbado por la oposición

La propuesta en Cataluña concreta que se podrá aplicar en aquellas viviendas que estén dentro de un área declarada como mercado de vivienda tenso, a la que se podrán acoger los municipios o partes de municipios en el que "el precio del alquiler experimente un crecimiento sostenido claramente superior al de la media del territorio de Catalunya".

También lo podrán hacer cuando la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales de las casas o de la renta media de las personas menores de 35 años, y cuando el precio del alquiler haya experimentado, en los cinco años anteriores a la declaración de área con mercado de vivienda tenso, un crecimiento interanual acumulado al menos tres puntos porcentuales superior a la tasa interanual del IPC de Catalunya, según Europa Press.

Presentada como proposición de ley el miércoles en el Parlamento catalán por los partidos del Govern con el apoyo de los 'comunes' y la CUP, esta regulación responde a la presión que el Sindicato de Inquilinos lleva años ejerciendo. Según esta plataforma, el trámite se haría con urgencia y con lectura única para que se aborde en el pleno parlamentario la próxima semana, el último antes del finalizar el periodo de sesiones por las vacaciones, pero según ha podido saber elEconomista, en la tarde del jueves aún no figuraba en el orden del día.

El texto llega al Parlamento con la supervisión de los departamentos de Territorio y Sostenibilidad y de Justicia y con la ampara del Código Civil Catalán y el beneplácito de JunstxCat y ERC que se aseguran el apoyo de Catalunya en Comú y la CUP para su aprobación. Hace justo un año, un decreto ley del Govern que iba en la misma línea fue tumbado por la oposición parlamentaria -incluidos los comunes y la CUP- después de recibir un dictamen contrario del Consell de Garanties Estatutarias, órgano consultivo de la Generalitat.

El 56,6% del sueldo bruto

El Índice Inmobiliario Fotocasa cerró 2019 con una subida anual del precio de la vivienda en alquiler del 5,1% y situó el precio del metro cuadrado en 10,18 euros en España, el más alto desde 2006. Con este nivel de precios, los españoles tuvieron que destinar un 40% del sueldo medio para alquilar una vivienda tipo de 80 metros cuadrados el pasado año, mientras que en 2015 ese porcentaje era de apenas el 28%. Según el estudio de Infojobs y Fotocasa, en Cataluña este porcentaje se eleva al 56,5% del salario bruto.

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