Varapalo para los inquilinos y alivio para los grandes arrendadores. El sector inmobiliario estaba pendiente del decreto ley que podía marcar un punto de inflexión en las reglas que dan forma al alquiler en Cataluña, sentando un precedente para el resto de España. La intervención pública en el mercado del alquiler está ganando fuerza en Europa y Cataluña podía haber sido la primera región que diera un paso importante en esta materia en España. Sin embargo, el Parlament ha tumbado de forma inesperada el decreto ley que incluía la limitación de los alquileres.
El pleno del Parlament ha rechazado, con 69 votos en contra de la oposiciónen bloque, el decreto ley del Gobierno catalán para limitar el precio del alquiler de la vivienda en determinadas zonas consideradas que están sometidas a presión en el mercado. Una iniciativa que ha llegado a la cámara catalana con un informe contrario del Consell de Garantías Estatutarias, pero que no es vinculante.
Con 64 votos, los dos grupos que forman el Govern, JxCat y ERC, han votado a favor del decreto ley del Gobierno de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de la vivienda y de modificación del libro quinto del Código Civil de Cataluña. Al contrario de lo que han hechos los grupo parlamentarios que conforman la oposición en el parlamento catalán. De ese modo, Ciudadanos, PSC, los comunes, la CUP y el PPC han mostrado su rechazo con 69 votos en contra.
Finalmente, al quedar en minoría, el decreto ley ha quedado derogado. El decreto ha llegado a votación en el pleno después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya dictaminado que la norma invade las competencias del Estado y contraviene algunos artículos del Estatut y de la Constitución, aunque el dictamen no es vinculante.
Con esta iniciativa, el Govern pretendía contener el precio del alquiler en las áreas declaradas "con mercado de vivienda tenso", algo que debía hacer la Conselleria de Territorio y, en la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento.
El aumento de los precios
La consellera de Justicia, Ester Capella, ha defendido la validación del decreto para poder afrontar el aumento del precio del alquiler, que ve desproporcionado: "Si no hacemos frente a los precios abusivos de la vivienda, la vivienda nunca será un derecho".
Ha afirmado que no comparte que el CGE haya dictaminado que este decreto es inconstitucional porque supera las competencias de la Generalitat: "Desde el Govern no nos autolimitaremos y nunca renunciaremos a combatir los abusos en el precio del alquiler", y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no querer limitar el alquiler.
Asimismo, ha recriminado a los comuns y a la CUP que voten en contra: "Si tumban el decreto se ponen al lado del Banco de España, del PSC y del PP. Sí que se puede, si se quiere. Si quieren, podremos. Si no quieren, no podremos", y les ha pedido que al menos se abstengan para después mejorar el decreto a través de un proyecto de ley.
Jordi Orobitg (ERC) ha asegurado que no regular el alquiler sería "manifiestamente antisocial y anticonstitucional", mientras que Eusebi Campdepadrós (JxCat) ha considerado que la oposición no ha sido responsable rechazando el decreto, y ambos han coincidido en que la Generalitat sí que tiene competencias para esta regulación.
Cup y Comuns contestan
Por parte de los comuns, Susanna Segovia ha contestado a Capella que el primero que rechazó el decreto no fue el Banco de España, sino el Sindicat de Llogaters, y ha apuntado que las medidas que contiene "no sirven", por lo que ha pedido al Govern que trabaje para hacer una buena regulación que cuente con el apoyo de las entidades y de los partidos, como se logró en 2015 con la ley contra la pobreza energética.
En la misma línea, la 'cupaire' Maria Sirvent ha alertado de que el decreto permite que el alquiler siga aumentando y que se ha hecho a espaldas de las entidades, pero ha tendido la mano al Govern para legislar en este tema: "Podemos impulsar conjuntamente una ley de verdad".
"Gobernar a base de titulares"
El diputado de Cs Manuel Rodríguez ha recriminado al Govern que gobierne "a base de titulares", ya que considera que el Ejecutivo de Quim Torra no ha hecho nada para mejorar la situación de la vivienda en Catalunya pese a tener algunas competencias para ello, mientras que rechaza el decreto porque no comparte su contenido y porque la regulación del alquiler es competencia exclusiva del Estado.
La diputada socialista Rosa Maria Ibarra ha dicho que, pese a compartir el análisis de la subida de precios y la necesidad de regular el alquiler, este decreto solo busca un "titular electoralista y generar confrontación" con el Gobierno central, ya que ha afirmado que supera las competencias del Govern y no da soluciones efectivas.
Además, la popular Esperanza García ha insistido en que regular el precio del alquiler es competencia estatal y ha advertido de que las medidas del decreto son "contraproducentes".
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