El pasado agosto presenció un llamativo cambio en la concesión de créditos a empresas de nuestro país. El volumen de recursos destinados a este tipo de préstamos descendió hasta situarse en 15.600 millones, un mínimo para el que no existen precedentes en la actual serie estadística, iniciada en 2010.
Pese a su brusquedad, un desplome de tal envergadura era previsible en este mercado. El flujo de crédito hacia el tejido empresarial batió todas las cotas en los pasados meses, sobre todo entre abril y junio. Ese ritmo de liberación de recursos no podía mantenerse indefinidamente por varias razones de peso. En primer lugar, las necesidades de liquidez más urgentes de las compañías, en aquella primera fase de la crisis, se vieron satisfechas por el aluvión de préstamos. En segundo lugar, debe recordarse que entonces estaban plenamente vigentes los avales públicos del ICO para crear líneas de liquidez de emergencia. Estas coberturas del Estado, sin embargo, sufrieron un parón a partir de entonces. Sería ilusorio pensar que los bancos están en concesiones de seguir concediendo préstamos al mismo ritmo que durante el estado de alarma, pero asumiendo en exclusiva los riesgos. Esa situación sería insostenible para las entidades, máxime ante la difícil coyuntura económica que se avecina. Muchos de los primeros créditos avalados por el ICO están abocados a un vencimiento inminente y no podrán ser refinanciados, por la falta de actividad de sus beneficiarios.
La cuantiosa liberación de préstamos para empresas del estado de alarma está abocada a normalizarse
Comienza así una importante ola de impagos que el agravamiento de la crisis en el cierre de año llevará a máximos. Ante el próximo auge de la morosidad, los bancos no tienen más remedio que extremar la prudencia en la concesión de créditos.
