El Congreso de los Diputados debate este martes la posibilidad de ampliar el plazo de amortización de los créditos ICO avalados por el Estado de cinco a seis años y la posibilidad de extender el periodo de carencia, tal y como ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular. La formación ha presentado una Proposición no de Ley para flexibilizar las condiciones de estos avales con el objetivo de facilitar a las empresas, pymes y autónomos afectados por los efectos de la pandemia la amortización de los créditos, especialmente cuando las principales autoridades ya atisban que la recuperación de la economía española se va a alargar más de lo esperado, hasta 2023.
El Grupo Popular esgrime en su propuesta que la Comisión Europea estableció el 13 de marzo en la batería de medidas para apoyar a la economía de la UE que las garantías puestas en marcha por los Estados se limitaban a un plazo de devolución de seis años, pero que el Gobierno español, sin embargo, recortó este periodo a cinco años. Así, el partido exige ampliar a seis años la garantía pública de los préstamos de la Línea de liquidez ICO Covid-19 ya firmados por parte de autónomos y pymes "con el fin de facilitar y promover la ampliación del plazo de amortización de estos préstamos y facilitar su devolución en un contexto económico más negativo que el previsto".
En la actualidad, la mayoría de los créditos concedidos se han firmado con un plazo de amortización de entre cuatro y cinco años. Asimismo, muchas de las compañías que han recurrido a este sistema para conseguir liquidez, han pedido una carencia de pago de un año, lo máximo permitido. Es decir, que hasta doce meses después de que les llegara el dinero del crédito no van a empezar a devolverlo.
En esta línea, el PP también incluye en su propuesta la extensión del periodo de carencia del principal (es decir, no se empieza a devolver el préstamo pero sí los intereses) "por un plazo igual al que ya tengan firmado en las condiciones vigentes de su préstamo". O lo que es lo mismo, si una compañía ha pactado un periodo de carencia de un año, extender a otros doce meses más.
Cabe recordar que el Gobierno puso 100.000 millones de euros sobre la mesa para financiar a las compañías afectadas por la crisis, de modo que el ICO avalaría entre el 70 y el 80% de los créditos y la banca, el restante porcentaje. No obstante, el Grupo Popular recuerda en su propuesta que esta cantidad está lejos de la aprobada por otros países, ya que Francia puso sobre la mesa 300.000 millones de euros; Italia, 270.000 millones de euros y Alemania, más de 500.000 millones de euros.
Sin embargo, el Banco de España ya ha señalado en varias ocasiones que, pese a que el Ejecutivo deba mantener estos avales y, quizá ampliarlos, en función de cuanto se retrase la recuperación, debe focalizar las ayudas a las empresas viables e, incluso, para evitar un elevado endeudamiento que junto a los menores ingresos recibidos por la crisis les lleve a una caída de la solvencia, apostar por ayudas directas a las compañías o entradas en el capital a través del fondo del fondo de 10.000 millones de euros que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Margen de 21.000 millones
Hasta el pasado 15 de octubre, último día del que hay datos, las empresas, pymes y autónomos han solicitado financiación a través de los ICO por un volumen de 103.999 millones de euros, de los que 79.038 millones han sido avalados por el Estado. Por tanto, aún hay margen para garantizar casi otros 21.000 millones de euros más.
Pymes y autónomos son los que más liquidez han demandado, aglutinando el 70% de la financiación concedida con 72.302 millones, mientras que las empresas más grandes han solicitado 31.696 millones.
Sin demanda a la inversión
El Gobierno aprobó el pasado julio una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40.000 millones de euros destinados a fomentar la actividad inversora de las empresas. Sin embargo, a pesar de que el Ejecutivo liberó este verano el primer tramo de 8.000 millones de euros, la banca no está recibiendo demanda por parte de las compañías.
La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, aseguró este jueves que hay "poco demanda" porque "las empresas han hecho acopio de liquidez, pero dada la incertidumbre económica, no están pensando en hacer inversiones". Del primer tramo liberado, 5.000 millones está destinado a financiar a pymes y autónomos y 3.000 millones, a firmas de mayor tamaño.
