La próxima semana debería dar luz a los Presupuestos para el próximo ejercicio, después de dos años de intentos fallidos. Poco se conoce, sin embargo, sobre qué medidas contendrá. La feroz lucha entre Iglesias y Calviño mantiene en vilo hasta el último minuto al Gobierno. La vicepresidenta ha encontrado una fiel escudera en la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a la que últimamente se sumó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la defensa de sus posiciones.
Las diferencias entre las dos formaciones del Gobierno de coalición se centran en dos aspectos, la subida de impuestos a las rentas altas y, sobre todo, en los topes a los alquileres. Una vez descartado el alza a Sociedades a causa del desplome de la recaudación, los morados están empeñados en gravar más los sueldos brutos superiores a los 200.000 euros, en lugar de los 300.000 euros propuestos hasta ahora.
Montero, con buen criterio, quiere aplazar el incremento a un momento mejor. La ministra argumenta que la recaudación será apenas superior a los 300 millones, porque los ricos de verdad no tributan por IRPF, sino a través de Sociedades o en paraísos fiscales. Se trata, en última instancia, de un impuesto al talento, que perjudicará a las personas que prosperan en sus carreras profesionales y contribuyen a la creación de empleo.
El segundo punto de la confrontación, los alquileres, es más cruento. Iglesias quiere poner límite a las rentas de los inmuebles para dar cobertura legal a la Ley aprobada por la Generalitat sobre este aspecto, así como al decreto aprobado esta misma semana que obliga a los arrendatarios a aplicar rebajas de hasta el 50 por ciento en el coste de las rentas. Ambas medidas rozan la inconstitucionalidad y tienen muchas papeletas para ser tumbadas en los tribunales de Justicia.
En este caso, la entente de Calviño cuenta con el apoyo del ministro de Transporte y Movilidad, José Luis Ábalos, y de su lugarteniente, Pedro Saura, conscientes de que restringir la oferta de alquileres provocaría un aumento de los precios, contrariamente a lo que piensan en Unidas Podemos.
Pero el fragor de la batalla ideológica se concentrará en el gasto corriente. Después de los viernes sociales, el Presupuesto recoge un incremento del techo de gasto inédito, hasta casi los 200.000 millones. La cantidad no está en cuestión, dadas las circunstancias extraordinarias en las que vivimos, pero sí en qué se utilizará.
Los de Iglesias quieren incrementar el sueldo de los funcionarios y la prestación de las pensiones el 0,9 por ciento, pese a que no exista inflación, en un momento en que la mayoría de los trabajadores del ámbito privado sufre recortes en sus remuneraciones y otros muchos se quedan sin empleo. La ministra de Hacienda pugna por subidas simbólicas a los colectivos de trabajadores situados en el frente de lucha contra la pandemia, como sanitarios y fuerzas de seguridad del Estado, lo que tendría mayor sentido.
En total, los Presupuestos recogen una partida de 3.286 millones de euros en gastos extra, de los que casi la mitad (1.500 millones) son para financiar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se suman a una partida similar destinada ya durante este ejercicio. Otros 1.300 millones sufragarán la subida de las pensiones, pese a que apenas existe inflación.
La Junta Fiscal Europea recomienda que la inversión se oriente al crecimiento y no al gasto corriente. Advirtió, además, que en 2022, el Gobierno tendrá que volver a la disciplina fiscal y los gastos extra se deberán compensar con recortes presupuestarios.
El mismo mensaje que repitieron como su sancta sanctórum los empresarios reunidos esta semana en Valencia con ocasión de la asamblea de Confederación Española de Directivos (Cede), presidida por Isidro Fainé.
El presidente de Mercadona, Juan Roig, y el de Fundación laCaixa, criticaron que el confinamiento se orientó mal en sus inicios por sus excesivos costes para la economía y que, en adelante, hay que aprender a compaginar sanidad y economía. Toda una lección de vida y de trabajo para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, experto en filosofía.
Los empresarios también claman por la unidad política para hacer frente a la pandemia, algo imposible de lograr con un Gobierno dividido internamente y sin diálogo con la oposición.
La vicepresidenta Calviño comienza a reconocer que habrá que prorrogar los Ertes y las carencias de los créditos ICO, que vencen masivamente a partir de abril del próximo año, para evitar un colapso de la economía. Con los rebrotes en alza en casi toda la geografía, los empresarios de los sectores de la hostelería y la restauración dan ya la Navidad por perdida y gran parte, también la Semana Santa. No habrá alivio hasta mayo o junio del año próximo para el turismo, cuando la vacuna del coronavirus debería estar ya extendida. La incertidumbre es enorme.
Los bancos tiemblan ante un previsible aumento de la morosidad por culpa del fin de las moratorias de las hipotecas y de los créditos de emergencia para la pandemia, que pueden provocar impagos en miles de pequeñas empresas. "El momento más delicado se presenta en los primeros meses del próximo año", corroboran.
El Presupuesto canaliza fondos para los gastos corrientes en lugar de para la inversión
Las únicas esperanzas, además de en la vacuna, están puestas en que por esas fechas se distribuyan los fondos europeos para la reconstrucción, de los que España espera recibir 27.000 millones el primer año. Calviño negocia con Europa una salvedad en el endeudamiento para disponer de esa cantidad ante el previsible retraso en su desembolso.
Pero también en este punto se abren grandes interrogantes. Pese a que Pedro Sánchez desglosó el reparto de los dineros en la conferencia celebrada en Moncloa con el mundo empresarial, nadie co-noce los detalles para solicitarlos. Las mismas dudas que rodean al fondo de 10.000 millones creado para ayudar a la solvencia de las sociedades afectadas por la pandemia.
En los primeros meses del 21 existe un efecto precipicio por el vencimiento de ICO y de Ertes
Pese a los ICO y los Ertes, la ausencia de actividad durante meses dejará a muchas empresas en situación de insolvencia, por lo que será necesario recapitalizarlas. Los empresarios desconocen las condiciones de acceso a estos fondos, más de un mes después de su creación.
Hasta la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se pronunció a favor de convertir en permanente el Fondo de Recuperación para socorrer a Europa mientras prepara una batería de medidas de flexibilidad monetaria para diciembre.
Con la pandemia desbocada (esta semana superamos el millón de positivos); el Presupuesto pendiente de más impuestos y gravámenes o de un gasto corriente desbocado, y con las ayudas prometidas y la prolongación de los créditos ICO en el aire es comprensible que la economía empeore en los próximos meses.
El Gobierno debería concentrarse en evitar por todos los medios el efecto precipicio que se producirá en primavera con el vencimiento de las garantías de los créditos ICO, a lo que se suman las moratorias hipotecarias desde diciembre. Abróchense los cinturones, lo peor está aún por llegar.
PD.-Los lectores ávidos de emociones comprenderán porqué el proyecto de fusión entre BBVA y Sabadell no avanza. El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, solicitó a la Policía que investigue el papel de personajes relevantes en el esquema de dirección del BBVA en el caso tándem. Entre estos nombres, está el de su presidente Carlos Torres. En la entidad, se muestran tranquilos sobre la presunta inocencia de Torres, pero el BCE no quiere correr riesgos e impulsar una operación bancaria en el que el actor principal pueda sufrir un contratiempo a causa de las investigaciones policiales. Ya se sabe, que los juicios se conoce cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo terminan.
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