Unidas Podemos ha advertido de que el borrador de los Presupuestos se podría retrasar si el PSOE no acepta algunas exigencias que la formación morada pide incluir, entre ellas la regulación del precio de los alquileres, un aumento fiscal para rentas altas a través del IRPF o la devolución de la capacidad adquisitiva al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), baremo utilizado en la concesión de muchas ayudas. No obstante, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se ha mostrado confiada este martes en poder aprobar las cuentas públicas "en los próximos días".
La Vicepresidencia de Derechos Sociales que lidera Pablo Iglesias también quiere mejoras en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Todas estas reivindicaciones las plantean los de Pablo Iglesias en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con su socio de Gobierno, que ya se ha pronunciado públicamente contrario a algunas de ellas. Y no parecen dispuestos a renunciar, según fuentes cercanas recogidas por Europa Press.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, llevan semanas perfilando la negociación de los PGE en el seno del Ejecutivo, un consenso que en caso de alcanzarse deberá tener el visto bueno definitivo por parte del presidente, Pedro Sánchez, e Iglesias.
Según dijo Montero hace unos días, el borrador de los Presupuestos podrían presentarse "muy pronto" y aprobarse "antes de que acabe el mes de octubre". La ministra de Hacienda ha insistido hoy en esos plazos. "Lo importante es que podamos trasladar [los PGE al Congreso] en los próximos días", ha declarado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
María Jesús Montero: "Yo no hablaría de escollos"
Ello implicaría que el proyecto de cuentas públicas debería abordarse en la reunión del Consejo de Ministros del día 27. Pero de mantenerse las discrepancias, Podemos está dispuesto a estirar los tiempos.
En cambio, Montero no contempla alargar los plazos. "Yo no hablaría de escollos", ha dicho, quitando hierro a las discrepancias en el seno del Gobierno. Así, la portavoz del Ejecutivo de coalición ha asegurado en la rueda de prensa que el acuerdo está prácticamente ultimado y que esta semana será de "diálogo intenso" con los grupos políticos para tenerlo listo antes de que acabe el mes.
La regulación del alquiler
Uno de esos aspectos clave para Podemos es regular ya los precios del alquiler llevándolos a los PGE. Este punto lo evidenció el propio Iglesias el pasado viernes al manifestar su voluntad de "cumplir ya" ese compromiso, ante la emergencia generada por la crisis del coronavirus.
Pero el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, enfrió ayer esa posibilidad y defendía que esa regulación -parte del pacto de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE- debe incluirse en la ley de vivienda en la que trabajan desde hace meses y no en los Presupuestos. Es más, Ábalos pedía incluso aguantar dicha norma hasta que se normalice el mercado de la vivienda, alterado por la pandemia.
Fuentes de la negociación admiten que un "elemento de choque" es dicha regulación que daría competencias a comunidades y ayuntamientos para regular el precio del arrendamiento en zonas de mercado "saturadas". Para Podemos es un asunto "urgente" a nivel social y no quiere esperar; sacarlo adelante "facilitaría" la aprobación del borrador, aseguran, por parte de los grupos de la investidura, sobre todo de los grupos catalanes, ya que la ley daría cobertura legal a la aprobada en Cataluña y que está ahora mismo recurrida.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que este martes ha reconocido que "sería una irresponsabilidad con la que está cayendo y caerá no escuchar y no hablar" con el Gobierno para aprobar unos Presupuestos, pero ha dicho que para ello necesita "un contexto favorable", y eso incluye la regulación de precios del alquiler. En declaraciones en la Cámara Baja, Rufián ha elevado esta regulación a "condición sine qua non para entablar diálogo con el Gobierno, si bien no lo ha vinculado a incluirlo ya en los propios Presupuestos: "No hablamos de una negociación o de otra, sino en el futuro", ha dicho.
En este sentido, Montero también ha recordado que la regulación de los precios de los alquileres es parte del acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos y ha achacado la queja de la formación morada más a "los ritmos" que a la materia en sí.
La ministra de Hacienda ha apostado por agilizar la ley de vivienda, a la que no ha puesto fecha pero sí ha desvinculado de los Presupuestos. "Lo importante es centrarnos en el proyecto [de ley] de Presupuestos", ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y también ha indicado que las cuentas del próximo año sí incluirán partidas presupuestarias para ejecutar la nueva Ley de Vivienda que ultima el Ejecutivo,
Subir impuestos a las rentas altas
La fiscalidad es otro elemento que ha motivado discrepancia. De hecho, la semana pasada se envió a Bruselas el plan presupuestario con la parte fiscal 'en blanco', dado que Unidas Podemos insiste en una subida de impuestos directos a las rentas altas. En el caso del IRPF apuesta por una subida a partir de los 200.000 euros para rentas del capital y rentas de trabajo, abogando también por una subida a los grandes patrimonios.
Montero también ha trasladado "tranquilidad" en este punto y ha asegurado que hay un "alto grado de entendimiento" en materia fiscal.
Las diferencias también llegan al contenido más social, por ejemplo por el IPREM. "El IPREM va a subir", ha asegurado la ministra portavoz, sin más detalle. En este punto, recoge Europa Press, Unidas Podemos postula que se debe recuperar la capacidad adquisitiva "de forma decidida".
Y por último, la Vicepresidencia de Derechos Sociales quiere aprovechar la tramitación parlamentaria del IMV para incorporar "avances" que permitan atender mejor las situaciones de falta de ingresos a las que se están enfrentando muchos hogares, y "corregir problemas" en algunos requisitos de acceso que están "limitando su eficacia".
"Seguimos trabajando en el ingreso mínimo vital", ha dicho hoy Montero, sin profundizar en la discrepancia, y ha recordado que "en torno a 450.000 personas" ya se están beneficiando de esta ayuda social.
