El decreto ley aprobado ayer por el Gobierno catalán con el que se rebaja hasta un 50% el alquiler de los establecimientos y locales comerciales que tienen prohibido desarrollar su actividad por las restricciones para atajar los contagios de covid-19, como bares y restaurantes, amenaza con dejar atrapados a miles de pequeños empresarios.
Aunque las grandes cadenas, tanto de distribución comercial como de restauración, llevan tiempo reclamando una solución para el pago de los alquileres, alegando que no pueden afrontar los mismos si no hay una rebaja, la normativa que ha sacado adelante Cataluña genera también numerosos problemas.
En este sentido, Pedro Campo, presidente de la Confederación Española del Comercio, una organización que agrupa a 450.000 pequeños y medianos establecimientos, admite que "aunque si no hay actividad es muy difícil que pueda pagar el alquiler, lo que hace falta es que la Administración juegue un papel mediador porque una rebaja por ley lo que hacer es reducir los ingresos de muchos antiguos comerciantes que cobran ahora una pensión mínima".
Campo recuerda que puede ser una medida anticonstitucional, de difícil encaje legal, e insiste en que "lo que hay que hacer antes de nada, como en el resto de Europa, es bajar los impuestos". Para el presidente de la patronal del pequeño comercio, "si a alguien se le recortan los ingresos, se le deberá en cualquier caso compensar de alguna manera".
Desde la patronal de Hostelería de España se valora muy positivamente la normativa catalana. Así, su secretario general, Emilio Gallego destaca que "entre el 8 y el 15% de los costes de una empresa de hostelería es el alquiler del local, por lo que si los establecimientos están cerrados está claro que debe haber algún tipo de salida".
Sin embargo, el sector empresarial y económico rechaza la medida de la administración catalana por cuanto supone trasladar el sector privado la responsabilidad sobre la continuidad de muchos establecimientos de restauración. Entienden los empresarios que debería ser el Govern quien, con más ayudas directas al sector, soportara el peso de las pérdidas que generará el cierre obligado de 15 días en el conjunto de la restauración en Cataluña.
En este sentido, desde la Cambra de Comerç de Barcelona, su presidente Joan Canadell ha instado a la administración catalana a buscar medidas más eficaces y equilibradas entre la actividad económica y la seguridad de la salud y a buscar alternativas que no pasen por el cierre de los negocios.
La Cambra de Comerç de Barcelona calcula que las ayudas al sector de la hostelería deberían ser de 333 millones
Desde la Cambra, se calcula que los 40 millones de euros que el Govern destinará a paliar los negativos efectos de las restricciones aplicadas deberían llegar a la suma de 333 millones si se quiere realmente compensar las pérdidas que se ocasionarán a pequeños empresarios y autónomos del sector de la hostelería. En este partida, estaría incluido el pago del 50% de los alquileres de los establecimientos afectados.
La patronal Pimec expone otros países que han optado por medidas más creativas, como el caso de Italia que desde el mes de marzo aplica una bonificación fiscal en el IRPF o Impuesto de Sociedades a los arrendadores que se avienen a rebajar o condonar el alquiler durante estado de alarma y los cierres administrativos. Del mismo modo, en Cataluña se podrían aplicar una carencia sobre los préstamos hipotecarios de los inmuebles sometidos a una rebaja forzosa del alquiler, según su presidente Josep González. "Se trata de una medida ampliamente aplicada en países de nuestro entorno durante estos tiempos difíciles", explica.
La norma genera controversia jurídica
Desde Tecnotramit consideran que el nuevo decreto ha profundizado la grieta entre arrendadores y propietarios y ha desatado una polémica jurídica. Así, David Viladecans Jiménez, director de Asesoría Jurídica de Tecnotramit considera que el Govern de la Generalitat, después de adoptar la polémica medida de cerrar los negocios vinculados a la hostelería, ha querido paliar el impacto causado, "socializando" parte de las pérdidas causadas por el cierre de actividad y haciendo asumir al propietario parte de las mismas".
"No se han atrevido a regular la rebus sic stantibus, tal y como había anunciado, y posponerlo para más adelante, y han tomado una serie de medidas específicas para rebajar las rentas de los alquileres de locales", remarca el letrado. Así, Viladecans subraya que esta medida, "que no ha gustado a nadie –ni a propietarios ni a arrendatarios- va a provocar, seguramente, mucha controversia jurídica, dado que es muy cuestionable que la Generalitat pueda adoptar esta medida, al estar invadiendo competencias del Estado".
De hecho -explica el experto-, "ya cuando la Generalitat legisló para limitar los precios de alquileres de las viviendas, legisló contra la opinión del Consell de Garanties Estatutarias y los propios letrados del Parlament, que concluyeron que la Generalitat no tenía competencias para regular precios de alquileres. Por tanto, este va a ser un elemento de gran controversia jurídica".
Devolución de recibos de las rentas
"Ahora el panorama es aún peor", indica Viladecans Jiménez. El Real Decreto Ley 15/2020 (norma del Estado), promulgado en el confinamiento, estableció un sistema de moratoria para el pago de la renta de los alquileres de locales. Esa moratoria finalizaba con el estado de alarma, más prorrogas mensuales hasta un máximo de cuatro. Ese plazo acaba el 21 de octubre de 2020. "Por lo que muchos arrendatarios verán como en los próximos días los propietarios les giran los recibos de la renta", concluye.
Aún no ha entrado en vigor el decreto
Además, el letrado sostiene que en el DOGC de hoy, 21 de octubre de 2020 "no está publicado el Decreto Ley que establece el sistema de rebaja de la renta –algo sorprendente, dado que ayer se anunció por parte del Govern como una medida hecha - por lo que no ha entrado en vigor". "Este caos legislativo lo único que va a provocar es una gran conflictividad, y previsiblemente una avalancha de pleitos", remata Viladecans.
En el ámbito nacional el comercio y la hostelería han puesto ya en marcha una avalancha de demandas para solicitar en los tribunales moratorias en el pago de los alquileres ante la inacción del Gobierno. Moncloa dejó en manos de la negociación privada la solución del problema, pero, ante la falta de acuerdo, muchos establecimientos que se han visto obligados a cerrar o sufren fuertes restricciones de horario han decidido acudir a los juzgados para reclamar aplazamientos o rebajas del precio.
Paula Nevado, secretaria general de la patronal Marcas de Restauración, que agrupa a compañías como McDonald's, Telepizza, Autogrill, Areass, Comess Group (Lizarrán) o el grupo Alsea, dueña de Foster's Hollywood o Vips, explica que la situación es insostenible y que "ante la falta de una regulación, como ha ocurrido en otros países, las empresas se han visto obligadas a judicializar los alquileres", tal y como, por otra parte, se había advertido ya que iba a pasar.
