Economía

Cataluña obliga a bajar el alquiler de locales al 50% cuando la actividad está suspendida por el covid-19

  • El Ejecutivo catalán evita incluir la cláusula 'sic rebus stantibus' en el Código Civil
  • ERC advierte que no apoyará los Presupuestos del estado si el Gobierno recurre la medida
  • 'Foment' califica la medida de incostitucional y de crear inseguridad jurídica

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha aprobado esta mañana un decreto ley con el que se rebaja hasta un 50% el alquiler de los establecimientos y locales comerciales que tienen prohibido desarrollar su actividad por las restricciones para atajar los contagios de covid-19, como bares y restaurantes.La norma está pendiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

En esta ocasión, en contra de lo que se esperaba, el Ejecutivo catalán ha optado por un decreto ley, que establece los mínimos, pero que no responde al anuncio realizado la pasada semana por la portavoz del Gobierno de la Generalitat, Meritxell Budó, según el cual se iba a incluir la regla 'rebus sic stantibus' ('estando así las cosas') en el Código Civil de Cataluña, lo que supondría la realización de un proceso de mediación entre arrendador y arrendatario para llegar a un acuerdo como consecuencia de las circunstancias excepcionales que viven las empresas y los autónomos como consecuencia de la pandemia.

Con esta medida de urgencia, la Generalitat trata de paliar la situación de iliquidez de miles de empresas que de mantener la obligación del pago de los alquileres de los locales se verían abocadas a cerrar definitivamente. Por ello en el decreto ley hace referencia a la solidaridad de los arrendadores.

El Gobierno del Estado, mientras tanto, maneja la posibilidad de incluir estas medidas en la Ley de Vivienda y la regla 'sic rebus stantitibus' en el Código Civil, lo que se está analizando por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, ayer, el PSOE rechazaba publicamente llevar la limitación de los alquileres a los Presupuestos y proponía a Podemos aplazar la ley de la vivienda.

La visión del vicepresidente, Pablo Iglesias, no se centra en los efectos de la pandemia sobre los locales con la  actividad suspendida, sino en extender la limitación de precios a la vivienda

El texto del decreto ley explica que se ha optado por preservar la voluntad de las partes para pactar, pero incluye nuevas reglas en el caso de no alcanzarse un acuerdo entre las partes. 

Así, se produce la negociación entre el propietario del local y el arrendatario y, en caso de no alcanzar un acuerdo, pasa a aplicarse automáticamente una tasación preestablecida que incluye diferentes porcentajes de rebaja en función del grado de afectación sobre el negocio que hayan tenido las medidas para frenar el coronavirus.

Se trata de una solución "rápida" que trata de evitar el recursom a los tribunales y permite a los comerciantes afectados ahorrarse los costes del proceso y la dilatación de la resolución, que en el caso de tramitarse en los juzgados podría demorarse meses o incluso años.

De este modo, señala la Generalitat en su texto normativo, "se distribuye el coste económico de las medidas para frenar la pandemia" y hace que "no recaigan solo en una de las partes del contrato".

Además de la modificación del ordenamiento jurídico, en los últimos días se ha barajado otra posibilidad, propuesta por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), que pasaba por la mediación con el auxilio de letrados e implicaba la resolución de los casos por parte de un juez.

No obstante, esta opción habría sido descartada por la Generalitat porque podría ahondar aún más la saturación de los juzgados y porque las sentencias probablemente llegarían cuando muchos negocios ya se hayan visto forzados a bajar la persiana, ya que durante todo el proceso tendrían que seguir pagando sus respectivos alquileres.

Estas medidas serán efectivas desde el momento en el que el arrendatario pida al propietario una modificación del contrato

Estas medidas serán efectivas desde el momento en el que el arrendatario pida al propietario una modificación del contrato. A partir de ese momento se inicia el periodo de negociación y el arrendador no puede pasar facturas al inquilino hasta que se llegue a un acuerdo o se aplique la rebaja establecida.

Así, el decreto ley establece que en el caso de las actividades que tienen suspendida su actividad, la renta y los gastos se reducen en un 50% frente a las vigentes mientras dure esta situación. El arrendatario puede exigir al propietario que se cobre las rentas y otros gastos vencidos de las garantías que obren en su poder, excepto de la fianza legal obligatoria.

En los casos en que exita una restricción parcial de la actividad, las rentas se deben reducir en una proporción igual a la mitad de la pérdida del espacio útil del inmueble, medida tanto en aforo como en horarios.

La entrega a domicilio o recogida de productos en la tienda no afecta estas las reducciones previstas.

Si las restricciones al alquiler impuestas en esta normativa se alargan más de tres meses, el arrendatario podrá rescindir el contrato sin penalización, siempre que realice el preaviso con una antelación de un mes.

Complementariamente a estas medidas, el Ejecutivo catalán ha aprobado un fondo de ayudas directas para empresas y autónomos afectados por las medidas para paliar el coronavirus de 40 millones de euros y un plan de avales por un total de 20 millones de euros.

'Foment' tacha la medida de inconstitucional

La patronal catalana 'Foment del Traball Nacional' considera que la cláusula introducida por el decreto ley de la Generalitat "adelanta el resultado final de la negociación" y estima que altera la mediación entre propietarios y arrendatarios de locales.

'Foment', a través de una nota, señala que "las pérdidas de ingresos de los empresarios con las actividades suspendidas los "debe asumir la Administración que altera el contrato privado de arrendamiento".

Así, muestra su rechazo al decreto ley porque valora que "provoca inseguridad jurídica y es de dudosa constitucionalidad".

Tras conocerse el decreto, la consellera de Justicia,Ester Capella,ha mantenido una reunión con el director general del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, después de la cual detallarán los pormenores del mismo y valorarán las medidas de derecho civil para mitigar las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria.

La 'consellera' de Justicia Ester Capella, por su parte, ha dicho que el decreto servirá para evitar el cierre de negocios al "repartir los costes de la crisis". Mientras que el director del Gremi de la Restauració de Cataluña, Roger Pallarols, ha celebrado su aprobación. 

Advertencia de ERC al Gobierno

Por su parte el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso (ERC), Gabriel Rufián, ha asegurado esta mañana que "sería una irresponsabilidad con la que está cayendo y caerá no escuchar y no hablar" con el Gobierno para aprobar unos Presupuestos, pero ha dicho que para ello necesita "un contexto favorable", y eso incluye la regulación de precios del alquiler.

Rufian ha explicado que "en todo caso, sí que ha instado al Gobierno, a "la parte que representa el PSOE", a que no recurra al Tribunal Constitucional la ley autonómica para controlar estos precios.

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