Banca y finanzas
La industria de la recuperación de deuda se está dando de bruces con nuevas regulaciones que dificultan y encarecen su operativa, favoreciendo al moroso y entorpeciendo una actividad que ayuda a la banca a desaguar los activos tóxicos. Un escollo llega con la ley de Eficiencia Procesal, que desde el pasado mes de abril exige a las partes en conflicto negociar antes de acudir a los tribunales o serán sancionados. La intención de estas firmas es, precisamente, acordar planes de pago, pero tropieza con que son deudores muy difíciles de contactar y eso aboca, en muchos casos, a tener que litigar. Y no es el único obstáculo. También están viendo cómo impide su actividad la prohibición de realizar llamadas comerciales desde números móviles, que entró en vigor en junio, y la Tasa Judicial Catalana, aprobada en 2014 pero que realmente no estaba siendo aplicada de manera efectiva hasta fechas recientes.
