La industria de la recuperación de deuda se está dando de bruces con nuevas regulaciones que dificultan y encarecen su operativa, favoreciendo al moroso y entorpeciendo una actividad que ayuda a la banca a desaguar los activos tóxicos. Un escollo llega con la ley de Eficiencia Procesal, que desde el pasado mes de abril exige a las partes en conflicto negociar antes de acudir a los tribunales o serán sancionados. La intención de estas firmas es, precisamente, acordar planes de pago, pero tropieza con que son deudores muy difíciles de contactar y eso aboca, en muchos casos, a tener que litigar. Y no es el único obstáculo. También están viendo cómo impide su actividad la prohibición de realizar llamadas comerciales desde números móviles, que entró en vigor en junio, y la Tasa Judicial Catalana, aprobada en 2014 pero que realmente no estaba siendo aplicada de manera efectiva hasta fechas recientes.
"Todo son trabas. Nos genera una inseguridad jurídica enorme, y se está ensalzando al consumidor incumplidor. Al final hay una debilitación de la cultura de pago e incentiva la morosidad estratégica porque alienta el impago", denuncia Carlos Ruiz Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Cobro (Angeco). La patronal aglutina a más de 90 compañías de recuperación de deuda que gestionan casi 460.000 millones de euros en impagados y activos de miles de clientes en España, procedentes en origen de la banca en su mayoría y también de otras empresas como las energéticas o de telecomunicaciones.
Por poner dimensión al sector, la morosidad de la banca en España roza los 37.900 millones y la cifra que gestionan equivale a un tercio del PIB español (se situó en 1,59 billones en 2024). Entre las empresas que gestionan este recobro figuran compañías como Servihabitat, Intrum, Hipoges, Axactor, DoValue, Finsolutia, GCBE (antigua Gescobro) o Kruk.
La nueva ley de Eficiencia de la Justicia trata de aligerar la carga de los tribunales y hacer el servicio más eficiente, exigiendo que se aborde el pacto prejudicial bajo amenaza de sanción de no hacerlo y demostrarlo. Obliga a acudir a medios adecuados de solución de controversias (los bautizados como MASC, por sus siglas) y que pueden ser la negociación directa sin abogados, la mediación, la conciliación, la opinión de un tercero neutral, una oferta vinculante confidencial o el proceso de derecho colaborativo.
La propia vocación de las empresas de recuperación de deuda es alcanzar pactos de repago con los clientes, incluyendo facilidades de abono y quitas que no podrían ofrecerles su entidad financiera gracias a que adquieren las carteras de deudas con descuentos. Buscan todas las vías y facilidades para que el cliente cancele su deuda, aún con un repago que puede ser parcial y que le ayudará a poner en regla su historial crediticio si, en el futuro, necesitase nueva financiación.
Sin embargo, son deudas muy antiguas, algunas de más de una década, lo que dificulta en extremo contactar al cliente. "El sector gestiona 131 millones de expedientes al año. De ellos, el 90% se intenta gestionar por la vía amistosa. Antes de ir a la vía judicial siempre intentamos el acuerdo, pero ¿cuál es el gran problema del sector? La contactación. El año pasado solo se logró contactar con el 35% y hubo acuerdos de pago en el 21% de los 131 millones de expedientes. La vía judicial es la última para nosotros y a ley ahora impide que demandes si previamente no has intentado un acuerdo de pago que puedas demostrar", refiere el presidente de Angeco.
131 millones de expedientes
La asociación ha elevado el problema al Ministerio de Justicia y se ha dirigido a los grupos políticos para explicar los efectos de la normativa en su industria, que se entienda mejor su actividad, y buscar una solución adecuada. "Nosotros queremos que la labor que hacemos sea reconocida en sí misma como un MASC, como un medio alternativo de controversia", desvela. La intención es que se recoja así en la futura ley de servicers que regulará la actividad del sector, actualmente en tramitación parlamentaria y que deriva de una directiva que España tendría que haber traspuesto a finales de 2023.
"Va contra la cultura de pago que propugnamos. Es perverso porque el consumidor puede verse incentivado al impago porque, al final, no va a tener una sentencia judicial detrás que le empuje a pagar", agrega. Aunque es reciente y no está teniendo aún afectación a la compraventa de carteras a la banca y al resto de empresas, teme que acabe pasando factura en esas operaciones e impacte al final en tipo de activo que pueden desaguar y a su precio.
En Cataluña la litigación se ha complicado para el recobro además por su Tasa Judicial. Durante años ha estado en cuestión al suponer una doble imposición para acceder a los tribunales -hay otras tasas estatales- y ahora la industria está encarando ya de forma regular. "El 18% del volumen total gestionado por las empresas de Angeco está en Cataluña, Madrid es el 19%", repara. Su recargo va desde 68,20 euros para un procedimiento monitorio a 136,40 en procedimientos en segunda o superior instancia. En expedientes superiores a 3.000 euros implica doble tributación -por debajo solo se aplica en Cataluña-. El ticket medio del recobro en vía amistosa es de 1.686 euros y 21.370 euros en vía judicial.
La tercera complicación legal que enfrenta el sector ahora es la prohibición de realizar llamadas comerciales a través de teléfonos móviles fijada por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones para combatir también las estafas. Entró en vigor el 7 de junio y, aunque no incorporaba expresamente a los servicers, sí se sienten obligados por una aclaración posterior de la administración pública.
"¿Qué ha pasado? Hemos hecho una encuesta y nuestros asociados han detectado una caída de la tasa de contactos del 40%. Al no utilizar teléfono móvil, el receptor de la llamada ve que es un fijo y, por lo que sea, está cayendo el contacto con el deudor. Si no me dejas la vía judicial y me pones trabas a la amistosa porque me cae un 40% el contacto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo recuperamos deuda?", zanja. En Francia este mismo problema duró dos años, y acaban de solucionarlo reconociendo que un recobro no es una llamada comercial, revela.
El sector recuperó 12.900 millones 2024
Las empresas que forman parte de Angeco recuperaron el año pasado 12.861 millones de euros en deuda originalmente impagada y en su gran mayoría fue a través de acuerdos para facilitar el pago a los clientes (un 71,5% se logró por la vía amistosa, frente al 28,5% a través de la vía judicial). La cifra supone un incremento del 3,5% respecto al ejercicio 2023 y equivale casi a un 1% del PIB nacional. Corresponden a las compañías asociadas en la patronal, que agrupa a un 85% de la industrial y cuenta con una plantilla conjunta superior a los 20.300 profesionales.
En conjunto gestionaron un total de 459.678 millones de euros de impagados de miles de clientes en el país. Por geografías, Madrid copa un 19,2% del volumen total (88.291 millones), seguido por Cataluña con un 17,9% (82.241 millones); Andalucía con el 16,3% (74.882 millones) y la Comunidad Valenciana (11,2% y 51.428 millones).