Madrid
Al sector de recuperación de deuda se le complica la operativa con algunas normativas. La reciente ley de Eficiencia Procesal exige a las partes en conflicto negociar antes de acudir a los tribunales o serán sancionados. A la industria le interesa pactar con el cliente planes de pago y no entrar en el laberinto judicial, pero hay una realidad que obliga a acudir también a esa vía: son deudas muy antiguas y apenas logran contactar con el 35% de los morosos. Otra norma, la prohibición de realizar llamadas comerciales a través de móviles, ha hundido un 40% esas comunicaciones. Sería adecuado solventar las distorsiones para un sector que ayuda a la banca a desaguar sus activos tóxicos y evitar el indeseable efecto de favorecer al incumplidor o alentar una morosidad estratégica.