El Gobierno rectifica y ha reformulado la ley de servicers -plataformas que gestionan la recuperación de la deuda morosa desalojada por los bancos- para evitar torpedear la venta de carteras. En su versión original, el Anteproyecto de Ley obligaba a las entidades financieras a ofrecer a los clientes vulnerables la posibilidad de redimir su deuda antes de que se la vendiesen a un fondo con el pago del precio ofertado por los mismos, con sus correspondientes quitas. En la práctica implicaba que si la deuda fallida se vendía por el 10% de su valor inicial bastaba con abonar dicha cuantía antes de que el crédito se enajenase para librarse de él.
La medida cayó como un jarro de agua fría en la industria, aún cuando banca y servicers apoyan desplegar medidas de ayudas a clientes vulnerables, porque amenazaba con cargarse el mercado ante la imposibilidad para las entidades de saber si una persona es o no vulnerable -son condiciones privadas y protegidas por la ley de protección de datos-.
Alertaron de que el requisito inhibiría la venta de deuda, en contra del objetivo que persigue la directiva de servicers que se transpone de ayudar al sector financiero desaguar sus activos improductivos para favorecer el crédito. Avisaron además de que, tal y como se estipulaban las ayudas, acabaría fomentando el impago al introducir el incentivo perverso de no pagar para obtener grandes quitas.
Tras someter el texto a consulta pública y recabar las alegaciones de los distintos operadores, el Ejecutivo ha reformulado el redactado de la norma, pendiente de volver al Consejo de Ministros para su ulterior trámite parlamentario, y el nuevo texto rectifica tanto la medida como el perfil socioeconómico que define a un deudor como vulnerable.
Códigos de buenas prácticas
En el caso de préstamos hipotecarios impagados, la entidad estará obligada a aplicar los protocolos de reestructuración de deudas fijados en el Código de Buenas Prácticas y que contempla tanto exoneraciones de intereses o ajustes en los mismos como fijar quitas e, incluso, condonaciones vía dación en pago, según el nuevo redactado al que ha tenido acceso elEconomista.es.
La normativa exigirá a las entidades que presenten a los prestatarios vulnerables con deudas vencidas "un plan de pagos" sobre el crédito pendiente que incluya fórmulas de quita que "no menoscaben la cultura de pago" y sea "compatible" con la protección a los colectivos más endeudados, adaptados a su situación particular. Para ser considerado vulnerable, el deudor tendrá que estar cobrando el Ingreso Mínimo Vital (604,21 euros al mes o 7.250,52 al año si vive solo o superior para un hogar con más miembros).
El redactado inicial también incluía a los hogares con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples de catorce pagas (8.400 euros al año) o cuatro veces si algún miembro del hogar sufre una discapacidad o exista una víctima de violencia de género o de trata o explotación sexual, que sea una familia numerosas o monoparental con hijos a cargo, entre otros supuestos. Uno de los problemas que planteaba esa definición es que la banca carece de esa información personal y no puede acceder a la misma al encontrarse protegida por la ley de Protección de Datos.
El vulnerable cobra el IMV
El plan de pagos que la banca deberá ofrecerles congelará el devengo de nuevos intereses y gastos asociados al préstamo y fijará un repago de la deuda acorde a las circunstancias del cliente, sin que en ningún caso supere el 5% del IMV. La norma exige además quitas en intereses, gastos y deuda pendiente siempre que cumplan con el repago acordado o, en caso contrario, se podrá vender su deuda.
Ahora no se impone a la banca identificar antes al vulnerable, sino que tendrá que ser el propio deudor el que acredite su situación en un plazo de tiempo tasado a partir de que banco o servicer le comuniquen que su deuda forma parte de un porfolio que se va a transferir. Una solución que, si bien resuelve la imposibilidad de detectar al vulnerable, el mercado ha recogido aún con temor por el riesgo de que los retractos perjudiquen la venta de carteras, sobre todo en financiaciones al consumo, si acaban afectando al precio global de la transacción.
El sector de la recuperación de deuda lo integran compañías que en 2022 -últimos datos conocidos- gestionaban activos por un volumen de 436.407 millones de euros y recuperaron 10.116 millones, casi equivalente al 1% del PIB nacional, con una plantilla de algo más de 20.000 personas. El principal cliente de estas empresas son las entidades financieras, con un volumen de 191.793 millones gestionados y 7.907 millones recuperados.
