Los procuradores critican que la Ley de Eficiencia les exige más costes

La procuradora y vocal del Consejo Directivo de la Mutualidad de Procuradores, Nuria Ramón, señala que la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia amplía las funciones de los procuradores en materia de actos de comunicación, auxilio y cooperación con la Justicia.

"La Procura no rechaza las nuevas competencias otorgadas; simplemente, se pone de manifiesto que cada vez se descargan más gastos en los profesionales, que repercuten en el ciudadano. Esta carga económica no debería justificarse en nombre de la agilización del procedimiento", señaló en un comunicado.

Asimismo, desde la Mutualidad de Procuradores lamentan que la nueva norma, que entró en vigor el 3 de abril, convive con otras dos leyes anteriores generando un panorama procesal complejo en el que la norma aplicable a cada procedimiento depende del momento en que se haya presentado la demanda.

"El resultado es una inseguridad normativa que obliga a los profesionales del Derecho a extremar la atención y precisión en cada actuación procesal", señalan desde la entidad.

La nueva ley impone, entre otras medidas, la necesidad de acreditar la realización de un MASC (Medio Adecuado de Solución de Controversias) como requisito previo para la admisión de la demanda. Una novedad que, en palabras de Nuria Ramón, "recupera figuras que ya existían antes del año 2001 y que fueron eliminadas precisamente por su carácter dilatorio, además de generar incertidumbre sobre cómo afectará a las costas procesales".

Ramón denuncia que las nuevas competencias no se aplican a materias colapsadas (concursal, laboral o penal) en las que la eficiencia resultaría esencial.

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