
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa da marcha atrás y acoge las reclamaciones de las principales patronales de pymes para subir al máximo que permite la Unión Europea el tamaño de las pequeñas y medianas empresas.
De este modo, más compañías hasta ahora consideradas grandes pasarán a calificarse como pymes, de modo que podrán beneficiarse de una menor carga burocrática como presentar cuentas simplificadas y sin necesidad de someterlas a auditoría. El Ministerio que encabeza Carlos Cuerpo prevé que la medida ahorre a las empresas hasta 8,16 millones de euros al año en gestiones administrativas.
Economía ha sometido a segunda audiencia pública hasta el 4 de junio el Anteproyecto de Ley por la que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa. El primer anteproyecto, y que dio lugar a las aportaciones remitidas por de Cepyme, Pimec o Confebus, se sometió a consulta en la primavera de 2024.
Una vez se apruebe la ley, se considerarán pequeñas empresas a aquellas que durante dos años seguidos cumplan dos de estos tres requisitos: que el total del activo no supere los 7,5 millones de euros; la cifra de negocio anual no sobrepase los 15 millones de euros; y el número de empleados no exceda los 50.
En la actualidad el volumen de activos está en los 4 millones; la cifra de negocio en los 8 millones; y los empleados también en 50.
En el anterior anteproyecto de ley, el Ejecutivo hacía una subida más tímida de los umbrales, de modo que el volumen de activos no podía superar los 5 millones; el importe de negocio, los 10 millones; y los trabajadores, los 50.
Las compañías que cumplan estos requisitos podrán acogerse al Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas para presentar cuestas abreviadas.
Asimismo, según la futura ley, se considerarán empresas medianas aquellas cuyo volumen de activos no supere los 25 millones (en la ley actual, 20 millones); la cifra de negocio no exceda los 50 millones (40 millones, ahora); y los trabajadores no superen los 250.
Además, también se cambia el tamaño de las empresas para que queden exentas de la obligación de que sus cuentas sean auditadas. De este modo, una vez se apruebe la norma quedarán fuera de esta obligación las firmas que reúnan dos de estos tres requisitos al menos dos años seguidos: que el valor de sus activos no supere los 3.565.000 euros; que el importe neto de su cifra anual de negocio no exceda los 7.125.000 euros; y que no sobrepase los 50 trabajadores.
Lucha contra la inflación
La Directiva de octubre de 2023 de la UE subió un 25% los umbrales del volumen de activos y la cifra de negocio para calificar el tamaño de las empresas con el objetivo de ajustar su situación de las compañías a la elevada inflación tras la pandemia. En España, estos umbrales llevaban más de 17 años sin modificarse.
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