
Hacienda recaudó 53,3 millones de euros el año pasado por las tasas judiciales, lo que supone un 10% más frente al ejercicio anterior y hasta un 31% más desde la pandemia, según refleja el Informe de Tasas de los Ministerios de Hacienda y de Economía, Comercio y Empresa de 2024 recientemente publicado.
El incremento se debe a la mayor actividad judicial de los últimos años.
La recaudación de las tasas judiciales está encomendada al Ministerio de Hacienda. En la actualidad, solo pagan tasas judiciales las personas jurídicas, es decir, empresas, asociaciones o fundaciones y se abonan cuando acuden al orden civil y al contencioso-administrativo, este último el que resuelve los litigios en los que está involucrada la Administración pública.
Algunos de los asuntos por los que las compañías o entidades deben pagar esta tasa es para interponer demandas en determinados procesos civiles, para solicitar el concurso de acreedores, para interponer un recurso contra la Administración o para apelar una sentencia en cualquiera de las dos jurisdicciones.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2012 estas tasas para intentar frenar la alta litigiosidad, pero sin demasiado éxito.
Ciudadanos, exentos desde 2015
La recaudación de Hacienda de esta tasa comienza a remontar, después de que en 2015 se estableciera mediante Real Decreto-ley que las personas físicas quedaban exentas de pagar las tasas judiciales.
Los ingresos por esta tarifa tocaron su punto más álgido en 2013 con 316,5 millones de euros, hasta comenzar a descender drásticamente en 2015 con la nueva norma (206,3 millones de euros) y tocar su punto más bajo en 2018 (37,3 millones de euros).
Desde entonces, el aumento de la litigiosidad y especialmente desde el fin de la pandemia ha incrementado de forma paulatina los ingresos, aunque aún están lejos de los niveles de 2013 que son difíciles de alcanzar.
El Ministerio de Hacienda previó que recaudaría 52,5 millones de euros por esta vía el año pasado, estimación que se vio finalmente superada en un 1,59%.
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