El Ministerio de Justicia acaba de informar de que Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley que elimina las polémicas tasas judiciales introducidas bajo el mandato del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para todas las personas físicas en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias.
La supresión, que se hace a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, se incluye en el Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social. Dice Justicia que, desde el Ministerio, "se continúa así trabajando para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva".
Lo cierto es que, desde que se hiciera cargo de la Cartera, Catalá anunció en numerosas ocasiones -con motivo de su particular vuelta al mundo alrededor del sector judicial- su disposición a modificar la norma "subsanando la falta de consenso que tanto se le ha reprochado al extitular de Justicia".
Con todo, Catalá no ha derogado aún el tasazo para las pequeñas y medianas empresas, tal y como han pedido los colectivos judiciales desde la entrada en vigor de la norma.
Lea las primeras reacciones tras el anuncio de CataláUna norma de lo más polémica
Echando la vista atrás el endurecimiento de las tasas a que tenían que hacer frente ciudadanos y empresas que trajo de la mano Gallardón, no gustó a nadie desde el principio.
Haciendo un punto y aparte con la denostada Ley del aborto, que dinamitó su carrera política, el exministro de Justicia se llevó para el recuerdo esta otra norma que consiguió poner a todos de acuerdo. De acuerdo en su más absoluto rechazo. Y es que, la reforma modificó la cuantía de las tasas , sin tener en cuenta la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 800 euros por un recurso de apelación civil o hasta la escalofriante cifra de 1.200 euros por uno de casación ante el Supremo. Y ello, sin sumar la tasa variable.
En consecuencia, la principal crítica que se hizo a las tasas de Gallardón es que crea una "Justicia a dos velocidades: una para ricos y otra para pobres". En su palmarés, el goteo incesante de innumerables paros, manifestaciones y protestas, auspiciadas tanto por los sectores jurídicos como por los ciudadanos contra una Ley que, para muchos, está motivada en un objetivo "puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la Justicia de los ciudadanos".
De hecho, un sondeo de Metroscopia llevado a cabo pocos meses después de la entrada en vigor de la norma reveló que no sólo los operadores jurídicos han rechazado la imposición de tasas judiciales, sino también la mayoría de los ciudadanos (83 por ciento de los españoles) consideró que no hay razones que justifiquen el pago previo de una tasa para acudir a la Justicia, y un 79 por ciento opinó además que los importes establecidos en la Ley son excesivos.
Por todo, la Ley cumplió dos años el pasado noviembre habiendo recibido en este periodo hasta cinco recursos y varias cuestiones de inconstitucionalidad en su contra en el Tribunal Constitucional.
Hasta 1.200 euros para llegar al Supremo
La norma, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante durante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado.
El PSOE, anunció desde el primer momento que recurriría ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que registró diversas proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas.
La norma supuso en su día incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y los ciudadanos tenían pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso Administrativa. Las subidas más destacadas que introdujo la nueva ley se produjeron en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso Administrativo, que se incrementaron en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. Para recurrir en apelación se previó la cifra de 800 euros en ambos órdenes.
Además, el orden Social contempla ahora un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. Por si esto fuera poco, las tasas alcanzan ahora no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita,
Pero, ¿y el dinero?
Mientras el efecto disuasorio para los ciudadanos era reconocido por magistrados, fiscales, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia, sin embargo, los colectivos han denunciado hasta el final que se desconoce el destino de lo recaudado en un año y medio (512 millones de euros hasta julio de 2014).
Lo cierto es que cuando Ruiz Gallardón, aprobó la Ley de Tasas Judiciales aseguró que el dinero recaudado se destinaría a engrosar los fondos para hacer frente a la prestación de Justicia Gratuita. Un año después de la entrada en vigor de la Ley, la Plataforma Justicia Para Todos, que agrupa a la abogacía, sindicatos, funcionarios y consumidores, además de a la Interasociativa de Jueces y Fiscales y a varias asociaciones de secretarios judiciales , denunció que "el Ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia Jurídica Gratuita".
Aseguraron entonces que se desconocía el destino de la recaudación por las tasas que "ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 el Ministerio de Justicia".
Batalla en las redes sociales
Por último, es destacable que los abogados han estado batallando contra esta norma desde el día de su aprobación también a través de las redes sociales. Por ello, en el aniversario de la norma se reunieron con grupos parlamentarios, entre ellos PSOE, UPyD y Ciudadanos, y leyeron un manifiesto y pusieron el broche final a la jornada con la campaña #NocheAntiTasas en las redes sociales.
Paralelamente, muchos juristas y políticos activos en las redes sociales han formado La brigada tuitera, que llevan estos dos años reclamando la desaparición de las tasas que ya consiguió que las tasas fueran tendencia -trending topic en tan sólo cuatro minutos el día en que Catalá presentó sus líneas de actuación en el Congreso, denunciaban la barrera que suponía para el acceso a la Justicia y la desigualdad entre ricos y pobres. El pasado 20 de noviembre lograron ser nuevamente trending topic durante varias horas.
Catalá: El impacto directo e inmediato de las tasas sobre la litigiosidad no está acreditado
Consulte el Real Decreto Ley
