El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha hecho oídos sordos a las demandas de las organizaciones empresariales con mayor peso de pequeñas y medianas empresas (pymes), como es el caso de Cepyme, para elevar los umbrales por la que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa , en el Anteproyecto de Ley que esta semana ha visto en primera lectura y que transpone la Directivas Delegada (UE) 2023/2775, de 17 de octubre.
Las organizaciones empresariales en sus aportaciones al proyecto demandaban que se elevasen estos umbrales hasta el límite máximo permitido por la Directiva comunitaria. Así, Economía se ha mantenido en los límites máximos de cinco millones de euros de balance total, diez millones de euros de volumen de negocios neto y 50 empleados de media durante el ejercicio.
Sin embargo, la propia Directiva admite que los Estados puedan elevar los límites de las pequeñas empresas con activos de hasta 7,5 de euros, en el balance total y 15 millones de euros en volumen de negocios neto. En este caso, las empresas medianas hubiesen arrancado de un umbral mínimo de 7,5 millones de euros y uno máximo de 25 millones de euros de balance total, 50 millones de euros de volumen de negocios neto o 250 empleados de media durante el ejercicio.
El asunto es importante, porque afecta a numerosas empresas que con los umbrales admitidos por Bruselas se verían liberados de muchas de las obligaciones burocráticas impuestas en los últimos años y, además podrían acogerse al Plan de Contabilidad Simplificado para pymes.
En España, las pymes suponen el 99,8% del total del tejido empresarial y representan un 62 % del Valor Añadido Bruto (VAB), del mismo modo que emplean a seis de cada diez trabajadores.
Según las estadísticas oficiales, las grandes empresas representan un 0,17% del total; las medianas, un 0,85%; las pequeñas un 5.09%; las pymes sin asalariados son un 55,98%; y las microempresas, un 37,92% del total.
Los argumentos del Gobierno
El Ministerio de Economía justifica la no ampliación de los umbrales, de una parte a que la medida adoptada, porque ya se reducirá el ámbito aplicación de los requisitos de presentación de los estados financieros, lo que supondrá la simplificación de obligaciones contables para las empresas beneficiadas.
De esta forma, determinadas empresas calificadas actualmente como grandes pasarán a tener la consideración de empresas medianas y ello les permitirá acogerse a la posibilidad de elaborar modelos abreviados o acogerse al plan general de contabilidad de pymes. Además, considera que también tendrá una incidencia económica positiva puesto que reducirá las cargas administrativas de las empresas.
Los nuevos umbrales incluidos por Bruselas atienden a una actualización de los importes que responde a la inflación desde 2013, pero las asociaciones empresariales subrayan que como hay diferencia entre los países con respecto a la inflación, por ello, se incluye en la Directiva comunitaria esa posibilidad de elevarlos voluntariamente por los Gobiernos estatales.
Tanto para el Gobierno como para auditores y economistas forenses consideran que estas obligaciones sirven para mejorar la transparencia y la responsabilidad de las empresas, así como facilitar el acceso a la información por parte de las Administraciones y el público en general.
Obligaciones empresariales
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes pasado el proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad para su remisión a las Cortes, por el que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.
Las pymes cotizadas deberán elaborar este informe de sostenibilidad, desde el 1 de enero de 2026, el cual incluirá información sobre aspectos de medio ambiente, sociales, de gobernanza, derechos humanos y lucha contra la corrupción.
Se presentará en formato electrónico único para facilitar la comparabilidad a nivel europeo. El resto de las pymes y micropymes no están obligadas, salvo que voluntariamente se acojan, en la mayoría de los casos forzados por las grandes empresas al pertenecer a sus cadenas de distribución, lo que las puede llevar a publicar incluso su información financiera.
Además, las pymes, en cumplimiento con la Ley de Transparencia deben publicar información de forma periódica y actualizada para garantizar la transparencia de su actividad, con carácter simplificado. Esto incluye datos sobre los contratos firmados con el sector público y otros aspectos relevantes, incluidos los de carácter tributario.
Y finalmente, la medida afecta a los umbrales de la obligación de auditoría y de aplicación del sistema contable, pasando de la aplicación del Plan General a el Plan General para Pymes, lo que también tiene un claro reflejo en la gestión de los impuestos de la empresa.
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