- 16/03/2023, 19:12
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha aseverado, este jueves, en Zaragoza, que es el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien tiene que presentar la propuesta sobre las pensiones.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha aseverado, este jueves, en Zaragoza, que es el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien tiene que presentar la propuesta sobre las pensiones.
El Consejo de Ministros ha ratificado la última parte de la reforma de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El encargado de las pensiones ha pactado con sindicatos y los tradicionales socios de Gobierno, principalmente Unidas Podemos, y sin la patronal, una reforma que centra sus esfuerzos en subir las cotizaciones sociales hasta un 1,1% del PIB y no aplica un recorte del gasto.
La jubilación anticipada (es decir, la que tiene lugar antes de la edad ordinaria de jubilación) es una opción muy atractiva para las personas que no desean prolongar más de lo estrictamente necesario su vida laboral y pasar a disfrutar de un merecido descanso y su pensión de jubilación correspondiente.
Los trabajadores con sueldos más elevados y las empresas serán los que financien en gran parte las pensiones a través del destope de las cotizaciones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad. Con esta última medida, todo salario superior a la base máxima de cotización (ahora en los 54.000 euros anuales) cotizará hasta un 6% en 2045, sin que ello sea compensado en su futura pensión. Un verdadero impuesto encubierto que expulsará a los trabajadores más cualificados, que son los que más cobran. Con todo, este castigo a las rentas altas será inútil, ya que sólo pagará un 25% del aumento estimado del gasto en pensiones. Un porcentaje escaso que aboca a una mayor insostenibilidad del sistema e hipoteca las prestaciones futuras.
Punto y final a la segunda parte de la reforma de pensiones. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, logra cerrar la reforma con el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO tras la negativa patronal a aceptar la última oferta del Ministerio. En la rueda de prensa posterior al pacto, Escrivá también aporvechó para acordarse de los informes publicados por BBVA Research, Banco de España y Fedea, en los que se cuestiona la viabilidad de la reforma para con el mantenimiento del sistema público de pensiones.
Cualquier interrupción en la cotización que tenga lugar durante los últimos años de la carrera del trabajador, que son los que tiene en cuenta la Seguridad Social a la hora de calcular la cuantía de la pensión, tiene un impacto perjudicial para la futura prestación.
El goteo de dinero que sale de los planes de pensiones del sistema individual es constante desde que el Gobierno redujo los incentivos fiscales de estos productos en dos ocasiones. Desde 2020 hasta ahora, las prestaciones netas en el sistema individual ascienden a 1.000 millones de euros.
Las pensiones contributivas suelen ser incompatibles entre sí, por lo que no es habitual conocer a una persona que cobre dos pensiones a la vez. Sucede en algunos casos de trabajadores que han cotizado en dos regímenes de la Seguridad Social o, por ejemplo, cuando una persona tiene derecho a una pensión de viudedad y después se jubila, o viceversa.
La jubilación anticipada se trata de una opción con la que todos los trabajadores fantasean en algún momento de su vida laboral. Disfrutar de un más que merecido descanso antes de lo que marca la edad ordinaria de jubilación es siempre algo a tener en cuenta, aunque conviene conocer cuáles son las condiciones en las que se ejecuta esta opción.
El Gobierno intentará cerrar este martes con los sindicatos la segunda parte de la reforma de pensiones tras descartar la CEOE todo acuerdo ante la penalización que la reforma supone para las empresas. Después de la reunión mantenida este lunes entre el equipo del Ministerio liderado por José Luis Escrivá, y los agentes sociales, el Ejecutivo intentará convencer a Comisiones Obrersas (CCOO) y a la Unión General de Trabajadores (UGT) sin contar con el apoyo de los empresarios; que critican que los cambios implementados en el texto se traducen en un aumento de costes para las sociedades. Los sindicatos, por su parte, esperan una mayor "concreción" desde el Ministerio respecto a las pensiones mínimas; pero ambos sindicatos son optimistas respecto al final de la negociación.
Aunque una solicitud de pensión de incapacidad permanente pasa por una serie de fases y trámites desde la apertura del expediente, el paso por el tribunal médico es el que más inquietud genera a los solicitantes y sobre el que más confusión existe.
En pleno debate por la segunda parte de la reforma de pensiones, la directora de Relaciones Laborales de la patronal, Rosa Santos, ha denunciado hoy que la actualización de la norma "no es una negociación, sino una claudicación". Santos ha atacado de esta forma al Gobierno por llevar a la mesa de negociación una reforma ya pactada en el seno de la coalición, con la Unión Europea "y con los grupos de la izquierda". Del mismo modo ha alertado que esta reforma dificultará la negociación salarial al mermar la capacidad de las empresas.
El Gobierno ha logrado encaminar la última pata de la reforma del sistema de pensiones, la que ha modificado el número de años a tener en cuenta para el cálculo de las prestaciones y ha previsto aumentos en las pensiones mínimas y no contributivas e incrementos en las pensiones máximas, así como el destope de las bases de cotización.
La segunda parte de la reforma del sistema español de pensiones, presentada el viernes pasado, destaca por la ausencia de medidas de contención del gasto en estas prestaciones, que ya se encuentra en un nivel récord equivalente a casi 12.000 millones mensuales (dato de febrero de 2023). La ausencia de frenos de ese tipo provocará que el desembolso continúe al alza, no solo por factores como la jubilación masiva de la generación del baby-boom. Además, los expertos consultados por elEconomista.es, alertan de que hay características intrínsecas a la propia reforma que contribuyen a espolear al alza el gasto.
Cómo elaborar una presunta reforma sin que el escenario cambie sustancialmente en nada. Éste es el resumen más conciso que se puede hacer de la propuesta de reforma del sistema público de pensiones que pergeña el Gobierno. Aunque el foco está puesto en la posibilidad de elegir el período de cómputo de cotización para calcular la pensión –algo que tiene un efecto prácticamente neutro sobre el gasto sobre PIB– lo conocido no deja lugar a dudas, confirmando las declaraciones de los últimos meses: subida de la pensión media a inflación junto al destope progresivo de las bases máximas de cotización.
Las bajas expectativas que rodeaban a la segunda parte de la reforma del sistema español de pensiones se han cumplido. Como se preveía, la propuesta que el ministro Escrivá expuso esta semana a los agentes sociales será un cambio legislativo impulsado por decreto que fía por completo la sostenibilidad al incremento de los ingresos. Lo hace por la vía de tres nuevas alzas de cotizaciones sociales, en forma de destope de las bases máximas, la creación de una cuota de solidaridad para los sueldos más altos y la elevación del gravamen exigido por el Mecanismo de Equidad. En lo que respecta al gasto, los cambios que supondrá el nuevo periodo de cómputo de las pensiones será, en el mejor de los casos, inocuo.
Las personas que solicitan una pensión de incapacidad permanente lo hacen sabiendo que se trata de la prestación contributiva más peculiar de todas las que abona la Seguridad Social, algo que lleva a estas personas a pasar determinados momentos de incertidumbre debido a lo dilatado del proceso.
El Consejo Editorial de Pensiones de El Economista se reunió recientemente para discutir, principalmente, sobre la reforma de pensiones española. En un ágora crítico e independiente, consideran que es insuficiente y que España tiene pendiente un gran pacto despolitizado y una reforma integral que reparta el coste entre todos los agentes, los trabajadores y los pensionistas, para dejar de pagar pensiones a costa de endeudarnos. Los consejeros apuntan, además, a una mejora de los planes de pensiones individuales y colectivos que mejoren la capacidad de ahorro complementaria a la prestación pública bajo un prisma realista.
No suele ser el deseo más común de los trabajadores, pero en muchos casos resulta una opción útil de cara a jubilaciones con pensiones de escasa cuantía. Retrasar la jubilación puede convertirse en una vía a tener en cuenta si el trabajador quiere aprovechar al máximo económicamente las alternativas que le ofrece el sistema de pensiones.
Las pensiones de incapacidad permanente, a diferencia de lo que sucede con otras pensiones de carácter contributivo, no tienen por qué ser de naturaleza indefinida. Así, la Seguridad Social tiene el objetivo de velar por el correcto funcionamiento de estas prestaciones, que no es ni más ni menos que cubrir las necesidades de las personas que realmente las necesitan.
El subsidio para mayores de 52 años es una de las vías que los trabajadores sin empleo cerca de la edad de jubilación puedan mantener una cierta cobertura económica antes de poder realizar su retiro profesional definitivo. Incluso si esa jubilación se hace de forma anticipada.
Los planes de pensiones cada vez invierten más en activos alternativos. Según el último estudio elaborado por Thinking Ahead Institute, de WTW, el peso de la bolsa y renta fija ha caído en la última década, mientras que el de los activos alternativos se ha incrementado del 9% en 2002 al 23% en 2022.
Es una de las preguntas más comunes cuando una persona está cerca de la edad ordinaria de jubilación: ¿con cuánta pensión podré jubilarme? La respuesta será clave para el trabajador, ya que la cuantía de esa pensión a la que tiene derecho será su principal fuente de recursos, mes a mes hasta el final de su vida.
La jubilación anticipada es el sueño de no pocos trabajadores que desean adelantar su retiro profesional y poder disfrutar de un merecido descanso antes de la edad ordinaria de jubilación, que en España en 2023 es de 65 años o 66 años y cuatro meses (si no se llega a una cotización de 37 años y nueve meses).
El economista e inspector de Hacienda Francisco de la Torre está convencido de que "todas las formas de populismo fiscal son desastrosas". A combatirlas, y explicar al mismo tiempo una "economía para adultos", De la Torre dedica su último libro Y esto, ¿quién lo paga? (Debate, 2023).
El sindicato UGT ha trasladado su rechazo a la reforma de pensiones que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, prevé cerrar por la vía exprés, alegando carácter de urgencia y usando la fórmula del real decreto-ley, tal y como informó elEconomista.es. Escrivá reitera que su aprobación es "inminente", y bajo este procedimiento la ley quedaría publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras dar el Consejo de Ministros su aprobación. "No tenemos conocimiento. No estamos en condiciones de firmar ningún acuerdo con lo que conocemos hasta ahora. Después de negociar, vamos a necesitar un tiempo para debatir la posibilidad de acuerdo internamente en el sindicato", replica Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Ni los sindicatos ni los empresarios plasmarán su firma sin negociar. "Para buscar el acuerdo es necesario estar dispuesto a negociar y no traer una reforma ya cerrada", sentencian fuentes patronales.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este viernes en Valladolid que la reforma de las pensiones será "inminente, en días" y que será tramitada por decreto ley, como ha adelantado elEconomista.es.
La reforma de pensiones acumula más de dos meses de retraso y varios bloqueos y eso tendrá consecuencias. El ministro José Luis Escrivá negocia aún a tres bandas el desbloqueo de los últimos retoques de la legislatura. Desde la Comisión Europea han levantado la mano con cierto margen para que Seguridad Social llegue a un acuerdo por unas medidas impopulares entre los agentes sociales y los grupos políticos, especialmente la ampliación del periodo de cómputo. Ante la amenaza que lanza Bruselas de suspender parte o la totalidad del pago de 10.000 millones de fondos europeos y los plazos incumplidos, Escrivá se encuentra ya abocado a recurrir a la fórmula del real decreto para aprobar la reforma de pensiones por la vía rápida, antes de Semana Santa. Si no fuera así, resultaría ya imposible que el ministro cumpla sus propios tiempos.
El proceso por el que se solicita una pensión de incapacidad permanente sigue siendo algo confuso para las personas que se encuentran sumergidas en el mismo. No son pocas, dado que se trata de la tercera pensión contributiva que más se paga en España (unas 944.000 en el mes de febrero, según los datos de la Seguridad Social), y por ello es conveniente saber las opciones con las que se cuentan una vez comienza el camino.
Es la pensión contributiva por antonomasia, la que todo el mundo aspira a cobrar en el futuro y, por lo tanto, la que más se abona de las de todo el sistema de pensiones español: la pensión de jubilación llega a 6,20 millones de pensionistas (según los datos oficiales de la nómina de febrero) y forma parte de un engranado sistema de gestión que maneja la Seguridad Social desde su concesión hasta su pago.