El adelanto de la jubilación acarrea en muchos casos el recorte de la cuantía de la pensión, un hándicap que muchos trabajadores asumen porque les compensa frente a la continuación de la carrera laboral. Con todo, existen personas que pueden acogerse a esa jubilación anticipada sin necesidad de tener reducciones en su pensión.
De todas las fases que forman parte de un proceso de solicitud de una pensión de incapacidad permanente la visita al Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), al que se conoce como tribunal médico, es el paso más delicado y el que más agobia a los solicitantes.
La jubilación anticipada es una opción que puede llegar a ser muy beneficiosa para los trabajadores que desean adelantar su retiro y que presentan condiciones favorables para afrontar los recortes en la pensión que conlleva. En cualquiera de sus modalidades, eso sí, hay que cumplir determinados requisitos y uno de ellos (probablemente el más importante) es el de la cotización.
El grado de una incapacidad permanente es clave porque determina no solo la forma en la que se percibe la pensión, sino también la posibilidad de compatibilizar el cobro de la misma con el desempeño de un trabajo o el abono de cantidades extra para pagar a terceros cuando sea preciso en casos de dependencia.
El cobro de una pensión de jubilación parece una especie de trámite que tiene lugar cuando el trabajador cumple la edad de jubilación, pero lo cierto es que al tratarse de una pensión contributiva (que exige periodos de cotización) existen determinadas personas que no son capaces de generar el derecho a estas prestaciones y tienen que buscar otras alternativas.
En España el sistema de pensiones es cambiante y dinámico debido a la coexistencia de varias reformas de pensiones que han ido cambiando (y que cambiarán en los próximos años) determinados aspectos relacionados con la jubilación. Uno de los más importantes es la edad ordinaria de jubilación.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha criticado la labor del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al frente de la negociación del segundo bloque de la reforma de pensiones y ha lamentado que este tema no vaya "en la buena dirección", ya que el envió de la medida a Europa está cerca de los dos meses de retraso. Para el presidente de ATA es "muy complicado" que la reforma llegue a buen puerto.
Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras más abonadas dentro del catálogo de pensiones contributivas de la Seguridad Social. Llegan a unas 950.000 personas todos los meses y su concesión obedece a un procedimiento muy concreto por parte del organismo, que tiene un plazo para responder a las solicitudes de los ciudadanos.
El deseo de una inmensa mayoría de trabajadores es adelantar lo máximo posible la jubilación para dejar de trabajar y disfrutar de lo que seguro que consideran un más que merecido descanso. Sin embargo, en ocasiones no es una decisión que dependa de ellos mismos.
La jubilación de un trabajador cuando llega a la edad ordinaria suele obedecer a una decisión voluntaria: una vez que cumple dicha edad pasa a disfrutar del descanso que ha añorado durante muchos años. En otras ocasiones, no obstante, esta decisión no es precisamente voluntaria e incluso procede de un despido.
La jubilación anticipada permite adelantos respecto a la edad ordinaria de jubilación que van de los dos a los cuatro años en función de si se elige la modalidad voluntaria o la involuntaria. Sin embargo, en algunas situaciones los trabajadores podrán tener condiciones especiales en cuanto al periodo de adelanto de la jubilación.
Uno de los relatos comunes que rodean a las pensiones de incapacidad permanente es el de la dificultad para conseguirlas debido a la gran cantidad de etapas por las que pasa un proceso de solicitud de estas prestaciones. Una solicitud, por cierto, que no siempre debe partir del aspirante a pensionista, lo que a veces aligera un poco el inicio de los trámites.
Las pensiones de jubilación en España sufren cambios de forma periódica debido a las reformas del sistema que se han producido en la última década. Es por eso que algunos requisitos o condiciones clave van cambiando con el paso del tiempo (las reformas impusieron calendarios progresivos para implantar sus cambios), aunque en otros aspectos no se dan modificaciones.
Aunque la edad de jubilación ordinaria en España ha aumentado (lo hace todos años y así seguirá hasta 2027 por la reforma de 2011 de las pensiones), lo cierto es que muchos trabajadores adelantan sus jubilaciones. Esto se refleja en la edad de jubilación media en 2022, que fue de 64,8 años de acuerdo con los datos de la Seguridad Social.
La racionalización del gasto sigue siendo la gran asignatura pendiente para asegurar la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social y eliminar su déficit. Actuando estrictamente sobre esta vía (y también sobre los ingresos), los expertos ven el recorte de las prestaciones como una opción cada vez más factible. En concreto, las fuentes consultadas alertan de un recorte del 9,4% para la pensión media, aquella que en el tercer trimestre de 2022 superaba ligeramente los 15.000 euros anuales. En paralelo, sería necesario articular medidas que incrementaran los ingresos del sistema por cuantías similares. Si no se hiciera así, el tijeretazo en las prestaciones tendría que ser aún mayor.
Las pensiones de incapacidad permanente son de carácter contributivo, por lo que a pesar de que responden a enfermedades o dolencias que afectan a la vida del trabajador, también obligan en algunos casos a los mismos a reunir una serie de cotizaciones que, de no cumplirse, le dejan sin derecho a pensión.
Cuando una persona pierde un empleo en muchos casos pierde a la vez la cotización a la Seguridad Social. Son esas situaciones las que los trabajadores tratan de evitar a toda costa, dado que la ausencia de ingresos se le suma la interrupción en la cotización y su más que probable impacto negativo en la futura cuantía de su pensión de jubilación.
España no es un país de ahorradores en fondos ni planes de pensiones. Al menos, no en comparativa con la media de otras economías desarrolladas. Los activos que suman en pensiones privadas los españoles alcanzan el 14,3% del Producto Interior Bruto (PIB), siete veces menos que la media de la OCDE, que supera el 105% del PIB. Las constantes restricciones en las deducciones fiscales, además de una reforma que dilapida los planes individuales sin terminar de asentar aún los planes de pensiones empresariales, provocan un estancamiento en la previsión social complementaria.
Con la entrada de un nuevo año existen nuevas cuantías en las más de diez millones de pensiones contributivas que se cobran en nuestro país. El de 2023 es el segundo ejercicio en el que estas prestaciones se revalorizan con el IPC (Índice de Precios al Consumo) interanual medio de diciembre de 2021 a noviembre de 2022 que aprobó la primera pata de la 'reforma Escrivá' de las pensiones.
El titular del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, cuando decía ser independiente y Presidente de la Airef, cuestionaba el índice de revalorización de las pensiones aprobado por el anterior gobierno. Sostenía que era excesivo e introduciría desequilibrios financieros en el sistema. Ahora, no le debe parecer excesivo subir todas las pensiones de acuerdo con la inflación independientemente de su cuantía, lo que ha elevado el gasto mensual en tasa interanual hasta el 10,8% en el mes de enero, alcanzando el desembolso total el 12% del PIB.
La deuda de la Seguridad Social supera los 106.000 millones. Cuando Sánchez llegó al Gobierno, en 2018, la deuda era de 41.000 millones. Un año después alcanzó los 55.000 millones. En cinco años, sencillamente, la deuda ha aumentado cuatro veces su propio tamaño. Casi el doble, cada año.
Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando una persona es pensionista es que esa condición la ostenta a raíz del cobro de una pensión, independientemente del tipo que sea. Sin embargo, la normativa permite en ocasiones no solo cobrar dos tipos de pensiones contributivas distintas, sino también dos pensiones del mismo tipo.
España debe presentar a Europa el proyecto de reforma de nuestro sistema de pensiones, es una necesidad ineludible pues una de las condiciones impuestas para recibir los fondos Next Generation es precisamente la reforma de un sistema que está ya obsoleto y no se ajusta a la realidad presente y futura.
Con la llegada de 2023 se han producido cambios en el sistema de pensiones y muchos de ellos, aunque pueda, parecer extraño, vienen dados por una ley que se redactó hace ya más de 11 años y que sigue teniendo efectos en la actualidad. Es el caso de la edad de jubilación y cómo se aplica a los trabajadores que desean jubilarse de forma ordinaria y también de forma anticipada.
La mayoría de los trabajadores no solo habrá recibido en su cuenta el primer salario correspondiente a 2023, sino que también habrá recibido en su correo electrónico la nómina del mes de enero. Y, si la ha consultado con un mínimo de atención, habrá podido comprobar cómo sus cotizaciones a la Seguridad Social son mayores que en el pasado mes de diciembre de 2022.
Una de las claves para determinar la cuantía de una pensión de jubilación es la base reguladora del trabajador. Se trata de un valor clave no solo para estas prestaciones, sino para todas aquellas de tipo contributivo como las pensiones de viudedad o incapacidad permanente y la prestación contributiva por desempleo, el paro.
El Tribunal Supremo anula que el cuerpo de bomberos pueda recibir una gratificación por jubilación anticipada cuando los funcionarios de este gremio alcancen los 60 años de edad porque, según el Real Decreto 383/2008 sobre coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, es la edad legal para recibir una pensión.
Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras más abonadas dentro del ramillete de prestaciones contributivas de la Seguridad Social. Son casi 950.000 de estas pensiones que siguen un camino diferente al de otras de su misma categoría como las de jubilación o las de viudedad.
El colapso en la Seguridad Social golpea a los jubilados. El tiempo medio para formalizar las pensiones casi se ha quintuplicado en tan solo dos años, pasando de apenas una semana a tener que esperar más de un mes para poder gestionar el cobro. El Gobierno reconoce que el tiempo medio para cobrar la jubilación asciende ya a 33,35 días desde que se inicia la solicitud hasta que se resuelven todos los trámites, según la información aportada por la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social a través del Portal de Transparencia.
El envejecimiento poblacional es el reto demográfico, social y económico de occidente durante este siglo. El progresivo retiro de la generación del baby boom, con una base de la pirámide demográfica ya debilitada por la leve natalidad, tensará financieramente los sistemas de pensiones públicos en Europa y, por supuesto, en España. El actual sistema arrojará un déficit del 4,5% del PIB a mitad de siglo -unos 54.000 millones de la actualidad- derivado de un mayor gasto en pensiones incapaz de ser absorbido por los ingresos pese al mayor esfuerzo que asumirán todas las nóminas en las próximas décadas.
