El envejecimiento poblacional es el reto demográfico, social y económico de occidente durante este siglo. El progresivo retiro de la generación del baby boom, con una base de la pirámide demográfica ya debilitada por la leve natalidad, tensará financieramente los sistemas de pensiones públicos en Europa y, por supuesto, en España. El actual sistema arrojará un déficit del 4,5% del PIB a mitad de siglo -unos 54.000 millones de la actualidad- derivado de un mayor gasto en pensiones incapaz de ser absorbido por los ingresos pese al mayor esfuerzo que asumirán todas las nóminas en las próximas décadas.
Miguel Ángel García, investigador asociado a Fedea y profesor en la URJC, argumenta a elEconomista.es que el gasto exclusivamente contributivo será del 17,9% del PIB, esencialmente derivado del gasto en pensiones (16,4 puntos) y el destinado a otras prestaciones (aproximadamente otros 1,5 puntos). Esto, tal y como está concebido el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que desde esta primera nómina de 2023 carga 0,6 puntos extra en cotizaciones a todos los trabajadores, augura que la Seguridad Social española mantendrá el déficit en 2032, cuando el MEI deberá ser reevaluado en el caso de mantener el sistema de ajuste semiautomático que prefiere el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Los gastos impropios son de 1,4 puntos, más el complemento a mínimos a pagar de 0,5 puntos, ambos desembolsos asumidos vía impuestos en los Presupuestos Generales de cada año. A cambio, las cotizaciones rondan los 11 puntos del PIB actualmente tras una férrea recuperación de la afiliación tras la pandemia. Los 0,2 puntos extra del Mecanismo de Equidad quedan excluidos de la ecuación del pasivo de la Seguridad Social, al ir destinados a la hucha de las pensiones.
Para entonces, ya en un horizonte de medio plazo, se prevé mantener el esfuerzo sobre las rentas del trabajador. "Habría que aplicar medidas para mejorar ingresos o recortar el gasto en 0,8 puntos. La medida dice que el Pacto de Toledo buscará la fórmula, es decir, que no es automático y eso no le gusta a la Comisión Europea. Es muy difícil encontrar 0,8 puntos extra de ingresos o recortar en 0,8 puntos las pensiones", lamenta García.
El economista asociado a los expertos de economía aplicada de Fedea hace referencia a los datos del Ageing Report que elabora la Comisión Europea. Haciendo un análisis a largo plazo, la mejora de los ingresos prevista por el Gobierno -un cálculo facilitado a los agentes sociales que publicó este medio-, es del 0,4% por el destope de las bases máximas de cotización. Sin embargo, tanto Fedea como el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social dejan este impacto en el 0,2% del PIB, la mitad. "Solamente en términos cuantitativos, como dijo el gobernador del Banco de España, es una cuestión de restar y sumar. La reforma no garantiza la sostenibilidad financiera del sistema, de hecho, le queda bastante para poder garantizarla", explican desde Fedea.
Más esfuerzo o sacrificio
Por tanto, los cálculos proyectan un déficit que, siendo prudentes, será superior al 3% del PIB de aquí a una década. Esta situación provocará dos derivadas: un endurecimiento de las cotizaciones para mejorar los ingresos o un recorte del gasto que podría ser traducido en pensiones menos cuantiosas o alargamientos de la edad de jubilación. Todo esto en búsqueda de un alivio del 0,8% del PIB, cuando actualmente está siendo casi imposible acordar una reforma cuyo pilar, el destope, apenas llegaría a sumar el 0,27% del PIB a mitad de siglo.
El diario El País publicó ayer que el ministerio que dirige José Luis Escrivá ha planteado en la Comisión Europea una subida de cotizaciones más elevada de lo planteado inicialmente a los agentes sociales en el borrador de diciembre. Entonces, se cifró una subida de las bases máximas de cotización del 1,154% más el IPC medio anual. Según publica El País, esta subida estaría ajustada a un recargo extra para los salarios más elevados. Actualmente, la base máxima es de 54.000 euros.
"A la Comisión Europea no le interesa que el gasto se mayor o menor, sino que el sistema tenga los ingresos suficientes, es decir, que sea sostenible. Con la independencia de que piensen que pueda haber efectos colaterales por la subida de impuestos", explica sobre la subida de cotizaciones y la sostenibilidad el investigador de Fedea.
Los economistas descartan que la reforma de Escrivá sea suficiente para cubrir el gasto
El Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, con economistas y académicos de la Universidad de Valencia o de la Extremadura, también proyecta que, en resumidas cuentas, las cotizaciones del trabajador tendrán un menor valor estas décadas venideras.
Las bases máximas quedarán acorraladas por el menor tope de las pensiones más altas, especialmente a mitad de siglo, cuando la brecha entre ambos parámetros será alcanzará su mayor amplitud. Así, un salario cotizando por el máximo generará una prestación entre un 40% y un 45% menor de lo correspondido por la senda del destope planteada. "A partir de 2050 bajan los valores de las variables que representamos porque la pensión máxima empieza a subir más rápidamente a partir de ese año", explica Enrique Devesa, de la Universidad de Valencia a elEconomista.es.
Este, precisamente, es el punto que defienden los empresarios: temen que la subida generalizada de las próximas décadas -motivada por ser uno de los países con el tope más bajo de Europa, en 54.000 euros- desincentive la contratación de perfiles con rentas más elevadas. "Podría desincentivar realizar cotizaciones, ya que el diferencial entre ambas variables es una cuantía por la que se cotiza, pero que no da lugar, en general, a una pensión más elevada", concluyen los académicos.
