Cuánto tiempo tarda la Seguridad Social en dar una incapacidad permanente: estas son todas las fases

Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras más abonadas dentro del catálogo de pensiones contributivas de la Seguridad Social. Llegan a unas 950.000 personas todos los meses y su concesión obedece a un procedimiento muy concreto por parte del organismo, que tiene un plazo para responder a las solicitudes de los ciudadanos.

Es la propia Seguridad Social la que indica en su página web el plazo máximo que tiene para responder a una solicitud de pensión de incapacidad permanente: 135 días hábiles. Es un periodo mucho mayor que el de las pensiones de jubilación y viudedad, de 90 días, pero tiene una explicación.

Todo se debe a la peculiar naturaleza de esta pensión, que se abona por la influencia de una enfermedad en la vida laboral y/o cotidiana de un trabajador, algo mucho más complicado de determinar que aspectos como la llegada a una edad de jubilación o el fallecimiento de una persona que dé derecho a otra para percibir una pensión de viudedad.

Por lo tanto, la persona que inicie una solicitud de pensión de incapacidad permanente ha de recibir una respuesta por parte de la Seguridad Social antes de 135 días hábiles. Y, en caso de que no llegue la respuesta, se entenderá que la pensión ha sido denegada por la existencia de silencio administrativo.

Las fases de un proceso de solicitud de incapacidad permanente

Como no puede ser de otra manera, todo empieza con la apertura del expediente de solicitud. Si lo hace el propio ciudadano puede acceder al formulario en este enlace de la Seguridad Social y hacer el trámite en la plataforma de petición online de pensiones. En caso de querer hacerlo de forma presencial deberá pedir cita previa.

Sin embargo, no es necesario que sea el propio aspirante a pensionista el que inicie los trámites. Puede hacerlo la Seguridad Social, pero también la Inspección de trabajo o el Servicio Público de Salud si cualquiera de estos actores entienden que el ciudadano es susceptible de entrar en el proceso. Pero, eso sí, esto no significa que el trabajador tenga la pensión asegurada.

En el caso de que la Seguridad Social no solicite documentación adicional (puede hacerlo, y si es así el ciudadano tendrá un plazo de 10 días para ello) el trabajador debe esperar hasta que le llegue la convocatoria del tribunal médico, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).

Es quizá el paso más delicado para el trabajador, pero no debe temer en absoluto: la tarea del tribunal médico no es fiscalizarle o poner trabas a la concesión de la incapacidad, sino dilucidar el efecto de la enfermedad o dolencia en su vida cotidiana y laboral, además de comprobar si ese efecto es lo suficientemente grave como para implicar la asistencia de terceras personas.

Es por eso que en el transcurso de la visita los miembros del tribunal puedan hacer todo tipo de preguntas y requerir la realización de determinados movimientos. En todo momento, la actitud del trabajador debe ser de colaboración para que el trámite sea lo más beneficioso posible para todas las partes.

Quién concede una pensión de incapacidad permanente

El tribunal médico elaborará una recomendación de denegación o concesión de pensión de incapacidad permanente, así como el grado de la misma si se decanta por lo segundo. Este dictamen va directo a la dirección provincial de la Seguridad Social, la encargada en última instancia de tomar la decisión.

Porque, a pesar de lo que puede parecer, la responsabilidad del tribunal médico es grande (de hecho, no en pocas ocasiones la Seguridad Social sigue su criterio), pero su recomendación no es ni mucho menos vinculante.

Sea como fuere, si antes del plazo de 135 días hábiles la Seguridad Social se pronuncia existen dos opciones: la comunicación de la concesión de la pensión (y su grado) o de la denegación. En este caso el ciudadano podrá recurrir la decisión del organismo.