Las bajas expectativas que rodeaban a la segunda parte de la reforma del sistema español de pensiones se han cumplido. Como se preveía, la propuesta que el ministro Escrivá expuso esta semana a los agentes sociales será un cambio legislativo impulsado por decreto que fía por completo la sostenibilidad al incremento de los ingresos. Lo hace por la vía de tres nuevas alzas de cotizaciones sociales, en forma de destope de las bases máximas, la creación de una cuota de solidaridad para los sueldos más altos y la elevación del gravamen exigido por el Mecanismo de Equidad. En lo que respecta al gasto, los cambios que supondrá el nuevo periodo de cómputo de las pensiones será, en el mejor de los casos, inocuo.
La futura reforma nace, además con otros lastres. No en vano, pese a contar con el apoyo de la Comisión Europea, de Podemos y de los sindicatos, ya se ha ganado el "rechazo frontal" de las patronales CEOE y Cepyme. En lo que respecta a los analistas, las opiniones de los expertos consultados por elEconomista.es se resumen en que "estamos más ante un paripé que ante a una aportación valiosa para asegurar el futuro de las pensiones públicas". Los puntos principales de la propuesta son los siguientes:
Nuevo periodo de cómputo
Poco ha quedado de la pretensión de alargar el periodo de cómputo de las pensiones de modo sustancial (hasta los 30 años excluyendo los dos que se consideren peores a estos efectos). Esta iniciativa implica necesariamente un recorte de las futuras prestaciones que ni los sindicatos ni Podemos estaban dispuestos a aceptar. Para contentarlos, el Gobierno opta por una solución a la carta.
Más concretamente, quienes se jubilen en los próximos años (hasta 2044) tendrán ante sí dos opciones. La primera se resume en que nada cambie; es decir, si así lo desea el futuro jubilado, se considerarán sus últimos 25 años cotizados para calcular su pensión tal y como establece la ley actual.
También tendrá a su alcance la posibilidad de que se consideren los últimos 29 años de su vida laboral, desechando los dos que se consideren peores. Por tanto, se tendrían en cuenta de modo efectivo un total de 27. Si el futuro jubilado no se decanta, será la propia Seguridad Social la que elija la opción que resulte más ventajosa para el trabajador.
El gasto queda igual o sube
Cuando se barajaba la opción de que el periodo se cómputo se extendiera a los 30 años, el Observatorio de Pensiones WTW ya avisó que, tal y como se planteaba ese cambio, su efecto sería mínimo a la hora de racionalizar el gasto de la Seguridad Social. WTW situó la rebaja de la pensión media en tan solo un 0,04%. La perspectiva es aún más insignificante con el nuevo cómputo a la carta que Escrivá plantea a los agentes sociales.
"No solo no recortará el gasto sino que además existe la posibilidad de que lo incremente", según explica el abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges. Esta situación se debe a que se abre la posibilidad de que los jubilados que han tenido una carrera laboral más irregular elijan los 27 años más beneficiosos para ellos, en términos de cotización y eleven así su prestación.
Prosige el 'destope'
Entre las medidas para aumentar los ingresos, figura la eliminación de los límites de cotización que hacen que ahora solo contribuyan los salarios hasta un límite situado en 54.000 euros al año. El tope desaparecerá progresivamente hasta 2050 con un alza de las bases equivalente a la tasa anual del IPC más un 1,2%. Por su parte las pensiones máximas se revalorizarán menos, en función del IPC más un 0,0115%.
Nueva 'cuota de solidaridad'
Aún hay más novedades para los sueldos de mayor cuantía. Aquella parte de estas retribuciones que no cotiza, por superar el mencionado límite de 54.000 euros anuales, se verá gravada con una cuota del 1% a partir de 2025 que aumentará un 0,25% cada año. El objetivo es que llegue al 6% en 2045. La alusión a la "solidaridad" se debe, en este caso, a que la cuota no tiene carácter contributivo y, por lo tanto, no genera derecho a ningún tipo de contraprestación en la cuantía de la pensión.
Mayor peso del MEI
Aún está prevista una tercera vía para incrementar los ingresos sirviéndose, en este caso, de un recurso puesto en marcha por la primera parte de la reforma: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este protocolo establece un aumento de las cotizaciones destinado a nutrir el Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones. Ese plus se sitúa actualmente en el 0,6%, repartido entre la empresa (un 0,5%) y el trabajador (un 0,1%). El objetivo ahora es que el MEI equivalga al 1,2% en 2029. Para ello, crecerá una décima al año conservando el reparto ya mencionado entre el trabajador y la empresa.
Alza de las pensiones mínimas
El Gobierno repite con las pensiones mínimas una política semejante a la que aplica desde 2019 al Salario Mínimo. En el caso de las pensiones más bajas con cónyuge a cargo, el objetivo es que alcancen entre 2024 y 2027 la cuantía equivalente al 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar en el que vivan dos adultos.
