Cómo elaborar una presunta reforma sin que el escenario cambie sustancialmente en nada. Éste es el resumen más conciso que se puede hacer de la propuesta de reforma del sistema público de pensiones que pergeña el Gobierno. Aunque el foco está puesto en la posibilidad de elegir el período de cómputo de cotización para calcular la pensión –algo que tiene un efecto prácticamente neutro sobre el gasto sobre PIB– lo conocido no deja lugar a dudas, confirmando las declaraciones de los últimos meses: subida de la pensión media a inflación junto al destope progresivo de las bases máximas de cotización.
Estos elementos meten al sistema de pensiones en un 'callejón sin salida', ya que detrás de esta concepción de las pensiones no hay ningún análisis serio de qué capacidad de resistencia tiene la economía española para tener las cotizaciones empresariales más altas de la OCDE, permitiéndose este lujo teniendo una tasa de paro del 12,5% y un crecimiento nulo de la productividad total de los factores en los últimos 20 años.
No hay que buscar rigor en esta propuesta. Detrás de ello sólo hay una clave importante como es la exigencia por parte de la Comisión Europea de presentar una reforma del sistema público con la que se cumple uno de los hitos marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y, gracias a ello, seguir recibiendo desembolsos de los fondos #NextGenEU. La Comisión ni siquiera evaluará mínimamente si lo que le están presentando es una tomadura de pelo o si es algo medianamente serio. Con hacer parecer que se están cuadrando los números en el presente es más que suficiente.
Obviamente, presentar una reducción del déficit total de la Seguridad Social (y menos aún teniendo en cuenta que la deuda de esta Administración ya supera los 100.000 millones de euros) no implica cuadrar las cuentas en el futuro. Y en el caso de la caja de la Seguridad Social actual, todavía menos. La matemática a la que se ha abocado al sistema público de reparto es la de parchear todos los años el déficit con deuda y a un sistema casi latinoamericano de "recargos de solidaridad" con los que jugar a la hora de buscar financiación extraordinaria.
Todo se basa en que la masa salarial actual y futura tendrán suficiente capacidad para devengar hasta un 38% destinado a pagar unas pensiones crecientes a razón de IPC, logrando algo que es lo más parecido a la 'cuadratura del círculo' aplicado a pensiones: convertir un sistema de contribución definida en, al mismo tiempo, un sistema de prestación cuasi definida y con una transferencia de recursos entre futuro y presente absolutamente inasumible. Si ya de por sí el aumento de 0,6 puntos de la cotización por el redefinido 'mecanismo de equidad intergeneracional' es poco aceptable, menos aún es duplicarlo hasta 2029 teniendo en cuenta el tamaño, balance y beneficios de las empresas, y los niveles bajos de salarios reales que tienen los trabajadores en España.
Del mismo modo no es aceptable la ruptura de la relación entre contribución y prestación para aquéllos que más contribuyen a la estabilidad del sistema como son los salarios más altos. El destope real llegará mucho antes de lo que Escrivá dice, y eso es un problema de primera magnitud para capturar talento y atraer inversiones del exterior.