La reforma de Escrivá amenaza con elevar aún más el gasto en pensiones

La segunda parte de la reforma del sistema español de pensiones, presentada el viernes pasado, destaca por la ausencia de medidas de contención del gasto en estas prestaciones, que ya se encuentra en un nivel récord equivalente a casi 12.000 millones mensuales (dato de febrero de 2023). La ausencia de frenos de ese tipo provocará que el desembolso continúe al alza, no solo por factores como la jubilación masiva de la generación del baby-boom. Además, los expertos consultados por elEconomista.es, alertan de que hay características intrínsecas a la propia reforma que contribuyen a espolear al alza el gasto.

Analistas como Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer, señalan, como el aspecto "más peligroso" desde este punto de vista, al cambio en el periodo de cómputo de las prestaciones públicas. El afán del Gobierno pasa por permitir a los jubilados que elijan entre seguir sujetos al régimen actual (que considera los últimos 25 años cotizados) o decantarse por los últimos 29, excluyendo los dos años que se juzguen más perjudiciales desde este punto de vista.

Carreras no lineales

Esta última opción es muy relevante para las denominadas carreras laborales no lineales, es decir, aquéllas cuya cotización se ha visto disminuida por culpa de las últimas crisis económicas. La posibilidad de calcular sus pensiones según sus 27 mejores años elevará de modo perceptible las prestaciones a las que estos mismos trabajadores tendrían derecho de acuerdo con el sistema actual.

Si a todo ello, se suman factores de tan largo alcance como el envejecimiento demográfico, puede afirmarse que el peso del gasto en pensiones sobre el PIB (ahora situado en el 12%) no disminuirá. Muy al contrario, está en condiciones de igualar o incluso superar el 15% en el entorno del año 2050.

Con tan sombrías expectativas, el Gobierno volverá hoy a defender ante los agentes sociales su propuesta a través de una reunión a tres bandas en la que puede ya afirmarse que la división es la nota dominante.

Es cierto que el Ejecutivo se ha granjeado el apoyo de los sindicatos, después de renunciar a su propósito de imponer una ampliación del periodo de cómputo de los 25 años actuales a 30 (o incluso 35, como se barajaba en las primeras negociaciones).

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social se ha enajenado por completo a las patronales por el modo en que actúa por la vía de los ingresos, abogando por tres vías para elevar simultáneamente las cotizaciones sociales.

La primera de ellas pasa por el destope de las bases máximas, un ataque a los sueldos más altos que se refuerza con la creación de una cuota de solidaridad para el tramo de estas retribuciones que supera el límite actual de 54.000 euros anuales sujeto a pago de cotizaciones. Por último, todos los trabajadores y sus empresas afrontarán un mayor gravamen derivado del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde la primera parte de la reforma.

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