Un aspecto fundamental a la hora de pensar en la jubilación es el momento a partir del cual el trabajador puede solicitar, precisamente, ese retiro profesional. La edad de jubilación es dinámica y cambia cada año, por lo que es muy recomendable estar al tanto de las condiciones para no caer en errores o confusiones.
La reforma de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sido convalidada por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. El último paquete de medidas, que incluye un mayor esfuerzo en cotizaciones sin minorar el gasto, ha contado con 179 votos a favor votos a favor y 104 en contra.
La pensión de jubilación es una pensión contributiva y, por eso, obliga a los trabajadores que deseen percibirla una vez se jubilen a ciertos niveles de cotización a la Seguridad Social. Esto tiene el objetivo de sufragar, precisamente, el sistema de pensiones. En el mes de marzo, este gasto en pensiones ha sido del 11,7% del Producto Interior Bruto, muy cerca de los 12.000 millones de euros.
Los últimos años han sido de cambios en el sistema de pensiones debido a una realidad: la proximidad de las jubilaciones de la generación del 'baby boom' y la necesidad de aportar al sistema una mayor contributividad y sostenibilidad que le protejan frente a los años de acusado esfuerzo que le restan y que se suman al impacto de la revalorización de las pensiones con el IPC (Índice de Precios al Consumo).
La reforma de pensiones que se aprueba hoy por real decreto-ley en el Congreso sirve para cumplir con Bruselas y asegurar la llegada de más fondos Next-Gen. Pero no para paliar los números rojos de la Seguridad Social. Más bien al contrario. Así lo estiman al menos los economistas de Fedea, que prevén un aumento del agujero financiero del sistema hasta rondar los 67.000 millones en 2050, cuando la Seguridad Social arrojaría un déficit cercano al 5% del PIB. Un agujero mucho mayor que el 1,3% que las pérdidas de dicho organismo suponían para la economía en 2019. Un incremento que no cabe tildar de alarmista, ya que se argumenta en la propia reforma de las pensiones cuyas medidas, que también generan dudas en el Banco de España y la AIReF, propiciarán un alza de los ingresos del 1,65%. Un porcentaje que palidece frente al aumento del gasto que Fedea sitúa en el 4,5%. Este incremento de los desembolsos se debe en parte a aspectos demográficos, como el retiro de la generación del baby boom. Pero también a iniciativas muy costosas como el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas por la revalorización con el IPC medio y la supresión del Factor de Sostenibilidad. Ante ello, las subidas de cotizaciones a los asalariados (Mecanismo de Equidad, ampliación de las bases máximas de cotización y cuota de solidaridad) y autónomos (nuevo sistema de cotización) se muestran totalmente insuficientes. En definitiva: el interés electoralista que hay detrás de la reforma del ministro José Luis Escrivá en la que se obvia el recorte del gasto fiándolo todo a los ingresos supone un castigo inútil a los que más cobran y aboca a un mayor desequilibrio en el sistema de pensiones.
El decreto ley que reforma el sistema publico de pensiones se someterá este jueves a votación en el Pleno del Congreso y el Gobierno de coalición cuenta ya con los apoyos suficientes para su convalidación, al margen de lo que finalmente decidan votar el PP y Vox.
A solo un día de que se debata en el Congreso el Real Decreto-ley que modifica el sistema de pensiones español, el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) vuelve a alertar de que la 'reforma Escrivá' deteriora la equidad contributiva y lastra gravemente la sostenibilidad del sistema. El IAE viene a alinearse con los fundados temores expresados también por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acerca de los cambios que se prevén en la normativa. Como vía de escape, prevén más subidas de cotizaciones a través del Mecanismo de Equidad por el desvío del gasto.
Todas las prestaciones contributivas (las que dependen, al menos en parte, de las aportaciones de los trabajadores a través de las cotizaciones) están determinadas por un concepto del que se habla mucha pero no siempre se conoce toda la verdad: la base reguladora. Un factor clave del que depende la cuantía de esas prestaciones, entre las que destaca la pensión de jubilación, que al fin y al cabo es la más numerosa.
La subida de las cotizaciones recogida en la reforma de pensiones a través del destope de las bases máximas y la cuota de solidaridad se repartirá de manera desequilibrada entre los sectores. Así, industria, sanidad y finanzas serán las ramas de actividad más perjudicadas. En concreto, estos campos concentrarán el 43% del impacto de las medidas pese a que su peso en la afiliación es de solo el 25%. Esta brecha evidencia que estos sectores son precisamente donde existe un mayor número de trabajadores con salarios que superan los 54.000 euros. Se demuestra por ello que la reforma de pensiones no solo lastra la competitividad de las empresas a la hora de atraer talento. También supone un fuerte castigo para los sectores generadores de empleo de calidad.
El presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha aprovechado su discurso en la ceremonia de la IX edición de los Premios Cepyme, para pedir un mayor reconocimiento para hacia los empresarios por su papel en el crecimiento del país. Cuerva ha hecho una oda a la "libertad de los empresarios" en nuestro país. Una libertad que los empresarios no se cuestionan, "porque la damos por hecha", ha dicho Cuerva.
La Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 11.945,6 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 10,8% más que en igual mes de 2022, tras su revalorización en un 8,5% para este año, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que, "de entrada", el Grupo Popular va a votar en contra del decreto de reforma del sistema de pensiones que se somete a convalidación este jueves en el Pleno del Congreso, un "parche" que, a su juicio, recoge una subida de impuestos "encubierta". Además, se ha quejado de que hasta el momento no se haya proporcionado información a su formación política.
Aunque una de las características fundamentales de las pensiones de incapacidad permanente es la existencia de una dolencia, lesión o enfermedad que incapacita al trabajador y afecta a su vida laboral y cotidiana, lo cierto es que el cobro de estas prestaciones está supeditado al cumplimientos de requisitos complementarios como, por ejemplo, un periodo de cotización.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado "amnésico" al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, porque hace tres años cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) defendía en materia de pensiones lo mismo que dice ahora el Partido Popular, el Banco de España y la propia AIReF. Además, ha recalcado que el propio Ejecutivo "en el fondo lo reconoce" al aplazar este debate al 2025.
Tras una larga vida laboral un deseo común de los trabajadores que no siempre puede cumplirse es el de adelantar la jubilación para disfrutar de forma definitiva de su condición de pensionista. El sistema de pensiones español lo facilita a diversas edades en función de la situación del trabajador, pero una de las más favorables a los 63 años.
La segunda fase de la reforma de pensiones de Escrivá ha contado con el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios pero no de la patronal. ¡Más que lógico! Serán las empresas las que tendrán que soportar el coste de esta reforma que no incluye ninguna medida para contener el gasto pero que espera incrementar la recaudación en 15.000 millones de euros al año cuando esté en pleno funcionamiento.
Una vez superado el riesgo de recesión, los expertos se muestran moderadamente optimistas sobre la evolución de la economía española en 2023, debido principalmente al buen comportamiento de las exportaciones y a que el consumo de las familias parece que seguirá aguantando en los próximos seis meses. Así lo recoge el Consenso Económico y Empresarial del primer trimestre de 2023 elaborado por la consultora PwC a partir de la opinión de un panel de 450 expertos, empresarios y directivos.
El Tribunal Supremo avala en una sentencia que los jubilados de banca cuya vida laboral empezó antes de 1979 puedan solicitar la devolución de parte de su pensión, que tributó al 100 % en el IRPF cuando debería haberse beneficiado de una deducción.
Una de las principales preocupaciones del trabajador a lo largo de su vida laboral es la de la cotización que va acumulando con el paso de los años. Y no es para menos, ya que de ella dependerá la cuantía de su futura pensión de jubilación.
La gran mayoría de las personas piensa que la concesión de una pensión de incapacidad permanente es complicada debido a las peculiares características del proceso por el que la Seguridad Social concede (o deniega) esta pensión contributiva, la tercera más abonada de este tipo tras las de jubilación y viudedad.
La pasada semana, la del polémico cierre de la conocida como "segunda fase" de la reforma de las pensiones, ha sido muy rica en declaraciones públicas que, sumadas a todas las que venimos estando acostumbrados, ilustran perfectamente lo descacharrante de la situación.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoció ayer, ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, el escaso alcance de su propia reforma de pensiones, acordada con la UE hace escasos días. Escrivá prevé una mejora de ingresos del orden del 1,1% del PIB a mitad de este siglo, apenas una cuarta parte del mayor gasto previsto para el sistema, según el contenido del Ageing Report de la Comisión Europea, situado en el equivalente al 4,5% del PIB. Ese será el bajo rendimiento de medidas como la ampliación de la base máxima de cotización más la creación de dos extracotizaciones "sin derecho a prestación", es decir, dos impuestos como son el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y cuota de solidaridad.
Los sindicatos confirman junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, su apoyo a la última parte de la reforma de pensiones. El acuerdo recoge un aumento de las pensiones mínimas y no contributivas con el IPC más "uno o dos puntos", explican fuentes negociadoras. Sobre la mesa, el Ministerio ha acordado con los sindicatos una mayor presión sobre los trabajadores y empresarios mediante una mayor carga en cotizaciones a través del destope de cuotas, y con la creación de dos nuevos impuestos que no generarán prestación: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que llegará al 1,2% en 2029, y el recargo de solidaridad del 6% sobre todo el salario que exceda la base máxima.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la última parte de la reforma de pensiones ideada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Como detalle de última hora, el Gobierno ha aceptado una modificación en la cuota de solidaridad que introduce una cotización extra sobre todo el salario que excede la base máxima prevista por el Gobierno para cada año. Dejando atrás el 6% como cuota única para todos los salarios que superen dicho tope, la propuesta de PDeCAT aplica una cuota de hasta el 7% para los salarios que excedan un 50% la base máxima prevista en 2045, tras el periodo transitorio. En términos actuales, la sobrecotización del 7% se aplicaría sobre sueldos superiores a 90.000 euros.
La jubilación de los trabajadores tiene lugar única y exclusivamente cuando han acreditado una edad que les permite dar ese paso y una cotización suficiente establecida por la ley. Esta cotización se exige debido a que la pensión de jubilación es contributiva y, por lo tanto, depende de las contribuciones de los ciudadanos en activo.
Cuando una persona se jubila y se convierte en pensionista aparta definitivamente su condición de trabajador pero no sucede lo mismo con la de contribuyente. Así, sus obligaciones en materia de impuestos siguen siendo las mismas y por lo tanto deben hacer frente al pago del correspondiente Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El Gobierno galo se enfrentaba esta tarde a dos mociones de censura contra su actual dirección, que finalmente no salieron adelante por apenas 9 votos, pero que dejan muy tocado al presidente y a la primera ministra de Francia. A pesar de que la Asamblea Nacional no logró aprobar ninguno de los procesos, las mociones motivas por LIOT y la extrema derecha de Marine Le Pen por la reforma del sistema de pensiones (que retrasa de los 62 a los 64 años la edad de jubilación), el desgaste es evidente en Emmanuel Macron y Elisabeth Borne.
Sorprende que las medidas tomadas en esta legislatura para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo den como resultado un aumento en el gasto por pensiones. En las dos fases de esta reforma, se han aprobado: la vinculación del crecimiento de las pensiones al IPC, la eliminación del factor de sostenibilidad, la mejora que supone el nuevo cálculo de las pensiones para los empleados con carreras irregulares y la subida de las pensiones mínimas.
La reforma de pensiones recién aprobada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, incluye el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización del 0,6% del salario que se duplicará hasta el 1,2% esta década y llegará hasta 2050. Esta cuota se aplicará a todos los salarios y está destinada a nutrir la hucha de las pensiones con una previsión recaudatoria de 130.000 millones a mitad de siglo para afrontar el elevado gasto provocado por el retiro masivo de la generación del baby boom.
Un despido es siempre una etapa traumática debido al abrupto final de una relación laboral que además tiene lugar sin la intención del trabajador. Y se trata de una situación todavía más difícil si ese despido se produce cuando el empleado está cerca de la edad de jubilación.
