Aunque el deseo de una parte mayoritaria de los trabajadores es adelantar lo máximo posible la jubilación siempre que se haga en unas condiciones favorables, algunas personas ven en la opción contraria, la de alargar el trabajo más allá de la edad de jubilación ordinaria, una alternativa atractiva.
La pensión contributiva de jubilación es la fuente principal de ingresos de más de seis millones de personas y es la prestación a la que aspiran muchos trabajadores cercanos a la edad ordinaria de jubilación. Todas estas personas, por lo tanto, están interesadas en saber cómo se calcula la cuantía de estas pensiones.
Mientras el Gobierno pugna por alinear la edad real y la edad efectiva de jubilación, los trabajadores siguen teniendo la libertad para elegir adelantos en su jubilación si cumplen con los requisitos que exige el sistema y aceptando recortes en sus pensiones. Una de las opciones que tiene el ciudadano es la de jubilarse de forma anticipada a los 64 años.
El conjunto de la reforma de pensiones está siendo analizado con lupa por un amplio conjunto de expertos. Además de a los propios pensionistas, afecta a la población activa porque las cotizaciones subirán a través de varios mecanismos. A los autónomos se les aplica un nuevo sistema de cotización por ingresos reales que prevé equiparar su aportación a la de los asalariados. El impacto, una vez desplegado por completo el sistema en 2032, será de 9.000 millones más en cotizaciones. Por tanto, la cotización media será de 6.400 euros anuales para cada uno de los 3,1 millones de autónomos actuales que ahora abonan de media 3.500 euros a la Seguridad Social.
Las pensiones de la Seguridad Social son, salvo excepciones, incompatibles entre sí. Esto quiere decir que, al margen de los casos concretos que la ley permite, no se pueden cobrar dos pensiones contributivas a la vez. Pero alguna de esas excepciones puede llegar a ser relativamente frecuente, como en el caso de las pensiones de jubilación y las de viudedad.
El nuevo sistema de cotización por ingresos reales del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) está teniendo una acogida dispar entre el colectivo de trabajadores por cuenta propia. Este cambio legislativo ha generado en algunos de ellos la sensación de ser una nueva obligación. Según datos de Ayuda T Pymes y otros profesionales del sector, apenas la mitad de los autónomos está comunicando su previsión de ingresos netos, el primer paso clave para saber en qué tramos cotizará con el nuevo sistema.
Cerca de 950.000 de las pensiones contributivas que se pagan mes a mes en España son de incapacidad permanente (datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social) con independencia del grado de la misma. Y todas las personas que las cobran han tenido que aguantar la incertidumbre que rodea al proceso de solicitud de estas prestaciones.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este viernes que hay espacio para "trabajar más en jubilación activa y parcial", después de que el Gobierno haya decidido poner el foco en los últimos años en los incentivos a la jubilación demorada.
La cuantía de la pensión de jubilación es, junto a la posibilidad de adelantar dicha jubilación, la preocupación más importante del trabajador de cara a su retiro profesional. Y no es para menos: en la mayoría de los casos será su principal fuente de ingresos cuando deje de trabajar y se convierta en pensionista.
Un deseo de los trabajadores que aparece de forma recurrente a lo largo de su vida laboral es, precisamente, el de acortar todo lo posible esa vida laboral y jubilarse de forma anticipada, es decir, antes de la edad ordinaria de jubilación. Una decisión que suele ser voluntaria pero que en ocasiones viene dada por las circunstancias.
Aunque es visto por el grueso de los trabajadores como el requisito fundamental para cobrar una pensión y poder jubilarse, el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación no es la única condición que exige la Seguridad Social para poder cobrar una pensión contributiva, de entre los cuales por encima de todo la acreditación de un periodo concreto de cotización.
Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras más abonadas dentro del ramillete de pensiones contributivas que paga la Seguridad Social. Cerca de 950.000 prestaciones de este tipo se abonan mensualmente por parte del organismo (datos del Ministerio de Trabajo), que tiene unos criterios muy exigentes para su concesión.
Ser joven es mal negocio en la España de hoy. Con altos niveles de desempleo –la peor situación de la UE, al lado de Grecia— y salarios estancados que solo dan para ir tirando se pueden hacer muy pocos planes. Parches para entretenerse en forma de bonos culturales y muchas promesas y palabras que se quedan en nada.
La reforma de pensiones introduce una serie de medidas para tratar de garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social. Uno de los grandes pilares so
Las diferentes modalidades de jubilación anticipada exigen al pensionista una serie de requisitos de obligado cumplimientos para que ese adelanto en la jubilación se pueda realizar. A menudo, estas condiciones tienen que ver con la cotización previa del trabajador, pero no siempre.
La visita al tribunal médico es el paso más delicado de todos los que forman parte del proceso de solicitud de pensión de incapacidad permanente. El halo de autoridad que se ha creado en torno a la figura del Equipo de Valoraciones de Incapacidad (EVI) hace que las personas que piden la pensión tengan miedo a este trámite, pero deben permanecer tranquilas.
La cotización es un elemento importante para la jubilación del trabajador porque determina tanto el acceso a la propia jubilación como la cuantía de la pensión que cobrará el pensionista. Pero si es especialmente importante es en los últimos años, los previos a esa jubilación
Las pensiones de jubilación son consideradas rentas del trabajo, de igual forma que otros ingresos más evidentes como los sueldos. Esto se debe a que Hacienda interpreta que esas pensiones son consecuencia del trabajo del contribuyente a lo largo de su vida.
En el proceso de solicitud de una pensión de incapacidad permanente hay una sola variable que es casi tan importante como la concesión o denegación de la pensión: el grado en el que se concede, en caso afirmativo, la propia pensión que recibirá el trabajador.
La jubilación anticipada es, a menudo, una opción muy atractiva y buscada por el trabajador que desea adelantar su retiro profesional y disfrutar de su condición de pensionista. Sin embargo, en ocasiones es una circunstancia que sobreviene al empleado por razones ajenas a su voluntad.
Unas 950.000 personas perciben en España cada mes una pensión de incapacidad permanente. Son las terceras más abonadas (tras las de jubilación y las de viudedad) del abanico de pensiones contributivas y son las que presentan mayores particularidades, dada la naturaleza y origen de la propia pensión.
Las pensiones de incapacidad permanente tienen una serie de particularidades que las hacen reconocibles por el proceso de reconocimiento que establece la Seguridad Social: su evaluación del paciente por el tribunal médico, un mayor plazo para conceder o denegar la pensión...
España se enfrenta a un reto durante las próximas décadas. De momento, la auditora pública ya alerta en su última opinión de sostenibilidad de las cuentas públicas de un incremento importante de la deuda pública en relación al Producto Interior Bruto (PIB) durante las próximas cinco décadas: llegará al 186% sin cambios estructurales en la política fiscal. El peso demográfico de la generación del baby boom provocará un alza del pasivo de 53 puntos. El coste de los intereses de esta deuda subirán hasta el 5,1%, más que duplicando lo que se paga en la actualidad (2,2%) con un menor nivel de deuda (115% del PIB).
El Gobierno español tiene que basar su reforma de pensiones un desempeño económico que avale el gasto y los ingresos, es decir, el balance del sistema. Es el punto y final de la reforma, un informe en el que apoyen las medidas relativas al sistema de prestaciones públicas sobre los indicadores de empleo, productividad, saldo migratorio o, en definitiva, el PIB. En el indicador general del PIB, las previsiones de la auditora pública, la AIReF, rebaja en medio punto el optimismo previsto por el Ministerio.
La jubilación anticipada puede ser una opción muy a tener en cuenta por los trabajadores, pero no sirve con el deseo del empleado, ya que debe cumplir una serie de requisitos para acogerse a cualquiera de sus modalidades. De lo contrario, tendrá que 'conformarse' con la jubilación ordinaria.
Los sistemas de previsión social a la jubilación en los países desarrollados son un componente fundamental del estado de bienestar y suelen sustentarse en 3 pilares, el sistema público, el sistema empresarial y el sistema individual.
Aunque no es objeto de la reciente última fase de la reforma de las pensiones, un ejemplo del sinsentido de las medidas que se están adoptando es, sin lugar a dudas, el del establecimiento de la revalorización automática sin más de las pensiones con el IPC. Aun sin números ni datos, pensar así parece de sentido común.
La presión demográfica sobre las pensiones comienza a notarse, pero irá a más en el futuro. De hecho, si actualmente unos 2,4 trabajadores cotizan por cada pensionista, en 2050 esa proporción se reducirá a sólo 1,7. Todo un desafío generado por la jubilación de la generación del baby boom que tensionará aún más las cuentas de la Seguridad Social. A ello contribuye también medidas como ligar las pensiones al IPC, que ya provoca que en la actualidad las prestaciones de los nuevos jubilados lleguen a 22.722 euros anuales. Una cifra que ya es un 19% más elevada que el salario más frecuente en España. No obstante, buena parte de los problemas de las pensiones se irán paliando a partir de 2035. Ello se deberá al fin de la jubilación de los baby boom, lo que reducirá el número de pensionistas, y a la mejora de los salarios, que será superior a la propia de las pensiones. Así lo estima la AIReF, que prevé que los trabajadores cobren más en el futuro ante la modernización de una economía que requerirá de empleo más cualificado y, por tanto, mejor pagado. Pese a ello, la propia AIReF también estima que el déficit anual de las pensiones será de 1,3 puntos hasta 2050, tras la reforma. Una normativa que obvia cualquier recorte del gasto y fía el equilibrio del sistema a la obtención de más ingresos a través de medidas que castigan especialmente a los sueldos más altos. Así, aquellos que cobran más de 80.000 euros recibirán un gravamen del 63%, lo que expulsa a los trabajadores más cualificados y reduce la competitividad de las empresas para atraer talento. Pero es que además este mayor esfuerzo tampoco servirá para solucionar el déficit de la Seguridad Social. En definitiva, una reforma que es claramente insuficiente para resolver el problema de las pensiones futuras.
El mantenimiento del sistema de pensiones se enfrenta a un reto durante las próximas décadas, con la jubilación del baby boom y la revalorización de las pensiones con el IPC. La salida los trabajadores del baby boom provocará un desajuste progresivo entre el número de cotizantes que sostienen y los pensionistas. En la actualidad, las prestaciones de los nuevos jubilados que provienen del régimen general (los asalariados) llegan a 22.722 euros anuales y ya son un 19% más elevadas que el salario más frecuente en España, que Estadística cuantifica en 18.480 euros al año. Una comparativa que revela el problema al que se enfrenta el sistema durante las próximas décadas: más pensionistas provocarán más gasto a asumir por menos trabajadores y salarios reales más bajos tras la reforma.
La pensión pública española destaca en las economías desarrolladas por ser una de las más generosas, al cubrir algo más del 70% del último salario. Es lo que se denomina la tasa de reemplazo o de sustitución. Ante una cultura financiera y de ahorro en pensiones menos desarrollada, solo un 28,4% de las empresas realiza aportaciones para que sus trabajadores generen ingresos para cubrir las más de dos décadas que, de media, disfrutan los españoles tras su carrera laboral. Las aportaciones medias del 3,8% del salario se traducen un ahorro complementario para la jubilación de hasta el 10,6% del último salario, según cálculos facilitados por KPMG abogados para elEconomista.es.
