Madrid
Los sistemas de previsión social a la jubilación en los países desarrollados son un componente fundamental del estado de bienestar y suelen sustentarse en 3 pilares, el sistema público, el sistema empresarial y el sistema individual.
En España, el sistema público es obligatorio mientras que los sistemas empresarial e individual son voluntarios.
Sin embargo, en los últimos años cada vez son más los países desarrollados que promueven un segundo pilar (empresarial) obligatorio o pseudo obligatorio, financiado entre la empresa y el trabajador que, de acuerdo al informe Pensions at a Glance 2021: OECD and G20 Indicators, tienen actualmente un rol significativo en un tercio de los países de la OCDE.
Mientras que cada vez son más los países que promueven políticas para buscar un mayor equilibrio entre los 3 pilares, y que no se concentren los ingresos en la etapa de jubilación en un único sistema, en España actualmente, para la gran mayoría de la población, prácticamente la totalidad de los ingresos en la jubilación proviene de la pensión pública de la Seguridad Social,
El desarrollo del segundo pilar en España ha sido muy escaso desde finales de los 90, quedando estancados los activos vinculados a los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) en el entorno del 3% del PIB.
Esto ha situado a España muy por debajo del promedio de los países con planes de empleo no obligatorios, tanto en volumen, como en número de empleados adheridos a un PPE.
Únicamente uno de cada diez trabajadores está adherido un plan de pensiones de empleo actualmente.
El Pacto de Toledo en 2020, en su recomendación 16ª, puso el foco en la necesidad de dotar de estabilidad al actual modelo de previsión social complementaria, impulsando la negociación colectiva con el objetivo de fomentar la implantación efectiva de los PPE.
El Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia, en la reforma 5ª planteada en el componente 30 del mismo, recoge también el compromiso de una revisión e impulso de los sistemas complementarios de pensiones.
La tendencia en los países comparables de nuestro entorno es por tanto la de ir a esta nivelación de los pilares de financiación y en este contexto nació el pasado verano la Ley 12/2022 de impulso de los Planes de Pensiones de Empleo cuyo objetivo es potenciar la previsión social complementaria empresarial, desarrollando los planes de pensiones de empleo, con un fuerte anclaje en la negociación colectiva sectorial, y de esta forma hacer accesibles estos planes a todos los trabajadores, como herramienta básica de ahorro y planificación de la jubilación, a través de la empresa y de forma complementaria a la prestación de la Seguridad Social.
En términos generales, hasta ahora, los Planes de Pensiones de Empleo solo eran accesibles para aquellas compañías que tenían mayor capacidad de recursos y conocimiento sobre el funcionamiento de los mismos, es decir, las grandes empresas; y habían quedado históricamente arrinconados para empresas (y por tanto para sus empleados) con menos recursos, o menos posibilidades de gestionar su complejidad, lo que limitó mucho su desarrollo.
La nueva ley, ya en vigor, aunque pendiente del desarrollo reglamentario, pone el foco en:
1. Aumentar la población cubierta por los planes de empleo.
2. Introducir una mayor transparencia y simplicidad en estos planes.
3. Reducir los costes asociados a estos planes.
4. Trasladar un beneficio fiscal, a los partícipes y empresas, que fomente su implantación.
Estas medidas, (el tiempo dirá si son suficientes), deberían provocar un impulso importante a la creación de nuevos Planes de Pensiones de Empleo a través de la negociación colectiva y hacerlos accesibles, tanto por coste como por simplicidad, a la gran masa de PyMes que forman el tejido empresarial español, llevando a cabo una "democratización" de los mismos y repercutiendo directamente en el beneficio de sus empleados.
La nueva ley, abre por tanto una nueva vía para la modernización de las alternativas de financiación del periodo de jubilación, a través del segundo pilar, en consonancia a las tendencias del resto de países de la OCDE. Da además soporte al primer pilar (el público), complementándolo, y abre una oportunidad a empresas y trabajadores para una mejor previsión (planificación) de la jubilación a través de la simplificación, la trasparencia, y la mejora de la comunicación que pueden convertir en realidad esta democratización para el conjunto de la población.
