Pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado esta mañana que el Ejecutivo abordará este año la ampliación de las bases máximas de cotización. Junto con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el ministro ha explicado que activará la ampliación de las bases máximas de cotización y, por consecuencia, una ampliación de las pensiones máximas. Esta medida se recoge en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas y así lo ha confirmado en la jornada inaugural del V Encuentro de Economía Sénior. Según explican fuentes de la Seguridad Social, sería una modificación pequeña "y en un amplio periodo de tiempo".

La pensión de jubilación, al contrario de lo que mucha gente cree, está considerada como rendimiento del trabajo, por lo que no está exenta de Impuesto sobre la Renta. Por tanto, si se superan los límites anuales, es obligatorio presentar declaración.

El director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez, ofrece su postura sobre las pensiones en España. Entre la multitud de problemas del sistema, explica que el único punto positivo es que el Gobierno reconoce un problema de sostenibilidad a medio plazo introduciendo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional; no obstante, esto es sólo parte de la solución. Mirando a corto plazo, apostaría por una solución intermedia para la revalorización de las pensiones.

El Plan de Estabilidad que el Gobierno ha remitido a Bruselas abre la puerta a "adecuar" el periodo de cálculo de las pensiones. Y con ello vuelve a poner en el foco el postergado debate sobre su ampliación de 25 a 35 años. Una medida que supondría un recorte del 8,8% de las futuras pensiones iniciales y generaría un ahorro del gasto en prestaciones de hasta un 1,2% del PIB.

El Gobierno tiene una serie de hitos pactados con la Comisión Europea que tiene que cumplir para recibir la financiación europea. En el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas, Moncloa adelanta que en la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones se "adecuará" el periodo de cálculo de las pensiones. En todo caso, la modificación, según explica Seguridad Social, se deberá consensuar con los agentes sociales, que confirman que las negociaciones en materia de pensiones están paradas. El efecto de una nueva ampliación tras la de la reforma de 2011 recortaría las pensiones iniciales un 8,8% si se observan las bases de cotización de los 35 años previos.

La jubilación anticipada puede ser una herramienta valiosa para aquellos trabajadores que, cansados de toda una vida de trabajo, deseen poner fin a su carrera laboral y disfrutar de un merecido descanso. Esto puede ser aún más útil en los años inmediatamente anteriores a la edad ordinaria de jubilación.

Quizás sea un globo sonda, forma más que habitual para testar políticas polémicas a aplicar, pero es más que preocupante que el PP, sin gobernar, empiece a anunciar medidas de carácter populistas en materia de pensiones. El mejor ejemplo es el anuncio recientemente realizado dentro de las propuestas económicas de Feijóo de desindexar del IPC las pensiones más altas. Tendría que recordar que las pensiones no son un impuesto con una función redistributiva y, sin embargo, parece políticamente rentable sustituir el principio de contributividad por el de Robin Hood. En la última subida el Gobierno ya lo hizo, subió el 3% a las pensiones más bajas y el 2,5% al resto. Rajoy, tenía previsto, antes de la moción de censura, subir sólo las pensiones más bajas.

Cuando a una persona se le concede el cobro de una pensión de incapacidad permanente, este pensionista está obligado a respetar las posibles decisiones que sobre esa pensión adopte la Seguridad Social, como por ejemplo revisar dicha pensión en base a la salud del propio beneficiario.

Uno de los mantras más repetidos por los trabajadores es que deben acumular cotizaciones para poder asegurarse en el futuro una pensión de jubilación que cumpla con sus necesidades una vez se retiren de la vida laboral, pero más allá de este lugar común hay que saber que realmente los años cotizados, y especialmente los previos a la jubilación, son realmente claves de cara a la jubilación.

La jubilación anticipada se consolida como una alternativa para los trabajadores que desean retirarse del mercado laboral de forma definitiva, aunque para poder acogerse a alguna de las modalidades que se recogen en el sistema de pensiones de la Seguridad Social hay que cumplir una serie de condiciones que van cambiando de año a año.

Uno de los problemas que puede enfrentar el trabajador a lo largo de su vida laboral de cara a la obtención de su futura pensión de jubilación es la acumulación de periodos sin cotizar por motivos de desempleo, especialmente en los casos de larga duración. En esta situaciones cabe la posibilidad de que la Seguridad Social compense estas ausencias de cotización en el momento del cálculo de la pensión.

Los años previos a la edad ordinaria de jubilación pueden ser trascendentales en la vida de estas personas. Por un lado, pueden acumular las últimas cotizaciones antes del retiro profesional o, por otro lado, adelantar esta jubilación y pasar a cobrar la pensión a la que tienen derecho. Una edad clave es la de los 64 años.

El cobro de una pensión de jubilación contributiva no está exento del cumplimiento de una serie de condiciones y requisitos entre los que destaca, por encima de todos, el de la cotización previa: se necesitan un mínimo de 15 años cotizados para poder cobrar esta prestación que en la actualidad reciben más de 6,2 millones de personas en España.

La base de cotización máxima han crecido prácticamente un 30% desde 2010. Tras estar congeladas desde 2019 a 2021, el Ministerio de Seguridad Social publicó en marzo el nuevo tope de cotización al alza: 4.139,40 euros mensuales para los trabajadores del régimen general, lo que supone un crecimiento del 29,4% desde los casi 3.200 euros mensuales que topaban las bases máximas hace algo más de una década.

El Gobierno valorará este año con la mesa de diálogo social la adaptación del periodo de cómputo de las pensiones de las nuevas carreras profesionales a partir del próximo año "con el objetivo de reforzar la contributividad del sistema de pensiones y hacerlo más equitativo". Es una de las medidas que recoge el Plan de Estabilidad 2022-2025 que remite hoy Moncloa a Bruselas, donde se recoge el cuadro macroeconómico para los próximos cuatro años.

Al igual que el resto de trabajadores, los autónomos tienen derecho a cobrar una pensión de jubilación si acreditan una serie de requisitos entre los cuales el más determinante es la cotización previa. Sin embargo, no solo es importabte la cotización para estos trabajadores por cuenta propia: en su caso concerto es clave la base de cotización que han tenido a lo largo de su carrera.

Nuestro sistema de pensiones es un modelo cambiante que va modificando sus requisitos y condiciones a los pensionistas debido a que aún se está implantando una reforma, la de 2011, de manera progresiva y se acaba de aprobar una nueva reforma (la planificada por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) hace tan solo unos meses. Esto hace que los pensionistas tengan que estudiar con detalle los términos bajo los cuales podrán jubilarse en función de la edad que tengan. Uno de los casos posibles es a los 63 años.

China es ya una verdadera bomba de relojería demográfica. La población del país ha crecido en la última década a su menor ritmo desde que hay registros y eso ha hecho saltar las alarmas. La nación con más población del mundo tiene un serio problema de natalidad y una amenaza de envejecimiento de la población. La población en edad de trabajar va en caída libre mientras los mayores de 60 años se disparan un 20%. Según los cálculos más recientes de la OMS en 20 años el 28% de la población del país tendrá más de 60 años (actualmente solo el 10% está en esta franja de edad).

El Banco de España (BdE) ha publicado el informe de Estabilidad Financiera con una seria advertencia a la primera parte de la reforma de pensiones llevada a cabo por José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. En concreto, el banco central explica que se espera una tendencia al alza y en ningún caso de reducción del gasto público con las pensiones públicas en el centro de la diana.

En el seno de la sociedad española existe una gran preocupación ante el reto de la Seguridad Social de mantener las pensiones y su cuantía en el largo plazo. Llegado el momento, la generación del 'baby boom' (nacidos entre 1957 y 1977) coincidirá en edad de jubilación y las pensiones no podrán mantener la media actual de retribuciones. Este problema a medio plazo y el contexto socioeconómico actual, ha provocado una sensación de desprotección sobre la figura del futuro pensionista. Es por ello que el porcentaje de españoles que busca alternativas a la pensión pública es cada vez mayor.

La jubilación en España supone una serie de beneficios frente al entorno: los españoles reciben una pensión un 72% de su salario, mientras que en el conjunto de las economías desarrolladas de la OCDE la media se coloca en apenas el 49%. Esta conocida tasa de reemplazo o sustitución mide la pérdida (o mantenimiento) del poder adquisitivo en comparación con los ingresos percibidos durante la vida laboral. La propia presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo y secretaria de Seguridad Social del PSOE, Magdalena Valerio, señala esta proporción como una señal evidente del cambio estructural de la demografía en relación al gasto en pensiones.

La pensión de jubilación en España llegó en 2021 a suponer el 72% del salario medio antes del retiro. Esta tasa de sustitución supera ampliamente a la media de las economías desarrolladas de la OCDE, que queda en el 49%, y a la de los estados de la Unión Europa, situada en el 52%.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha abogado por incorporar a los pensionistas al denominado pacto de rentas, de manera que solo las pensiones mínimas se revaloricen conforme a la inflación en un contexto en el que los precios se han disparado a consecuencia de la guerra en Ucrania.

Las pensiones de jubilación son las más numerosas dentro del abanico de pensiones contributivas que abona mes a mes a la Seguridad Social. Las prestaciones por este concepto pagadas en el mes de marzo fueron 6,23 millones de los 9,29 totales, aunque existen diferencias entre ellas, como por ejemplo en la cuantía de dichas pensiones.

No hay ninguna duda que se repita más en la mente de los trabajadores a lo largo de su vida laboral. ¿Cuándo podré jubilarme? ¿Cuál será mi pensión de jubilación? Son las dos cuestiones más importantes de las personas que ya ven cercano el momento de jubilarte definitivamente, pero a menudo no se conoce la respuesta exacta a esas dudas.

La revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), como establece la última ley aprobada por Escrivá a final de año, podría suponer un coste de 12.300 millones de euros en 2023, con unas estimaciones de inflación del 7%, según los datos del Observatorio de Pensiones de WTW, publicados este martes. Es decir, cada punto de inflación extra suma unos 1.750 millones extra al gasto en pensiones.

Al contrario que con otras pensiones contributivas como las de jubilación o las de viudedad, la obtención de una pensión de incapacidad permanente no se consigue simplemente con la acreditación de una serie determinada de requisitos. En el proceso para concederla o denegarla entran en juego otros aspectos, ya que el objetivo es conocer la influencia de la enfermedad o dolencia del trabajador tanto en su vida laboral como en su vida cotidiana y actuar en consecuencia.

Los trabajadores que desean anticipar su jubilación podrán hacerlo siempre que cumplan los requisitos de cada tipo de jubilación anticipada. Una buena noticia, si se pretende finalizar la vida laboral y empezar un merecido descanso, pero que tiene una contrapartida: la aplicación de recortes sobre la pensión de jubilación.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reiteró este jueves a las asociaciones de autónomos que acerquen posiciones sobre sus propuestas para el nuevo sistema de cotización, ya que "están en situaciones muy divergentes todavía" y el Ministerio busca que este acuerdo "tenga el máximo consenso posible".

La solicitud de una pensión de incapacidad permanente (que cobran aproximadamente 950.000 personas en nuestro país) es un proceso que en muchas ocasiones tiene como origen la iniciativa del trabajador. Sin embargo, existen situaciones en las que la petición no parte del posible beneficiario