El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado esta mañana que el Ejecutivo abordará este año la ampliación de las bases máximas de cotización. Junto con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el ministro ha explicado que activará la ampliación de las bases máximas de cotización y, por consecuencia, una ampliación de las pensiones máximas. Esta medida se recoge en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas y así lo ha confirmado en la jornada inaugural del V Encuentro de Economía Sénior. Según explican fuentes de la Seguridad Social, sería una modificación pequeña "y en un amplio periodo de tiempo".
Desde 2010, las bases máximas de cotización se han elevado de forma silenciosa prácticamente un 30%, hasta alcanzar los 4.139 euros en una senda de crecimiento que ha sido precitamente constante. La segunda parte de la reforma del sistema de pensiones recoge "la adecuación de la base máxima del sistema a través de un incremento gradual de su cuantía acompasada de una adaptación posterior de la pensión máxima" en vistas a preservar la contributividad del sistema y, según el ministro, a reforzar el sistema ante el retiro de los baby boom.
Tal y como recoge el documento que ha recibido Bruselas, el Gobierno también adecuará el periodo de cómputo para el cálculo de la pensiones "de las nuevas carreras profesionales". Sobre esta medida, fuentes de la Seguridad Social explican a eE que pretende reforzar y cubrir las lagunas de aquellos empleados que se quedan sin empleo durante una temporada. A su vez, una posible ampliación implicaría un recorte medio de la pensión inicial del 8,8%, según el Grupo de Protección Social y Pensiones.
Prepara incentivos
Con motivo de adaptarse a carreras profesiones "más extensas y variadas introducirán en la reforma "aspectos como los nuevos incentivos a la jubilación demorada o la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa", ha explicado, especialmente centrando el debate en fomentar la jubilación activa y parcial. Como ejemplo, el ministro ha recordado que desde el 1 de enero, cualquier persona que demore su jubilación un año recibe una compensación que puede llegar hasta 12.000 euros por año demorado, que puede darse por pago de una vez. "Los incentivos son fundamentales en la vida", ha remarcado el ministro, tras asegurar que ahora se debe trabajar en la dirección de la jubilación activa y jubilación parcial.
Antes de eso, Seguridad Social tiene en juego la reforma del sistema de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos, la reforma Régimen de Trabajadores Autónomos (Reta). Junto a esta medida, encallada durante gran parte del año hasta que ATA se abrió a hacer una propuesta, en el primer semestre debe rubricarse el nuevo superfondo público de pensiones, con los planes de empleo que están siendo tramitados en el Congreso. En este sentido, fuentes del Pacto de Toledo explican a elEconomista que los tiempos son muy justos y el Ejecutivo no va muy bien de plazos. Según Escrivá, "debería estar en funcionamiento en la segunda parte del año".
Sostenibilidad "garantizada"
Escrivá, ha reiterado esta mañana que la sostenibilidad del sistema de pensiones "está garantizada" ante el abismo del retiro de una generación, los baby boom, que vio nacer a 14 millones de personas y que a partir de 2023. El ministro mantiene su discurso pese a las advertencias de entidades internacionales del nivel del Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE o el Banco de Esapaña, que advierten del riesgo de las cuentas en materia de pensiones.
Uno de los puntos sobre los que se apoya Escrivá para mejorar la sostenibilidad del sistema es la participación laboral de los mayores de 55 años, en línea con las medidas adoptadas en la reforma de pensiones. "El aumento de la esperanza de vida y de la calidad de vida hace que las carreras profesionales puedan ser más extensas y variadas, y esto se refleja en la reforma en aspectos como los nuevos incentivos a la jubilación demorada o la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa", explica. No obstante, España tiene trecho aún por recorrer y se posiciona como uno de los países más restrictos para compaginar el trabajo con la jubilación.
Con respecto a la edad de jubilación, el ministro asegura que en España "no es un asunto que genere confrontación; al contrario, está solucionado por consenso", y ha recordado que con el acuerdo de los agentes sociales y del Pacto de Toledo, cuando se aprobó una subida gradual, que finalizará en 2027, se exigirán 67 años para el retiro ordinario.
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