El Plan de Estabilidad que el Gobierno ha remitido a Bruselas abre la puerta a "adecuar" el periodo de cálculo de las pensiones. Y con ello vuelve a poner en el foco el postergado debate sobre su ampliación de 25 a 35 años. Una medida que supondría un recorte del 8,8% de las futuras pensiones iniciales y generaría un ahorro del gasto en prestaciones de hasta un 1,2% del PIB.
El Gobierno, que elude admitir explícitamente que baraje esta posibilidad, habla de adaptar el cómputo a las nuevas realidades laborales, marcadas por carreras menos estables con periodos de inactividad. que generan las conocidas como lagunas de cotización. En este sentido, el cambio se presenta como positivo para desempleados de larga duración, habitualmente trabajadores de mayor edad que sufren más dificultades para incorporarse al mercado laboral en la última etapa de sus carrera profesional. Sin embargo, los expertos advierten de que penalizaría a autónomos, mujeres y pensionistas que retrasen su jubilación. La dificultad de lograr un acuerdo en el diálogo social para una medida, previsiblemente, tan impopular entre la ciudadanía como necesaria para garantizar las pensiones, sigue retrasando el debate público sobre su diseño. Ello, pese a ser un compromiso suscrito con la Comisión Europea para este mismo año, cuyo cumplimiento es necesario para liberar las ayudas europeas.
El Gobierno debe ser transparente en el debate respecto a las medidas para ajustar el desembolso en las prestaciones
Pero tras derogar el factor de sostenibilidad y volver a vincular la revalorización de las pensiones con el IPC, el Gobierno no tiene más alternativa que plantear ahora con transparencia su plan para ajustar el gasto del sistema. Solo así mostrará que su compromiso con los pensionistas mira más allá de la próxima cita electoral.
