Madrid
El Gobierno tiene una serie de hitos pactados con la Comisión Europea que tiene que cumplir para recibir la financiación europea. En el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas, Moncloa adelanta que en la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones se "adecuará" el periodo de cálculo de las pensiones. En todo caso, la modificación, según explica Seguridad Social, se deberá consensuar con los agentes sociales, que confirman que las negociaciones en materia de pensiones están paradas. El efecto de una nueva ampliación tras la de la reforma de 2011 recortaría las pensiones iniciales un 8,8% si se observan las bases de cotización de los 35 años previos.
Este recorte lo dibuja el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia. Si la cartera de José Luis Escrivá, titular de Seguridad Social, optara por ampliar a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación supondría un aumento de la contributividad acompañado de una bajada de la pensión media inicial del 8,8% y, por tanto, "un ahorro en el gasto en pensiones", explican los expertos.
Tal y como se puede observar en el gráfico, la base reguladora promedio que se toma como referencia para el cálculo de la renta de jubilación, de 25 años según la reforma de 2011, está en 1.930 euros mensuales. Con una hipotética ampliación hasta los 35 años, este dato baja un 7,8% y deja la base reguladora promediando 1.780 euros al mes. La ampliación, por tanto, tiene un punto negativo para las futuras pensiones al tener en cuenta años de la carrera laboral con unas condiciones salariales más bajas.
Los datos atribuidos al Ministerio de Seguridad Social que recoge la comparativa del informe prevén una rebaja de la pensión inicial que se mueve entre el 5,45% y el 6,3% en el caso de que la medida estuviera implementada por completo. Los expertos van algo más allá y elevan este recorte hasta el 8,8% en la media de todas las pensiones, con un pico de ahorro máximo de estas rentas vitalicias del 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB) español en 2032 que se mantendría varios años o un ahorro en términos de caja del 0,88% del PIB.
Según explican fuentes de la Seguridad Social, la medida del componente 30 del Plan de Recuperación que entra dentro de la segunda parte de la reforma de las pensiones "valorará adecuar el sistema a las nuevas realidades laborales. Es decir, carreras menos lineales, con altibajos y lagunas", aunque por ahora no hablan de ampliar los años observados para el cálculo de la pensión pública.
Sobre el impacto en la sostenibilidad de la Seguridad Social, desde el Ministerio explican que es "neutral" y que su principal objetivo sería "evitar un perjuicio" mayor en las pensiones de los sénior que pierden el empleo en los años previos a la jubilación.
Según proyecta el análisis de la Universidad de Valencia y Extremadura, esta última puntualización del ministerio cobra un gran valor: los 12 años previos a la jubilación tienen la mayor base reguladora, que promedia 2.097 euros mensuales, y por tanto tiene un peso importante en el cálculo de la pensión pública.
La fórmula de la medida, si llegara, está aún por determinar, e incluso Seguridad Social no descarta tocar otros elementos del sistema para conseguir esa adecuación a las nuevas carreras laborales. En la reforma de 2011 se introdujo un largo periodo de transición para pasar de los 15 a los 25 años. La ampliación del cálculo ha subido de forma progresiva desde 2013 para culminar en 25 años este mismo 2022.
Mayor impacto en autónomos
Si el Gobierno adapta las medidas a los distintos perfiles profesionales y características de sus carreras, las trayectorias laborales y los distintos tipos de trabajadores también sufrirían de forma específica una hipotética ampliación del periodo de cómputo del cálculo de las pensiones. Entre ellos, los autónomos, mujeres y las jubilaciones demoradas obtienen una mayor reducción de sus pensiones iniciales en la comparativa con sus iguales.
Los trabajadores por cuenta propia saldrían peor parados que el régimen general. Los autónomos afrontarían una reducción de su pensión inicial del 10,3% frente a la disminución del 8,6% en el régimen general. En el Reta no se integran las lagunas de cotización (meses cotizados en cero) que penalizan la base reguladora y que es uno de los objetivos a cubrir que se marca la cartera de José Luis Escrivá.
En el caso de las mujeres, con esta medida verían reducida su primera pensión en una cuantía similar a la de los autónomos (10,3%), abriendo una brecha de casi dos puntos y medio frente a los hombres (7,9%) por las características laborales de cada género.
Por edad de jubilación
Los datos que maneja el grupo de expertos muestran que los trabajadores que deciden ampliar su carrera laboral hasta demorar su jubilación hasta superar los 65 años y 8 meses obtendrían una mayor penalización. En concreto, los retiros demorados verían reducida su jubilación en un 11,6%, mientras las anticipadas lo harían en un dato cercano al 8%.
Lo que sí parece evidente es que desde una lectura general, ampliar el cálculo a 35 años iguala las pensiones entre los que tienen una carrera laboral más larga (penalización del 14,9%) y los que cotizan menos años (recorte del 7,5%).
Además de esta adecuación, Moncloa pacta con Europa la remodelación del sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos o la "adecuación" de la base máxima de cotización del sistema que destopará de forma gradual la cuantía acompasada de una adaptación posterior de la pensión máxima que preserve la contributividad.
