La pensión de jubilación en España llegó en 2021 a suponer el 72% del salario medio antes del retiro. Esta tasa de sustitución supera ampliamente a la media de las economías desarrolladas de la OCDE, que queda en el 49%, y a la de los estados de la Unión Europa, situada en el 52%.
La distancia es todavía mayor con Reino Unido (22%) y Alemania (38,8%). De esta forma, nuestro país se convierte en uno de los más "generosos" de su entorno en este concepto, solo superado por Portugal con una tasa del 74%. Sin embargo, la evolución de los últimos años, junto a las previsiones demográficas con la jubilación de la denominada generación del Baby Boom, muestra claramente que este ritmo de gasto no es sostenible ni siquiera a corto plazo. Por un lado, la evolución de los ingresos -pese a que España tiene unas cotizaciones mas altas que la media de la OCDE- no sigue el ritmo de crecimiento de las nóminas, que obligan ya a un desembolso mensual de 10.800 millones de euros. Asimismo, el Gobierno ha derogado el factor de sostenibilidad aprobado en 2013 y no ha implementado una alternativa que ajuste de manera realista la evolución del gasto. Tampoco acierta con la reforma para impulsar el pilar complementario del sistema, los planes privados de pensiones. Por último, y no menos grave, se ha vuelto a ligar la revalorización anual de las nóminas a la inflación, lo que podría sumar más de 13.000 millones al gasto en 2023.
La subida del gasto en las nóminas, que suma 10.800 millones al mes, cuestiona la sostenibilidad de la Seguridad Social
En este contexto, no se puede seguir negando la realidad ofreciendo a los pensionistas, y a los trabajadores que lo serán en años o décadas, unas promesas inviables que acabarán hipotecando su futuro. Solo con una reforma mucho más ambiciosa del sistema se podrán dar por garantizadas las pensiones.
